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Las personas
responsables
del
proyecto
europeo
“Speak
Out
for
Support”
(SOS-VICS)
demandan
que
se
garantice
por
ley
que
las
víctimas
de
violencia
de
género
extranjeras
cuenten
con
intérpretes
en
todas
las
fases
del
proceso
asistencial,
no
solo
en
los
ámbitos
judicial
y
policial.
Esta
es
una
de
las
principales
conclusiones
que
se
desprende
del
estudio
realizado
por
el
proyecto,
en
el
que
han
participado
alrededor
de
600
profesionales
de
la
judicatura,
la
policía,
la
abogacía,
el
trabajo
social,
la
medicina,
la
psicología
y la
traducción
e
interpretación.
Cofinanciado
entre
el
Programa
Justicia
Penal
de
la
Unión
Europea
y
nueve
universidades
españolas
socias,
SOS-VICS
es
un
proyecto
piloto
centrado
en
la
creación
de
recursos
de
formación
de
intérpretes
con
especialización
en
el
trabajo
con
víctimas
extranjeras
de
violencia
de
género
(VG).
En una rueda de
prensa
ofrecida
en
la
sala
Europa
de
la
sede
de
las
instituciones
europeas
en
Madrid,
en
la
que
también
participaron
Endika
Zulueta,
abogado
penalista
y
miembro
de
la
Asociación
Libre
de
Abogados
y
Abogadas,
Sarah
Khay,
intérprete
judicial
y
miembro
de
la
Asociación
Profesional
de
Traductores
e
Intérpretes
Judiciales
y
Jurados,
y
Carmen
Zamorano,
responsable
del
Departamento
de
Traducción
y
Coordinación
Lingüística
de
la
Representación
de
la
Comisión
Europea
en
Madrid,
se
ha
presentado
el
extenso
y
exhaustivo
trabajo
de
campo
realizado
por
el
proyecto
entre
los
años
2012-2014.
La
doctora
de
la
Universidade
de
Vigo
y
coordinadora
del
proyecto,
Maribel
del
Pozo,
presentó
un
informe
socio-estadístico
que
recoge
los
resultados
de
un
cuestionario
realizado
a
586
agentes
de
los
diferentes
ámbitos
de
atención
a
víctimas
de
VG
sobre
las
necesidades
de
comunicación
en
la
atención
a
víctimas
que
no
hablan
el
idioma,
y
donde
se
han
identificado
muchos
problemas
por
la
falta
de
interpretación
de
calidad.
Además,
la
realización
de
entrevistas
con
personas
víctimas
de
violencia
de
género
de
Marruecos,
Brasil,
Guinea,
Rusia,
Nigeria,
Rumanía
y
Etiopía,
ha
permitido
documentar
casos
en
los
que
se
han
visto
presionadas
por
intérpretes
no
profesionales,
en
los
que
acudieron
a
juicio
sin
haber
podido
comunicarse
con
su
abogada/o
o en
los
que
no
tuvieron
interpretación
en
ningún
momento
de
su
proceso
asistencial,
por
lo
que
les
fue
imposible
comunicarse
con
los
y
las
profesionales
que
las
atendieron.
«[...]
firmé
muchos
papeles
sin
saber
qué
estaba
firmando,
¿entiendes?
y
estoy
ahora
con
tanto
miedo,
con
tanto
miedo
que
me
dan
miedo
las
cosas
de
abogado,
de
la
justicia,
porque
firmé
papeles
que
me
perjudicaron,
por
no
saber
leer,
ni
tener
un
intérprete
ni
nada»
(Testimonio
de
víctima
brasileña
de
43
años)
Otro pilar de la investigación
han
sido
las
entrevistas
realizadas
a
profesionales
con
experiencia
en
la
atención
a
víctimas
extranjeras
en
las
que
se
constatan
tanto
las
actuales
carencias
del
sistema
en
relación
a la
provisión
de
servicios
de
interpretación
a
través
de
contratas,
como
la
necesidad
de
formación
de
los
y
las
intérpretes.
