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La
Ministra
de
Empleo
y
Seguridad
Social,
Fátima
Báñez,
presentó
este
viernes
al
Consejo
de
Ministros
un
informe
sobre
el
Anteproyecto
de
Ley
Ordenadora
del
Sistema
de
Inspección
de
Trabajo
y
Seguridad
Social.
La
nueva
norma
es
una
de
las
reformas
anunciadas
por
el
Presidente
del
Gobierno
en
el
pasado
Debate
sobre
el
Estado
de
la
Nación,
y
está
incluida
en
el
Acuerdo
de
propuestas
para
la
negociación
tripartita
para
fortalecer
el
crecimiento
y el
empleo,
suscrito
por
el
Gobierno
y
los
interlocutores
sociales
el
pasado
29
de
julio.
Las
actuaciones
de
lucha
contra
el
empleo
irregular
y el
fraude
a la
Seguridad
Social
han
tenido
un
impacto
estimado
de
11.343
millones
de
euros
en
los
años
2012,
2013
y
2014. Se
incrementa
la
capacidad
de
la
Inspección
de
Trabajo
en
materia
de
prevención
de
riesgos
laborales
mediante
la
creación
de
una
Escala
de
Subinspectores
de
Seguridad
y
Salud
en
el
Trabajo
La
futura
Ley
forma
parte
también
del
Programa
Nacional
de
Reformas
presentando
a
las
instituciones
europeas
y
del
Informe
de
la
Comisión
de
Reforma
de
las
Administraciones
Públicas
La
adopción
de
esta
Ley
supone
la
continuación
y el
complemento
necesario
de
las
diversas
reformas
estructurales
adoptadas
por
el
Gobierno
desde
2012
para
la
modernización
del
mercado
de
trabajo,
la
sostenibilidad
presente
y
futura
del
sistema
de
Seguridad
Social
y la
transformación
de
las
políticas
de
activación
para
el
empleo
y de
la
formación
profesional
para
el
empleo.
El
Anteproyecto
de
Ley
supone
la
actualización
de
la
normativa
vigente,
que
data
de
1997.
El
nuevo
modelo
de
Inspección
de
Trabajo
y
Seguridad
Social
garantiza
su
estabilidad
e
integridad
institucional
y
fortalece
la
colaboración
y
participación
de
Comunidades
Autónomas
y
agentes
sociales.
Uno
de
sus
aspectos
más
destacados
es
la
configuración
de
la
Inspección
de
Trabajo
y
Seguridad
Social
como
un
Organismo
Autónomo
de
nueva
creación,
que
prestará
servicio
a la
vez
a la
Administración
General
del
Estado
y a
las
Comunidades
Autónomas.
Se
reconoce
también
mayor
participación
de
los
agentes
sociales
en
la
definición
de
la
organización
y
los
objetivos
de
la
Inspección.
Junto
a
ello,
la
futura
ley
prevé
el
aumento
de
los
recursos
destinados
por
la
Inspección
para
la
prevención
de
riesgos
laborales
y
para
combatir
la
siniestralidad
laboral.
Con
ese
objetivo,
se
creará
dentro
de
la
Inspección
una
nueva
Escala
de
Subinspectores
de
Seguridad
y
Salud
en
el
Trabajo.
Igualmente,
las
capacidades
de
actuación
de
la
Inspección
de
Trabajo
y
Seguridad
Social
se
ven
potenciadas
a
través
de
varias
vías:
Consagrando
un
modelo
generalista
de
Inspección,
más
eficiente
y
con
procedimientos
de
actuación
simplificados.
Actualizando
los
medios
operativos,
con
la
incorporación
de
las
nuevas
tecnologías
de
la
información
y la
comunicación
en
las
relaciones
con
los
trabajadores
y
empresas.
Reforzando
la
independencia
técnica
del
personal
inspector.
Otro
de
los
objetivos
del
Anteproyecto
de
Ley
es
seguir
mejorando
la
eficacia
de
las
actuaciones
contra
el
fraude
laboral.
Para
ello,
se
creará
dentro
del
Organismo
Autónomo
Inspección
de
Trabajo
y
Seguridad
Social
una
Oficina
Nacional
de
Lucha
contra
el
Fraude.
