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13 de MARZO de 2015
La Audiencia Provincial de Madrid pone en marcha una iniciativa en el campo de la mediación penal

LAWYERPRESS emprende

El proyecto fue presentado por el presidente de la Audiencia Eduardo de Porres en una jornada a la que acudieron diferentes operadores jurídicos

El Tribunal madrileño apuesta por la justicia restaurativa y pone en marcha un proyecto para alcanzar acuerdos mediados entre las partes antes de la vista oral. El equipo de mediación contará con diez integrantes y está previsto que trabaje en el próximo año en más de un centenar de asuntos en cuatro de las secciones penales de la Audiencia. El protocolo de actuación se aplicará, en una fase inicial, en asuntos por delitos económicos (estafas y apropiaciones indebidas) y de lesiones con deformidad. El proyecto fue en una jornada informativa en la Audiencia en la que participaron vocales del CGPJ, más de medio centenar de magistrados, secretarios, fiscales, abogados, mediadores y demás operadores jurídicos. Hay que señalar que profesionales como Virginia Domingo o el propio Vicente Magro, presidente de la Audiencia Provincial de Alicante ya han puesto en marcha sendos proyectos en este terreno con notable éxito en sus respectivos casos.

La Audiencia Provincial de Madrid pondrá en marcha en los primeros días del próximo mes de abril un proyecto de mediación penal en cuatro de las secciones del tribunal madrileño con el objeto de impulsar la justicia restaurativa y de reparación del daño a las víctimas y perjudicados sin necesidad de llegar a juicio. El proyecto fue presentado por el presidente de la Audiencia, Eduardo de Porres, en una jornada informativa a la que se dieron cita los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez y Rafael Mozo, además de cerca de un centenar de asistentes entre magistrados, secretarios, fiscales, abogados, mediadores y demás representantes de los operadores jurídicos.

Según se recoge en el protocolo de implementación del proyecto presentado por Porres, que se encuentra en una avanzada fase de elaboración, la mediación en asuntos penales en el que es el mayor tribunal colegiado de España comenzará en los primeros días de abril. Un equipo formado inicialmente por diez mediadores de Fundación Signum iniciará su trabajo en una oficina habilitada para ello en el edificio.

Está previsto que el proyecto de mediación, que se desarrollará por espacio de un año, se aplique en los casos con más posibilidades de éxito,  que son los delitos económicos (estafas y apropiaciones indebidas, principalmente) y el delito de lesiones con deformidad. No obstante, en la hoja de ruta se refleja la posibilidad de abrir esta opción procesal a otros supuestos penales.
La experiencia se pondrá en marcha en cuatro de las quince secciones penales del tribunal madrileño; en concreto serán las secciones 7ª, 15ª, 17ª y 29ª las que inicien el programa. La Presidencia del Tribunal prevé que se trabajará sobre una estimación de entre 100 y 120 asuntos. Este importante volumen de expedientes, y su trascendencia en materia penal, darán como fruto “conclusiones muy significativas y relevantes en este campo”, en palabras del propio Eduardo de Porres.

El protocolo de actuación está prácticamente concluido, si bien está considerado aún como un documento de trabajo abierto a las iniciativas de los magistrados, secretarios, fiscales o cualquier otro operador jurídico que desee realizar sus aportaciones técnicas.
Dicho documento contempla un plazo de un mes para que se pongan las bases del consentimiento del proceso de mediación y otros treinta días para la mediación propiamente dicha. Dependiendo de las características del asunto, estos plazos pueden variar. Igualmente, se trabaja sobre la posibilidad de que se señale el juicio o no mientras se desarrolla el plan de mediación en un asunto concreto.

El proyecto de mediación penal en la Audiencia Provincial de Madrid comenzó a gestarse hace más de un año cuando su por entonces presidenta, Ana Ferrer, hoy en día en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, comenzó las reuniones de trabajo con Fundación Signum, una entidad especializada en la mediación, y cuya responsable es Rosa Mijangos. Esta ambiciosa iniciativa se ha visto respaldada en su gestación por el CGPJ, con la responsable del Servicio de Mediación, Ana María Carrascosa al frente; por la Fiscalía de la Audiencia madrileña, cuya coordinadora será Ana Belén Vargas y por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, también a través de su Centro de Mediación, dirigido por Fernando Bejarano.

Una herramienta procesal “eficaz” y “necesaria”

El plan para introducir la mediación penal antes de la vista oral en la Audiencia Provincial se presentó mediante una serie de conferencias explicativas en la biblioteca de la sede, que se quedó pequeña ante la gran afluencia de interesados en conocer sus detalles en primera persona.

El profesor de Derecho Penal en la Universidad de Comillas (ICADE) y mediador, Julián Ríos, explicó con varios ejemplos los beneficios procesales y humanos de la aplicación de la justicia restaurativa. Su experiencia en encuentros con víctimas de ETA y los miembros de la banda, así como con un condenado por el 11-M y heridos de aquellos atentados, sirvieron para ilustrar gráficamente que “la mediación es una herramienta procesal eficaz” gracias a la cual “la Justicia funciona de principio a fin”.

Por su parte, la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, Rosa Freire, quien ha tutelado numerosos acuerdos de mediación, apostó decididamente por esta figura para facilitar “un cambio de mirada” de la administración de justicia y destacó los elevados índices de satisfacción de los usuarios del servicio, así como el importante número de acuerdos alcanzados, que se estima entre un setenta y un ochenta por ciento del total.

Freire recordó a los asistentes que el primer caso documentado de mediación en materia penal tuvo lugar en 1974 y sirvió para resolver eficazmente un asunto de vandalismo juvenil. Además, destacó que esta figura procesal está recogida en un importante número de resoluciones de la ONU y del Consejo de Europa y, en concreto, en el Estatuto europeo de la Víctima de 2012.
Respecto al ordenamiento jurídico español, la magistrada apeló al artículo 21.5 del Código Penal, sobre la prevención y la reparación del daño causado, que permite expresamente aplicar el atenuante muy cualificado en este tipo de casos, y a la vez apuntó a otras fórmulas para certificar un acta de conformidad tras el proceso de mediación.

En resumen, Freire, con su dilatada experiencia en este campo, concluyó que la “mediación es un elemento muy valioso para aliviar el sistema judicial” al funcionar de “un modo muy positivo frente a los paradigmas clásicos que propone la justicia retributiva y de resocialización”.

Como la gran mayoría de los ponentes subrayaron, la mediación penal ya se aplica con éxito en el País Vasco y Cataluña y, aunque en los juzgados de instrucción y de lo Penal de la capital también se ha puesto en práctica, principalmente a instancias de la Fiscalía, no se ha hecho con el empuje que esta eficaz herramienta procesal requiere.

Finalmente, todos los participantes, ponentes y asistentes, coincidieron, con carácter general y a modo de conclusión, en la necesidad de incorporar de forma paulatina la mediación penal en las administración de justicia madrileña, venciendo las resistencias lógicas a que debe hacer frente todo proceder novedoso y articulando una “cultura de la mediación” que suponga un avance para profesionales y ciudadanos.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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