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Adaptar
la
figura
de
la
Fiscalia
española
a
los
nuevos
tiempos
que
corren,
donde
el
papel
del
Fiscal
jefe
en
cada
fiscalía
será
clave
para
una
mejor
organización
del
trabajo,
es
la
conclusión
principal
del
Congreso
de
APIF
(Asociación
Profesional
e
Independientes
de
Fiscales)
que
ha
tenido
lugar
este
fin
de
semana
en
Sevilla.
Esta
asociación,
la
más
joven
de
las
tres
que
existen
en
la
carrera
fiscal
ha
renovado
su
Junta
Directiva,
manteniendo
a
Salvador
Viada,
Fiscal
del
Tribunal
Supremo
como
portavoz
nacional.
Junto
a él
estarán
ahora
María
Pilar
Álvarez
,
Fiscal
de
la
Audiencia
Provincial
de
Huelva;
Miguel
Pallarés,
Fiscal
de
la
Audiencia
Provincial
de
Las
Palmas;
José
Antonio
Díez
,
Fiscal
de
la
Audiencia
Provincial
de
Las
Palmas
y
María
Isabel
Morán,
Fiscal
de
Reus.
Estos
profesionales
también
reclaman
que
la
Fiscalía
tenga
su
portal
de
transparencia
como
ya
existe
en
el
CGPJ
y
otras
entidades
y la
creación
de
la
figura
del
Defensor
del
Fiscal
para
poder
gestionar
los
conflictos
internos
via
mediación
entre
superiores
y
subordinados
Este
IX
Congreso
de
APIF
se
enmarca
en
la
tendencia
de
esta
asociación
de
buscar
mejoras
en
la
carrera
fiscal,
una
institución
que
según
estos
juristas
necesita
una
urgente
redefinición
como
Institución
democrática
y
propia
del
siglo
XXI.
En
este
entorno
consideran
clave
la
figura
del
Fiscal
Jefe
que
debe
mantener
una
actitud
de
servicio
hacia
el
exterior
y
también
hacia
el
interior.
Desde
esta
asociación
su
elección
debe
ser
muy
cuidada,
tanto
a
nivel
de
méritos
y
capacidad
como
respecto
a
valores
humanos,
cuestión
que
sale
a
colación
tras
los
problemas
existentes
en
las
fiscalías
de
Madrid
y
Las
Palmas.
También
se
pide
un
estudio
a
fondo
sobre
la
carga
de
trabajo
de
las
fiscalías
y la
creación
de
la
figura
del
Defensor
del
Fiscal
para
solventar
conflictos
desde
la
mediación
En
un
momento
de
escasez
de
medios
y
tras
la
desaparición
de
cuatrocientos
fiscales
sustitutos,
preocupa
en
APIF
la
carga
de
trabajo,
una
carga
que
no
siempre
se
reparte
de
forma
equitativa.
Desde
este
colectivo
se
pide
a la
Inspección
fiscal
que
sea
vigilante
ante
esos
repartos,
sobre
todo
si
se
tiene
en
cuenta
que
la
carrera
fiscal
no
tiene
en
estos
momentos
unos
baremos
orientativos
de
trabajo
como
pudiera
tener
los
jueces
españoles.
APIF
a
este
respecto
señala
en
este
asunto
que
las
propias
Junta
de
Fiscalia,
como
órgano
colegiado
de
cada
Fiscalía
de
su
aprobación
al
citado
reparto
de
trabajo.
Al
mismo
tiempo
demanda
la
necesidad
de
un
estudio
serio
sobre
la
carga
de
trabajo
de
cada
Fiscalia
y de
cada
Fiscal
para
así
tomar
las
medidas
oportunas
que
ayuden
a
paliar
la
carga
excesiva
que
tienen
algunas
fiscalías.
En
este
entorno
esta
propia
asociación
vería
con
buenos
ojos
la
creación
de
un
Código
Etico
que
rigiera
la
actividad
de
las
fiscalías
y la
labor
de
cada
fiscal.
Otro
asunto
que
preocupa
a
estos
fiscales
progresistas
es
la
transparencia.
A
este
respecto
se
demanda
también
la
necesidad
que
la
FGE
tenga
su
portal
de
Transparencia
como
otra
institución
del
Estado.
Se
trata
de
ser
transparente
en
la
información
que
circule
sobre
todo
en
lo
referido
a
la
actividad
del
Consejo
Fiscal,
de
los
decretos
de
nombramiento
de
los
Fiscales
llamados
a
puestos
discrecionales
y de
todas
aquellas
decisiones
con
trascendencia
externa.
En
APIF
hay
preocupación
por
los
elevados
puestos
en
la
Fiscalia
cuya
designación
se
realiza
de
forma
discrecional.
Desde
su
punto
de
vista
la
discrecionalidad
debe
ser
excepcional
como
vía
de
provisión
de
puestos
de
trabajo
dentro
de
la
función
pública
en
general
y
también
dentro
de
la
Carrera
Fiscal.
Sobre
los
conflictos,
abogan
por
la
creación
de
la
figura
de
un
mediador,
llamado
“Defensor
del
Fiscal”
y
que
podría
ubicarse
en
el
seno
de
la
Inspección
Fiscal,
bajo
el
amparo
del
artículo
159
del
Reglamento
del
Ministerio
Fiscal
de
1969
que
trabajaría
por
buscar
soluciones
negociadas
a
los
conflictos
que
puedan
surgir
en
el
seno
de
la
Carrera,
antes
de
que
estos
lleguen
a
agravarse.
Para
estos
profesionales
sería
bueno
suprimir
la
categoría
de
tercera
en
las
fiscalías,
algunas
de
las
cuales
tienen
un
número
desproporcionado
de
plazas.
Desde
APIF
el
planteamiento
es
abogamos
por
la
supresión
de
la
referida
categoría
y el
establecimiento
de
una
única
categoría
de
Fiscal
que
aglutine
a
los
Fiscales
de
segunda
y
tercera
categoría.
Si
bien
y
ante
la
negativa
a la
supresión
de
la
Tercera
categoría
por
parte
del
Ministerio
la
A.P.I.F.
aboga,
como
solución
menos
gravosa,
por
que
cada
Fiscal
cobre
la
plaza
que
cubra
en
función
de
la
categoría
que
ostente
y
que
simultáneamente
se
fije
un
plazo
tasado
de
entre
dos
y
cuatro
años
para
que
se
produzca
el
ascenso
de
categoría.
Por
supuesto
deberán
respetarse
los
derechos
adquiridos. |
