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Tal
y
como
ya
había
hecho
en
alguna
otra
intervención
pública,
el
presidente
del
Tribunal
Supremo
y
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
Carlos
Lesmes,
reiteró
ayer
el
compromiso
de
este
órgano
constitucional
de
implicarse
“activamente”
en
la
lucha
contra
la
corrupción,
que
se
ha
materializado
esta
misma
semana
con
la
constitución
y
puesta
en
marcha
de
la
Unidad
de
Apoyo
para
Causas
por
Corrupción
(UACC). La
UACC,
que
evaluará
los
problemas
que
existen
en
los
órganos
judiciales
que
tramitan
este
tipo
de
procedimientos,
propondrá
medidas
de
ayuda
y
refuerzo
a
los
mismos
que
contribuyan
a
conseguir
una
respuesta
ágil
y
eficaz
ante
la
corrupción,
lo
que
“ayudará
también
a
que
aumente
la
confianza
de
los
ciudadanos
en
la
Justicia
y en
el
trabajo
de
nuestros
jueces”.
Habrá
que
conocer
más
a
fondo
la
composición
de
esta
Unidad
para
saber
realmente
cuál
va a
ser
su
función.
Hoy
viernes
en
Consejo
de
Ministros
se
da
por
hecho
que
se
aprueba
la
reforma
de
la
Lecrim
ya
como
proyecto
de
ley.
“Existen
condenas
por
corrupción
pero,
muchas
veces,
llegan
tarde
y
después
de
farragosos
procesos.
Somos
conscientes
de
que
la
dilación
entre
el
delito
y la
condena
reduce
drásticamente
el
efecto
preventivo
de
la
Justicia”,
manifestó
el
propio
Lesmes
ante
los
alumnos
de
la
Universidad
Rey
Juan
Carlos
durante
la
inauguración
de
las
III
Jornadas
de
Derecho
Penal
Económico
que
impulsa
la
Cátedra
Financiera
y
Forense
de
esta
entidad
que
patrocina
KPMG
Forensic.
En
estas
jornadas,
que
concluyen
mañana,
también
participan
Ángel
Juanes
Peces.
Vicepresidente
del
Tribunal
Supremo,
quien
disertará
sobre
el
papel
de
la
Justicia
frente
a la
Corrupción
y
Manuel
Marchena,
presidente
de
la
Sala
Penal
del
Tribunal
Supremo
quien
abordará
la
reforma
procesal
como
instrumento
para
la
investigación
de
delitos
económicos
en
el
día
de
hoy.
El
presidente
del
TS y
del
CGPJ,
subrayó
que
la
corrupción
es
una
“lacra
social
que
está
minando
la
credibilidad
en
las
instituciones
y en
nuestro
sistema
político”,
explicó
a
los
asistentes
a
este
evento
que
la
UACC
se
configura
como
una
unidad
técnica
de
carácter
instrumental
al
servicio
de
jueces
y
magistrados
que
actuará
a
petición
de
éstos
y
sin
invadir
sus
cometidos
jurisdiccionales
proponiendo
a la
Comisión
Permanente
del
Consejo
la
aprobación
de
planes
de
apoyo
a
los
órganos
judiciales
que
tramiten
causas
de
especial
complejidad.
Entre
las
medidas
que
podrán
adoptarse
-además
de
las
consistentes
en
refuerzos
judiciales,
personales
y
materiales-
figuran
la
de
recabar
de
las
Administraciones
Públicas
la
puesta
a
disposición
de
los
instructores
de
causas
por
corrupción
de
especialistas
en
economía,
contabilidad,
informática
y
otras
materias
o la
de
formar
a
los
jueces
en
técnicas
de
investigación
y
localización
de
activos
provenientes
del
delito.
La
UACC
también
podrá
proponer
medidas
de
auxilio
en
los
requerimientos
de
información
a la
Administración
Pública,
pudiendo
llegar
a
requerir
a
los
Poderes
Públicos
la
inmediata
remisión
de
lo
solicitado
por
el
juez;
así
como
otras
dirigidas
a
garantizar
la
independencia
judicial
cuando
ésta
se
pueda
ver
amenazada
o
perturbada
en
la
tramitación
y
resolución
de
procedimientos
por
corrupción.
“Este
papel
de
garante
de
la
independencia
judicial
cobra
especial
importancia
frente
a
las
presiones
explícitas
o
implícitas
que
los
miembros
del
Poder
Judicial
pudieran
sufrir
cuando
estuvieran
enjuiciando
penalmente
a
personas
relevantes
del
poder
político
o
económico”;
comentó
el
propio
Lesmes.
El
presidente
del
TS y
del
CGPJ
se
refirió
también
a la
transparencia
de
las
instituciones
como
uno
de
los
“instrumentos
fundamentales”
para
combatir
la
corrupción
y ha
recordado
que
el
Consejo
cuenta
desde
el
pasado
2 de
julio
–seis
meses
antes
de
la
entrada
en
vigor
de
la
Ley
de
Transparencia-
con
un
Portal
de
Transparencia
que
explicita
el
compromiso
de
sus
miembros
de
desarrollar
su
actividad
con
total
publicidad
y
sin
secretismo
alguno,
a la
vista
de
los
jueces
y de
los
ciudadanos,
como
fórmula
exigente
para
un
mejor
gobierno.“Cuando
las
decisiones
que
deben
adoptarse
desde
el
sector
público,
sus
fundamentos
y
causas,
se
someten
al
examen
de
su
publicación
íntegra,
se
genera
de
manera
espontánea
un
filtro
de
calidad
y
corrección
en
la
actuación
de
los
poderes
públicos”,
ha
concluido
Lesmes. |
