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150
entidades
sociales
firmantes
hemos
mirado
muchas,
muchísimas
veces
a
los
ojos
de
estos
migrantes,
sus
heridas,
sus
traumas,
sus
persecuciones.
Por
ello
no
vamos
a
mirar
hacia
otro
lado
dejando
que
la
vergüenza
por
esta
práctica
ilegal
con
la
que
oscurecen
nuestro
nombre
nos
desanime.
Entre
ellas
cabe
destacar,
APROED.
Asociación
de
Abogados
de
Extranjería
de
Madrid,
Asociación
Libre
de
Abogados,
CEAR;
Club
de
Amigos
de
la
Unesco;
Comissió
de
Defensa
del
Col·∙legi
d'Advocats
de
Barcelona;
Economistas
sin
Fronteras;
Médicos
del
Mundo;
Red
Internacional
de
Abogados
Eureka
o la
Subcomisión
Penitenciario
del
CGAE
y
SOS
Racismo
en
Madrid
y
Barcelona
entra
otras
instituciones
y
asociaciones
Esta
tarde
ha
sido
aprobada,
en
el
Congreso
de
los
Diputados,
la
nueva
Ley
de
Seguridad
Ciudadana
tras
pasar
el
trámite
de
aprobación
de
la
misma
en
el
Senado.
Esta
Ley,
que
contempla
recortes
en
los
derechos
y
libertades
del
conjunto
de
la
ciudadanía,
mantiene
la
Disposición
Transitoria
Única
que
introduce
una
Adicional
Décima
en
la
Ley
de
Extranjería
ya
introducida
en
el
anterior
trámite
parlamentario
y
que
no
viene
sino
a
tratar
de
dar
amparo
a
las
devoluciones
ilegales
en
las
Ciudades
Autónomas
de
Ceuta
y de
Melilla
que
vienen
siendo
practicadas
cada
vez
más
abiertamente
por
el
Ministerio
del
Interior.
La
gran
mayoría
de
entidades
que
trabajamos
por
los
derechos
humanos
y
los
derechos
de
las
personas
migrantes
apelamos
hace
unos
meses
al
humanitarismo
de
los
miembros
del
Grupo
Popular
en
el
Congreso
y en
el
Senado.
Pero
nuestra
petición
parece
haber
caído
en
saco
roto,
al
igual
que
las
múltiples
manifestaciones
que
han
realizado
organismos
nacionales
e
internacionales,
juristas
y el
resto
de
formaciones
políticas
con
representación
parlamentaria
que
apuntaban
a
que
la
enmienda
es
contraria
a
diversos
tratados
internacionales,
la
normativa
comunitaria,
la
constitución
y
principios
básicos
de
nuestro
estado
de
derecho.
Se
ha
consumado
ya
el
uso
retorcido
de
la
actividad
legislativa
que
pretende
colocar
una
decisión
política
y
una
actuación
administrativa
por
encima
de
la
propia
Constitución,
la
normativa
Comunitaria
y de
los
derechos
humanos.
En
definitiva,
si
la
práctica
de
las
devoluciones
ilegales
que
acontecen
en
Ceuta
y en
Melilla
es
alejada
a la
Ley,
acerquemos
la
Ley
a
esta
práctica.
Si
la
práctica
de
las
devoluciones
ilegales
que
acontecen
en
Ceuta
y en
Melilla
es
alejada
a la
Ley,
acerquemos
la
Ley
a
esta
práctica
La
enmienda
ha
sufrido
determinadas
modificaciones
que
han
terminado
resultando
más
de
contenido
estético
que
ético.
Se
introduce
una
referencia
a
que
dicha
práctica
ilegal
que
se
pretende
legalizar,
el
rechazo
“a
fin
de
impedir
su
entrada
ilegal
en
España”
de
quienes
han
saltado
la
valla,
sin
procedimiento
administrativo
alguno,
ni
derecho
a la
defensa,
se
realizará
respetando
la
normativa
internacional
de
los
derechos
humanos
y
protección
internacional,
para
indicar
posteriormente
que
las
solicitudes
de
protección
internacional
“se
formalizarán
en
los
lugares
habilitados
al
efecto
en
los
pasos
fronterizos”.
¿Se
permitirá
con
ello
que
a
los
que
intenta
acceder
a
España
por
otras
vías
distintas
a
los
pasos
fronterizos
como
la
valla
o
las
embarcaciones,
solicitar
asilo
en
España?,
¿Se
permitirá
el
acceso
a
estos
puntos
fronterizos
españoles
por
parte
de
la
policía
marroquí
de
potenciales
demandantes
de
asilo?.¿Estas
personas
serán
rechazadas
sin
ningún
tipo
de
desarrollo
normativo
de
este
procedimiento?,
¿sin
que
tengan
derecho
a un
Juez
, a
la
defensa
y a
la
asistencia
de
letrado?,
¿sin
poder
acogerse
a
determinadas
figuras
de
protección
que
la
Ley
les
reconoce?
No
vamos
a
permitir
que
en
nuestro
país
existan
zonas
de
excepción
a
los
derechos
humanos
por
mucho
que
se
empeñen
en
legalizarlas.
Algunas
de
estas
preguntas
parecen
haber
sido
ya
respondidas
por
el
Ministro
del
Interior,
el
Sr.
Fernández
Díaz,
excluyendo
del
derecho
de
asilo
al
conjunto
de
la
población
subsahariana
que
intenta
acceder
a
nuestro
país
de
manera
irregular,
como
si
se
tratara
de
un
área
geográfica
donde
no
existiesen
conflictos
bélicos
y
los
regímenes
democráticos
floreciesen.
O
como
si
el
derecho
de
asilo
se
adquiriese
por
la
forma
de
entrada
en
nuestro
país.
Las
150
entidades
sociales
firmantes
hemos
mirado
muchas,
muchísimas
veces
a
los
ojos
de
estos
migrantes,
sus
heridas,
sus
traumas,
sus
persecuciones.
Por
ello
no
vamos
a
mirar
hacia
otro
lado
dejando
que
la
vergüenza
por
esta
práctica
ilegal
con
la
que
oscurecen
nuestro
nombre
nos
desanime.
No
vamos
a
permitir
que
en
nuestro
país
existan
zonas
de
excepción
a
los
derechos
humanos
por
mucho
que
se
empeñen
en
legalizarlas. |