Por su parte, la responsable
del
proyecto
en
la
Universidad
de
La
Laguna,
la
doctora
Carmen
Toledano,
presentó
los
resultados
del
informe
de
la
encuesta
DELPHI
realizada
a
intérpretes
con
experiencia
en
interpretación
en
contextos
de
VG
sobre
las
necesidades
de
formación
para
intérpretes
que
existen
para
trabajar
en
este
ámbito.
Las
principales
conclusiones
fueron
que
para
trabajar
en
VG
es
necesario
que
las
y
los
intérpretes
reciban
formación
especializada,
al
igual
que
lo
hacen
las
personas
que
trabajan
en
la
policía,
en
la
judicatura
o en
el
Derecho.
A
raíz
de
todos
los
resultados,
el
proyecto
SOS-VICS
ha
creado
toda
una
serie
de
recursos
para
tratar
de
contribuir
a
mejorar
la
situación
actual.
“Para
el
proyecto”
explica
Maribel
Del
Pozo,
“era
importante
que
además
de
constatar
los
problemas
se
aportaran
soluciones
aprovechando
todo
el
conocimiento
generado
entre
las
universidades
y
las
y
los
profesionales
que
colaboraron
con
el
proyecto”.
Desarrollo
de
manualess
Primero,
como
explicó
Carmen
Toledano,
se
han
creado
una
serie
de
materiales
para
la
formación
de
intérpretes
que
trabajan
en
contextos
de
VG,
que
incluyen
un
manual
titulado
Interpretación
en
contextos
de
violencia
de
género
y
una
web
de
formación
con
contenidos
ampliados
y
ejercicios
prácticos. En
el
manual
se
describen
las
diferentes
fases
y
escenarios
de
atención
a
víctimas,
se
identifican
las
posibles
dificultades
de
comunicación
y se
valoran
las
técnicas
de
interpretación
más
recomendables
para
cada
situación
comunicativa.
Se
ofrecen
además
recursos
para
la
formación
en
género
y VG
y se
proponen
estrategias
de
autocuidado
para
los
y
las
intérpretes
que
trabajan
en
situaciones
con
una
gran
carga
emocional.
Por
su
parte,
la
web
de
formación
SOS-VICS
es
independiente
pero
complementaria
al
manual,
y en
ella
pueden
encontrarse
recursos
especializados
de
formación
para
intérpretes
de
diversa
índole,
desde
glosarios
hasta
roleplays,
pasando
por
muestras
de
documentos
reales,
itinerarios
prototípicos
y
bibliografía
recomendada.
En
el
acto
celebrado
en
Madrid,
Del
Pozo
presentó
la
Guía
de
buenas
prácticas
para
trabajar
con
intérpretes
dirigida
a
profesionales
de
la
atención
a
víctimas
de
VG y
que
pretende
definir
el
papel
de
los
y
las
intérpretes
y
aclarar
cuestiones
relacionadas
con
la
comunicación
intercultural,
con
su
código
deontológico,
etc.
Diversos
materiales
multilingües
en
español,
inglés,
francés,
chino,
rumano
y
árabe
dirigidos
a
víctimas
extranjeras,
cuyo
máximo
exponente
es
un
vídeo
informativo
de
16
minutos
que
les
ofrece
claves
para
identificar
la
violencia
y
ofrece
recursos
de
información
y
apoyo,
completan
los
recursos
presentados
hoy.
En palabras de
Maribel
del
Pozo,
“hemos
constatado
la
necesidad
de
que
los
y
las
intérpretes
que
trabajen
con
víctimas
tengan
formación
especializada,
igual
que
el
resto
de
personal
que
las
atiende.
La
realidad
actual
es
bastante
distinta,
y
por
ello
reclamamos
en
primer
lugar
la
profesionalización
de
las
y
los
intérpretes
que
intervienen
en
los
procesos
judiciales
y
policiales
ya
que
actualmente
se
permite
la
contratación
de
cualquiera
a
través
de
macro-empresas
de
interpretación,
y
ello
conlleva
que
a
menudo
se
contrate
a
personal
no
cualificado,
que
por
supuesto
no
está
especializado
ni
en
tribunales
ni
en
violencia
de
género”. |