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Será
el
próximo
23
de
marzo
cuando
centenares
de
jueces
sustitutos
procedentes
de
toda
España
inician
la
primera
de
una
serie
de
movilizaciones
que
pondrán
en
marcha
al
amparo
de
sus
asociaciones
más
representativas,
Asociación
de
Jueces
Concepción
Arenal
(AJCA)
y
Associacio
de
la
Judicatura
Eventual
Catalana
(Ajudicat),
en
la
capital
de
España
en
una
jornada
de
protesta
frente
al
Ministerio
de
Justicia.
El
ultimo
fallo
del
Tribunal
Supremo
rechazando
su
equiparación
a
los
jueces
de
carrera
ha
sido
el
detonante
para
que
estos
profesionales
salgan
a la
calle
a
reivindicar
sus
derechos.
Hay
que
darse
cuenta
que
la
salida
de
los
jueces
sustitutos
provocada
hace
más
de
dos
años
está
generando
un
colapso
importante
en
nuestros
juzgados
porque
esas
1500
plazas
de
jueces
y
fiscales
nunca
se
han
cubierto.
Nuestro
país
tiene
el
ratio
de
11
jueces
por
cada
100.000
habitantes
mientras
que
la
media
europea
es
de
21
por
cada
100.000.
Ni
siquiera
incentivar
a
jueces
titulares
para
que
lleven
otros
juzgados
ha
sido
posible
ante
la
situación
total
de
sobrecarga
de
nuestros
juzgados
Desde
las
Asociaciones
convocantes,
se
pide
el
apoyo
de
todos
los
operadores
jurídicos
-incluidas
Asociaciones
de
Jueces
y
Fiscales-,
Colegios
Profesionales,
a la
Brigada
anti-tasas,
Instituciones,
Universidades,
Asociaciones,
partidos
políticos,
sindicatos,
medios
de
comunicación,
las
redes
sociales,
y al
resto
de
ciudadanos,
para
que
no
toleren
ni
permitan
la
absoluta
dejación
y el
estado
de
abandono
de
un
servicio
público
esencial
como
es
la
Administración
de
Justicia,
ni
este
grave.
“No
podemos
permitir
que
se
destruya
el
Estado
de
Derecho,
la
administración
de
justicia,
la
economía
y
los
más
elementales
derechos
socio-laborales
de
los
trabajadores”
se
indica
en
un
comunicado
que
firman
las
asociaciones
citadas
Los
jueces
sustitutos
salen
a la
calle
para
que
la
sociedad
se
entere
que
su
salida
de
los
juzgados
ha
provocado
el
colapso
de
los
mismos.
En
la
fecha
de
este
colectivo
está
aquel
28
de
diciembre
de
2012
cuando
el
que
era
por
aquel
entonces
Ministro,
Alberto
Ruiz-Gallardón,
aprobó
la
L0
8/2012
de
28
de
diciembre,
que
eliminaba
“de
facto”,
mil
quinientos
(1500)
jueces
que
reforzaban
los
juzgados
cubriendo
las
vacantes,
las
bajas
por
maternidad
y
demás
contingencias
comunes
de
los
Jueces
de
Carrera.
Mediante
un
régimen
excepcional
de
llamamientos,
lo
que
en
realidad
hizo
el
ejecutivo
español,
fue
“despedir”
de
forma
colectiva
y a
través
de
un
ERE
encubierto,
a
estos
jueces
que
representaban
el
20 %
de
la
plantilla
judicial
y
que
ponían
el
30 %
de
las
sentencias
en
el
conjunto
del
Estado
español.
Dicha
medida,
tras
el
aluvión
de
denuncias/querellas
y
demandas
por
corrupción,
preferentes,
cláusulas
abusivas,
desahucios,
despidos
y
demás
abusos
de
derechos,
ha
provocado
una
sobrecarga
de
trabajo
en
los
tribunales,
de
más
del
150
% en
los
Juzgados,
de
la
carga
máxima
fijada
por
el
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
inasumible
por
la
falta
de
“ratio”
de
jueces
en
España,
llegando
incluso
a
alcanzar
el
600%
en
algunos
juzgados
de
lo
Mercantil.
El
colapso
judicial
no
ha
logrado
evitarse
pese
a la
Ley
10/12
de
20
de
Noviembre
de
Tasas
judiciales
auspiciada
por
el
gobierno,
cuyo
objeto,
además
de
recaudar,
pretendía
eliminar
al
personal
judicial
interino,
y de
paso
cercenar
“manus
militari”
el
derecho
constitucional
a la
tutela
judicial
efectiva
de
miles
de
ciudadanos.
De
los
más
de
quinientos
millones
de
euros
que
se
han
recaudado
con
las
Tasas,
hemos
de
destacar
que
no
han
ido
destinados
a la
Justicia
Gratuita,
tal
y
como
se
comprometió
el
Gobierno,
ni a
inversión
alguna
en
Justicia.
Jueces
sustitutos
sin
trabajo
pese
al
colapso
Pues
bien,
resulta
contrario
a
toda
medida
de
eficiencia,
que
existiendo
esta
sobrecarga
en
los
juzgados
y
Tribunales
–paralelamente-
y
por
el
régimen
excepcional
de
sustituciones,
a
1500
jueces
sustitutos
se
les
haya
“condenado”
a
una
situación
laboral
en
la
que
incomprensiblemente
no
se
les
da
trabajo,
http://goo.gl/HmVfX0
no
se
les
retribuye,
no
se
les
da
de
alta
en
la
seguridad
social,
están
de
forma
permanente
a
disposición
de
los
Tribunales
superiores
de
Justicia
y
por
el
régimen
de
incompatibilidades
de
los
jueces,
tampoco
se
les
permite
desempeñar
otra
actividad
laboral,
salvo
la
docencia,
con
el
único
objeto
de
forzar
una
renuncia
voluntaria,
con
pérdida
de
sus
derechos
laborales
y
económicos.
