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En
plena
campaña
electoral,
el
Ministro
Catalá
ha
garantizado
a
las
CCAA
,
participantes
en
esta
segunda
Conferencia
Sectorial
que
ha
mantenido
en
los
últimos
seis
meses,
que
el
Registro
Civil
seguirá
siendo
público
y
gratuito
pese
a
que
los
1100
registradores
existentes
en
nuestro
país,
como
fedatarios
públicos
que
son,
se
encarguen
de
su
gestión
a
partir
del
próximo
mes
de
julio
.
Este
es
uno
de
los
compromisos
que
han
logrado
arrancar
las
CCAA
al
Ministro,
de
hecho
incluso
se
mantendrán
también
los
puestos
de
trabajo
de
los
funcionarios
que
lo
gestionan
ahora,
fijos
e
interinos
en
otros
cometidos.
Catala
cede
en
el
Registro
Civil
y
logra
el
apoyo
en
sus
reformas
procesales
y
legislativas,
amén
del
proyecto
de
lograr
una
justicia
cero
papeles
a
primeros
de
enero
del
2016.
El
dinero
de
las
tasas
no
irá
a la
justicia
gratuita
pero
sí
una
partida
fijada
en
los
presupuestos
de
Justicia
para
este
año
de
unos
seis
millones
de
euros
para
financiar
este
servicio
y la
modernización
de
nuestras
autonomías.
Andalucía
y
Canarias
han
señalado
insuficientes
estas
partidas
y
reclaman
que
el
dinero
de
las
tasas
judiciales,
564,4
millones
vaya
a la
justicia
gratuita,
tal
y
como
se
comentó
en
su
dia.
El
consejero
andaluz
Llera
reclama
64
millones
para
su
comunidad,
en
concreto.
Catalá
encuentra
apoyo
en
las
CCAA
para
sus
proyectos
más
ambiciosos.
Después
de
explicarles
los
cambios
normativos
y
legislativos,
especialmente
referidos
a
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
(LOPJ),
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal,
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil,
la
Ley
de
Jurisdicción
Voluntaria
y la
reforma
del
Registro
Civil,
han
encontrado
en
consenso
que
buscaba.
Otro
tema
es
el
propio
Registro
Civil
donde
los
propios
consejeros,
alarmados
por
las
noticias
de
una
supuesta
privatización
del
servicio,
han
logrado
un
compromiso
firme
por
parte
del
Ministro
de
que
seguirá
siendo
público
y
gratuito.
Incluso
el
cambio
en
la
gestión
a
los
registradores
no
supondrá
que
los
funcionarios
existentes
dejen
de
trabajar
sino
que
se
les
ubicará
en
otros
cometidos.
También
hay
apoyo
al
titular
de
Justicia
en
lo
que
concierne
a la
reforma
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil
y a
implantar
el
concepto
de
justicia
digital
a
partir
del
próximo
1 de
enero
del
2016.
Tanto
el
propio
Catalá
como
algunos
consejeros
confirmaron
a
este
medio
que
ya
se
venía
trabajando
en
este
tema
en
una
Comisión
de
Modernización
Tecnológica
que
existe
desde
hace
unos
meses.
A
este
respecto
recordó
la
obligatoriedad
del
uso
de
de
sistemas
telemáticos
para
los
profesionales
de
la
Justicia
y
los
órganos
judiciales
en
la
presentación
de
escritos
y
documentos.
Donde
sigue
habiendo
divergencias
es
en
la
justicia
gratuita.
Andalucía
y
Canarias
comparecieron
antes
de
la
Conferencia
Sectorial
y se
muestran
decididas
a
reclamar
más
dinero
de
esos
6
millones,
cantidad
que
sale
de
una
partida
del
propio
Ministerio
y no
de
las
tasas,
incluso
por
la
via
judicial
si
fuera
necesaria,
como
comentaba
el
consejero
andaluz
Emilio
Llera
a
los
periodistas.
Este
consejero
reclama
64
millones
de
euros
de
las
tasas
mientras
que
el
consejero
canario
Hernández
cree
que
las
347.000
euros
que
recibirá
Canarias
por
este
concepto
son
insuficientes.
Sobre
este
tema,
el
resto
de
las
CCAA
no
se
ha
pronunciado
abiertamente.
Todas
valoran
de
forma
positiva
esta
partida
de
seis
millones
de
euros
y
esperan
que
cada
año
se
vaya
incrementando
progresivamente.
Hay
que
recordar
que
este
año
el
Ministerio
de
Justicia
cuenta
con
un
presupuesto
mayor
que
otros
años
de
1.475,56
millones
de
euros,
de
los
que
77,5
irán
destinados
a
medios
materiales
y
humanos,
así
como
la
citada
partida
de
seis
millones
de
euros
ya
comentada.
En
torno
a la
reforma
de
la
LOPJ,
el
ministro
dejó
constancia
de
la
necesidad
de
que,
una
vez
cumplidos
los
trámites
oportunos
y
con
las
debidas
garantías
procesales,
las
Administraciones
con
competencia
en
la
materia
puedan
destruir
autos
o
expedientes
judiciales,
una
vez
constatada
la
falta
de
utilidad
de
los
mismos,
transcurridos
seis
años
desde
la
resolución
del
proceso.
Una
medida
que
no
se
aplicará
a
los
expedientes
relativos
a
causas
penales
por
estar
sujetos
a
plazos
más
largos
de
prescripción.
Por
último,
ambas
partes
valoraron
de
manera
positiva
la
Oferta
de
Empleo
Público
aprobada
por
el
Gobierno
para
2015,
la
mayor
de
los
últimos
años
de
crisis
económica-.
En
ella
se
contemplan
2.026
plazas
para
la
Administración
de
Justicia,
que
permitirán
la
consolidación
de
empleo,
favorecerán
la
promoción
interna
y
contribuirán
a la
profesionalización
de
los
juzgados
y
tribunales.
La
Oferta
de
Empleo
Público
permitirá
convocar
plazas
en
los
distintos
Cuerpos
Nacionales,
entre
secretarios
judiciales,
médicos
forenses,
facultativos
del
Instituto
Nacional
de
Toxicología
y
Ciencias
Forenses,
Gestión
procesal,
Tramitación
procesal
y
Auxilio
judicial. |
