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17 de ABRIL de 2015

La PAH  comparece  en Bruselas para denunciar las prácticas abusivas del sistema hipotecario español

LAWYERPRESS

Exige  al Parlamento Europeo que asuma sus responsabilidades en la protección de los derechos fundamentales.

Miembros de  Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)  comparecieron ayer en el Parlamento Europeo representando a las miles y miles de famílias afectadas que participan de este movimiento ciudadano. La intervención en sede parlamentaria europea se debe a dos denuncias ciudadanas en 2011 y 2012 para explicar a Europa estos abusos. En primer lugar, intervino un portavoz de la PAH para denunciar como el proceso de ejecución hipotecaria en España viola los derechos fundamentales de las personas y deja a los deudores hipotecarios en una situación de desigualdad e indefensión absoluta.  También se aprovechó para repasar el fracaso de todas las medidas adoptados por los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP, que han tenido unos efectos ínfimos en la situación de emergencia habitacional en España.

En segundo lugar denunciaron  la problemática del IRPH (Indice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). Un índice que afecta aproximadamente al 15% de las hipotecas en España que es claramente abusivo y opaco, y que no representa la realidad del mercado hipotecario español.

 Para este movimiento el  Estado español tiene una ley hipotecaria anómala en Europa y en el mundo, que hace que cuando una familia pierde su empleo y no puede hacer frente a la hipoteca, el banco se queda la casa por el 60% del valor de tasación a efectos de subasta. Mientras tanto, el deudor se queda en una situación de total desamparo teniendo que hacer frente al resto de la deuda acumulada, más los intereses de mora y costas judiciales. Es así como las personas quedan condenadas a una deuda de por vida, a la exclusión social y a la economía sumergida.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca quieren  dejar claro al Parlamento Europeo que no solo denuncian  la estafa hipotecaria y la complicidad de los diferentes gobiernos e instituciones, sino que actuán  para dar soluciones de urgencia. Por ejemplo, con la Iniciativa Legislativa Popular que consiguió el apoyo de más de 1 millón y medio de firmas y cuyas demandas eran de mínimos: dación en pago retroactiva, moratoria de los desahucios y alquiler social. Sin embargo,  denuncian que la mayoría absoluta del PP y su desprecio hacia el sufrimiento de las familias y los procesos de participación democrática, hizo que finalmente no se pudiera aprobar.

Actualmente llevan a cabo una ILP autonómica en Cataluña que además de la problemática de las ejecuciones hipotecarias, aborda también los desahucios de alquiler (en aumento), los cortes de suministros y la necesidad imperiosa de la creación de un parque público de alquiler social. Esta ILP tiene que ser aprobada y generar un efecto dominó en el resto de CCAA que permita conquistar el derecho a la vivienda y los suministros. Otra vez nos encontramos con la negativa del PP y hasta ahora de CIU.

También señalan una vez más que el Gobierno español ha hecho caso omiso a las reiteradas sentencias europeas sobre abusos bancarios y derecho a la vivienda que cuestionan los fundamentos y la arquitectura misma de las injustas leyes españolas, aplicando tan sólo algunos burdos parches que no consiguen ni de lejos proteger a las personas tal y como fallaron a día de hoy tantas sentencias europeas.

ueda claro por lo tanto que, tal y como defiende la PAH, la ley actual no da al afectado mecanismos de oposición efectivos para hacer valer sus derechos en el marco del procedimiento de ejecución. Por esta razón, sólo una reforma estructural solvente de las leyes puede resolver esa situación de desprotección de los ciudadanos europeos españoles.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se denuncia que la situación de emergencia habitacional que se da en España es una anomalía, ya que se trata del país europeo con más desahucios y en el que existe más vivienda vacía. Asimismo, instan de nuevo a las instituciones europeas a actuar frente a la vulneración de derechos fundamentales que se dan en territorio europeo y cambiar las leyes si quieren recuperar la confianza de la ciudadanía.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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