De
esta
Oficina
formarán
parte
todos
los
organismos
implicados
en
la
lucha
contra
el
fraude
laboral
y
tendrá
como
funciones
la
detección
del
fraude,
la
programación
y
ejecución
de
actuaciones
inspectoras
y la
evaluación
de
resultados.
De
esta
manera,
se
pretende
mejorar
la
colaboración
institucional
entre
Administraciones
Públicas
y se
permite
una
mejor
ordenación
de
las
actuaciones
de
lucha
contra
el
fraude.
La
nueva
Oficina
servirá
de
enlace
con
la
Plataforma
europea
contra
el
trabajo
no
declarado,
en
preparación
en
el
marco
de
la
Unión
Europea.
La
lucha
contra
el
fraude
laboral
ha
sido
una
de
las
prioridades
del
Ministerio
de
Empleo
y
Seguridad
Social
desde
el
inicio
de
esta
legislatura.
En
abril
de
2012
el
Gobierno
aprobó
un
Plan
de
lucha
contra
el
empleo
irregular
y el
fraude
a la
Seguridad
Social,
que
desplegaba
una
estrategia
integral
de
actuación
en
la
lucha
contra
el
fraude,
con
medidas
normativas,
institucionales,
de
gestión
y de
prevención
y
sensibilización
social.
Se
ha
dotado
a la
Administración
Pública
y a
la
Justicia,
de
nuevos
medios
legales,
con
modificaciones
normativas
tanto
en
materia
administrativa
como
penal.
En
concreto,
se
ha
modificado
el
Código
Penal,
agravándose
las
sanciones
por
fraude
a la
Seguridad
Social
y
los
delitos
contra
los
derechos
de
los
trabajadores.
Se
han
reforzado
la
coordinación
y
colaboración
entre
organismos
y
administraciones.
Junto
a la
creación
de
una
Unidad
Especial
de
apoyo
y
colaboración
de
la
Inspección
de
Trabajo
con
Juzgados,
Tribunales
y
Fiscalía
General
del
Estado,
se
han
firmado
convenios
de
colaboración
con
organismos
estatales,
como
la
Agencia
Tributaria
o
las
Fuerzas
y
Cuerpos
de
Seguridad
del
Estado,
así
como
con
las
comunidades
autónomas
y
entidades
como
el
Consejo
general
del
Notariado
y el
Colegio
de
Registradores
de
España.
Del
mismo
modo,
se
ha
reforzado
la
estructura
operativa
de
la
inspección
de
Trabajo,
con
el
incremento
de
medios
personales:
Entre
2012
y
2015
se
habrán
incorporado
201
nuevos
efectivos
entre
Inspectores
de
Trabajo
y
Seguridad
Social
y
Subinspectores
de
Empleo
y
Seguridad
Social.
80
más
están
en
proceso
de
selección
y se
incorporarán
en
2016.
Asimismo,
la
Oferta
de
Empleo
Público
para
2015
incluye
una
tasa
de
reposición
de
hasta
el
50%
de
los
efectivos
inspectores.
Resultados
de
la
lucha
contra
el
fraude
laboral
Estas
actuaciones
han
arrojado
unos
resultados
muy
positivos
tanto
desde
el
punto
de
vista
de
las
actuaciones
inspectoras
como
del
impacto
económico.
En
los
años
2012,
2013
y
2014
se
han
aflorado
252.822
empleos
y se
han
anulado
un
total
de
103.238
altas
ficticias
o
contratos
de
trabajo
falsos
en
empresas
ficticias,
empresas
sin
actividad
creadas
con
el
objeto
de
facilitar
el
acceso
fraudulento
a
prestaciones.
Durante
igual
período
de
tiempo
la
Inspección
de
Trabajo
y
Seguridad
Social
ha
transformado
115.747
contratos
temporales
en
indefinidos.Asimismo,
el
conjunto
de
actuaciones
desplegadas
en
lucha
contra
el
empleo
irregular
y el
fraude
a la
Seguridad
Social
en
los
años
2012,2013
y
2014
han
tenido
un
impacto
económico
global
estimado
en
11.343
millones
de
euros. |
