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Tras
dos
días
de
reflexión
y
debate
en
la
Real
Academia
de
Jurisprudencia
y
Legislación
sobre
el
papel
del
Tribunal
de
Cuentas
en
la
sociedad
moderna,
así
como
sobre
los
retos
a
los
que
se
enfrentan
las
Instituciones
de
control
de
la
actividad
económica-financiera
pública,
ante
las
exigencias
crecientes
de
la
ciudadanía,
el
Presidente
del
Tribunal
de
Cuentas,
Ramón
Álvarez
de
Miranda,
clausuró
en
la
mañana
de
ayer
el
Seminario
“El
Tribunal
de
Cuentas
en
el
Estado
Moderno”.
Entre
otras
conclusiones,
los
expertos
intervinientes
han
señalado
la
mejora
de
la
rendición
de
cuentas
y el
reforzamiento
de
los
mecanismos
legales
para
luchar
contra
el
mal
uso
de
los
fondos
públicos
y
contra
la
corrupción
LDurante
su
intervención,
Álvarez
de
Miranda,
refiriéndose
a
las
recientes
modificaciones
del
régimen
del
Tribunal
y de
sus
actuaciones,
a
través
de
la
Ley
Orgánica
de
control
de
la
actividad
económico-financiera
de
los
Partidos
Políticos,
que
modifica,
entre
otras,
las
Leyes
Orgánicas
del
Tribunal
de
Cuentas
y de
Financiación
de
los
Partidos
Políticos,
destacó
que
“estas
reformas
deben
permitir
afrontar
los
retos
a
que
se
enfrenta
la
Institución,
conforme
a
las
expectativas
de
la
sociedad
moderna,
con
una
apuesta
por
una
gestión
eficaz,
eficiente
y
austera,
gracias
a la
utilización
intensiva
de
las
nuevas
tecnologías
y a
la
profesionalidad
de
nuestro
personal”.
Sin
embargo,
el
Presidente
del
Tribunal
de
Cuentas
señaló
la
importancia
de
continuar
el
proceso
de
reforzamiento
de
las
Instituciones
públicas
de
control.
“Es
indudable
–concluyó-
que
para
completar
la
última
reforma
legal
sobre
la
materia,
que
ha
supuesto
la
subsanación
de
algunas
de
las
carencias
o
insuficiencias
de
la
normativa
anterior,
resulta
imprescindible
una
futura
revisión
de
nuestra
Ley
de
Funcionamiento,
que
deberá
incluir
estas
y
otras
cuestiones”.
En
relación
con
el
deber
de
colaboración
con
el
Tribunal
de
Cuentas
para
el
buen
ejercicio
de
sus
funciones,
fiscalizadora
y
jurisdiccional,
reconoció
que
la
nueva
regulación
supone
un
avance
frente
a la
anterior
al
extender
el
deber
de
colaboración
a
todas
las
personas
físicas
y
jurídicas,
públicas
y
privadas,
y la
posibilidad
de
suscribir
convenios
de
colaboración
con
la
Administración
General
del
Estado
y
otros
organismos
públicos
para
el
suministro
de
dicha
información.
No
obstante,
matizó
que
“el
cumplimiento
de
un
deber
legal,
como
es
el
relativo
a la
colaboración
con
el
Tribunal
de
Cuentas,
no
puede
quedar
supeditado
a la
autonomía
de
la
voluntad
de
los
sujetos
afectados
por
dicho
deber,
por
lo
que
la
celebración
de
tales
convenios
no
debe
servir
de
limitación
para
el
ejercicio
efectivo
de
las
actividades
de
fiscalización
y de
enjuiciamiento
contable”.
En
el
acto
de
clausura
también
intervino
el
Ministro
de
Justicia,
que
efectuó
un
repaso
sobre
el
conjunto
de
modificaciones
normativas
que
se
han
abordado
en
los
últimos
tiempos
para
reforzar
el
papel
del
Tribunal
de
Cuentas.
Citó,
en
concreto,
la
atribución
de
una
función
consultiva
por
la
que
el
Tribunal
informa
sobre
todos
los
anteproyectos
de
ley
y
proyectos
de
reglamentos
que
afecten
a su
régimen
jurídico
o al
ejercicio
de
sus
funciones
fiscalizadora
y
jurisdiccional.
También
mencionó
el
reforzamiento
del
papel
del
Tribunal
en
el
ámbito
del
control
del
sector
público
local.
Finalmente,
realizó
una
síntesis
de
las
principales
cuestiones
abordadas
en
la
reciente
reforma
del
régimen
jurídico
del
Tribunal
de
Cuentas
y
del
control
de
los
partidos
políticos.
Según
el
Ministro
de
Justicia,
el
Gobierno
ha
apoyado
decididamente
la
función
de
las
Instituciones
de
Control
y,
en
especial,
del
Tribunal
de
Cuentas,
incluyendo
la
designación
de
un
Miembro
del
mismo
para
formar
parte
de
la
Comisión
de
Transparencia
y
Buen
Gobierno.
Durante
estas
jornadas,
celebradas
en
la
Real
Academia
de
Jurisprudencia
y
Legislación,
también
intervinieron
diversos
Consejeros, Letrados, el Abogado del Estado Jefe y el Teniente Fiscal del
Tribunal
de
Cuentas,
así
como
otros
expertos
de
la
Academia,
de
las
Cortes
Generales,
de
los
Órganos
de
Control
Externo
de
las
Comunidades
Autónomas,
de
la
Administración
y de
la
Universidad,
que
analizaron
las
principales
cuestiones
que
se
han
puesto
de
manifiesto
para
el
mejor
funcionamiento
del
Tribunal,
así
como
la
necesidad
de
continuar
adoptando
nuevas
medidas
y
reformas
para
que
las
Instituciones
de
control
externo
puedan
responder
a
las
exigencias
sociales.
En
este
sentido,
durante
las
distintas
intervenciones,
se
destacó
la
importancia
de
reforzar
los
mecanismos
legales
para
fomentar
la
rendición
de
cuentas,
mejorar
la
colaboración
con
el
Tribunal,
armonizar
la
contabilidad
y
auditoría
en
el
sector
público
y
luchar
contra
el
mal
uso
de
los
fondos
públicos,
incluso
a
través
de
enmiendas
concretas
a la
Constitución. |