Dicha
situación
está
provocando,
dentro
del
colectivo
de
Jueces
Sustitutos
y
Magistrados
Suplentes,
auténticos
dramas
personales
y
familiares
al
no
poder
hacer
frente
a
hipotecas,
ni
subvenir
a
sus
necesidades
propias.
Todo
ello
en
pago
a
haber
estado
trabajando,
la
mayoría
de
ellos,
durante
muchos
años
con
contratos
temporales
concatenados,
desatascando
juzgados
colapsados,
y
prestando
servicios
esenciales
a la
justicia.
Al
no
tener
ninguna
interlocución
con
el
Ministerio
de
Justicia,
no
dar
ninguna
solución,
ni
una
indemnización
por
los
perjuicios
ocasionados
necesaria
para
poder
reemprender
otra
actividad,
ni
cualquier
otra
salida
digna,
se
han
visto
obligados
a
pedir
amparo
al
Parlamento
Europeo
a la
Comisión
Europea,
a
los
tribunales
de
Justicia
y a
denunciar
esta
situación
a
los
medios
de
comunicación.
Mientras
se
sustanciaban
estos
procesos
durante
dos
largos
años
han
tenido
que
soportar
esta
inaceptable
situación
laboral,
mientras
desde
sus
casas
y
con
gran
impotencia,
veían
cómo
el
colapso
de
la
justicia
era
cada
vez
mayor,
donde
de
forma
intolerable
se
producían
suspensiones
de
juicios
por
falta
de
jueces,
se
eternizaban
los
procesos
al
borde
de
la
prescripción
en
asuntos
de
corrupción,
y se
señalaban
vistas
para
el
año
2019
, lo
que
ha
generalizado
un
clamor
popular
y
una
lógica
indignación
de
los
ciudadanos
y de
todos
operadores
jurídicos
sobre
la
lentitud
de
la
justicia,
y
sobre
las
graves
deficiencias
de
un
servicio
público
esencial,
que
perjudica
a
las
personas
físicas
en
su
derecho
fundamental
a la
tutela
judicial
efectiva
(indemnizaciones
por
despido,
por
accidentes,
salarios
de
tramitación,
invalidez,
pensiones
alimenticias,
violencia
doméstica)
y
también
a
las
empresas
que
se
han
visto
incluso
obligadas
a
cerrar
su
actividad,
a la
espera
de
una
resolución
en
sus
litigios
-14.000
millones
de
euros
retenidos
en
los
juzgados-
Fallo
último
del
Tribunal
Supremo
Y
por
si
no
fuera
suficiente,
a
nivel
interno,
el
proceso
culminó
con
la
reciente
Sentencia
del
Tribunal
Supremo
de
19
de
febrero
de
2015,
que
lejos
de
tutelar
al
trabajador,
da
un
revés
más
a
los
más
elementales
derechos
sociales
de
los
jueces
sustitutos,
desestimando
totalmente
sus
pretensiones
destinadas
a
evitar
abuso
de
la
contratación
temporal
y no
discriminación
por
razón
de
la
duración
del
contrato
en
materia
de
retribuciones,
protección
social,
promoción
profesional,
provisión
de
vacantes,
formación
profesional
y
situaciones
administrativas
como
licencias,
permisos
y
demás
derechos
pasivos.
Y no
sólo
eso
sino
que
también
desestima
cualquier
pretensión
de
reparar
daños
que
se
les
han
ocasionado
e
indemnizar
los
perjuicios
causados
por
la
conducta
contraria
a la
directiva
comunitaria
1999/70/CE.
Con
imposición,
eso
sí,
de
hasta
4000
euros
de
costas.
Con
esta
sentencia
se
abre
la
puerta
a la
precarización
del
trabajo
y a
la
discriminación
por
razón
de
la
duración
del
contrato
de
cualquier
otro
trabajador
español,
pues
se
da
carta
de
naturaleza
a la
perpetuación
del
abuso
de
la
contratación
temporal,
mediante
un
régimen
jurídico
idéntico
al
contrato
Cero
horas,
en
la
misma
línea
apuntada
por
la
Comisión
Europea.
Todo
ello
sin
que
la
sentencia
del
Tribunal
Supremo
haya
entrado
a
valorar
si
la
razón
objetiva
- a
la
que
hacía
referencia
la
recurrente-
se
había
cumplido
en
la
realidad,
tras
más
de
30
años
de
concatenación
de
contratos
temporales,
como
le
ocurre
a
una
gran
parte
de
los
jueces
sustitutos
españoles,
lo
que
aparte
de
vulnerar
el
espíritu
y la
finalidad
de
la
directiva
1999/70/CE,
deja
a
los
jueces
sustitutos
en
una
situación
de
absoluta
desprotección
social,
debiendo
de
acudir
a
otras
instancias
como
el
Tribunal
Constitucional,
Tribunal
Europeo
de
Derechos
Humanos
y el
Tribunal
de
Justicia
Europeo,
para
conseguir
que
en
el
Estado
Español
se
cumplan
las
disposiciones
normativas
de
derecho
comunitario
encaminadas
a
dar
estabilidad
laboral
al
trabajador.
retroceso
de
los
derechos
sociales
básicos
de
cualquier
trabajador,
que
el
gobierno
trata
por
todos
los
medios
de
imponer.
SUMARIO.
Con
esta
movilización
del
dia
23
de
marzo
los
jueces
sustitutos
empiezan
una
seria
de
medidas
para
reivindicar
ante
Justicia
y el
CGPJ
sus
derechos
laborales
como
profesionales |
