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Profundizar
en
la
relación
de
la
pobreza
con
las
políticas
públicas
del
Estado;
el
derecho
económico
y la
fiscalidad;
su
relación
con
la
administración
de
justicia
y su
relación
directa
con
la
exclusión
y
los
valores
éticos,
han
sido
los
ejes
de
esta
decimotercera
edición
del
Congreso
Unijes
de
las
universidades
jesuitas,
que
en
esta
edición,
junto
al
anfitrión
ICADE
COMILLAS,
Deusto
y
ESADE
han
contado
con
la
incorporación
de
la
Facultad
de
Ciencias
Sociales
y
Jurídicas.
Universidad
Loyola
Andalucía.
Un
día
de
debates
intensos
culminado
con
la
conferencia
del
catedrático
de
Derecho
Administrativo
Santiago
Muñoz
Machado
quien
hizo
a
través
de
la
historia
un
análisis
comparativo
de
aquel
siglo
XVI
donde
arrancaron
los
primeros
brotes
de
pobreza
y la
sociedad
actual,
en
crisis
y
con
grandes
colectivos
en
riesgo
de
exclusión.
Este
evento
patrocinado
por
Cuatrecasas
Goncalves
Pereira
y
Fundación
Fernando
Pombo
y
con
la
colaboración
de
Clifford
Chance
sirvió
para
señalar
al
Derecho
y a
los
abogados
como
elementos
que
pueden
ayudar
a
luchar
contra
esta
lacra
social.
De
nuevo
ICADE
COMILLAS
se
convirtió
en
el
punto
de
reunión
de
juristas
de
toda
España.
En
esta
oportunidad
el
tema
monográfico
era
desgranar
las
relaciones
entre
Derecho
y
Pobreza
en
el
entorno
de
crisis
en
el
que
vivimos.
Cuatro
áreas
grandes
de
debate
para
ver
las
caras
de
la
pobreza.
Pobreza
y
Estado
Social;
Pobreza
y
Sistema
Fiscal;
Pobreza
y
Administración
de
Justicia
y
Pobreza
y su
relación
con
valores
éticos
y
exclusión
social.
Al
final
decidimos
acudir
a la
primera
gran
jornada.
Allí
esperan
entre
otros
ponentes
Carmen
Pombo,
presidenta
de
Fundación
Fernando
Pombo
y
Enric
Bartlett,
experto
en
urbanismo
y
años
atrás
Decano
de
la
Facultad
de
Derecho
de
ESADE,
junto
a
María
Macías,
profesora
de
Derecho
Constitucional
de
ICADE
y
Elia
Marzal,
profesora
de
Derecho
Público
de
ESADE.
Carmen
Pombo
analiza
la
evolución
del
pro
bono
en
España
y
como
ha
sido
un
elemento
que
ha
ido
entrando
en
aquellos
lugares
donde
el
Turno
de
Oficio
no
llega.
Es
el
caso
a la
inversa
que
en
Reino
Unido
donde
el
Pro
Bono
es
fuerte
y
los
despachos
facturan
muchas
horas
sin
coste
lo
que
ha
hecho
que
el
gobierno
de
aquel
país
redujera
su
inversión
en
el
Turno
de
Oficio.
“Hay
que
darse
cuenta
que
la
Responsabilidad
Social
de
la
Abogacía
es
una
parte
de
la
RSC
y es
lo
que
da
sentido
al
pro
bono”;
apunta.
Su
experiencia
en
este
campo
es
extensa.
Dirige
Fundación
Fernando
Pombo
desde
el
2010
y
está
presente
en
organizaciones
internacionales
como
Pilnet
o
IBA
desde
muy
joven.
Ahora
lidera
otra
iniciativa
junto
al
modelo
tradicional
de
pro
bono
donde
diferentes
abogados
asesoran
a
asociaciones
u
ONGs
de
temas
legales.
“Queremos
trasladar
a
los
abogados
de
empresa
los
riesgos
que
hay
de
violar
los
derechos
humanos
en
estas
entidades,”
apunta.
Y
cuando
le
preguntamos
por
esos
riesgos
nos
habla
tanto
de
los
derechos
laborales
de
los
trabajadores
como
de
actividades
que
cualquier
multinacional
pueda
realizar
vulnerando
los
derechos
de
terceras
personas,
aunque
nos
concreta
que
esos
riesgos
son
diferentes
en
cada
empresa
o
sector
de
actividad.
Es
evidente
que
el
papel
del
abogado
con
su
asesoramiento
a
entidades
que
no
pueden
sufragar
este
servicio
legal
reivindica
el
fin
social
de
la
abogacía
y
sirve
como
actividad
para
luchar
contra
la
pobreza.
Los
otros
temas
de
esta
jornada
también
tienen
interés.
María
Macías
constitucionalista
hablar
de
la
igualdad
jurídica,
un
concepto
que
aparece
en
el
artículo
14
de
la
Constitución
pero
que
a
veces
por
la
actividad
del
legislador
parece
que
no
lo
tuviera
en
cuenta,
cuando
aprueba
diferentes
normas
legislativas.
Elia
Marzal,
por
su
parte
profundiza
en
la
tensión
existente
entre
Estado
y
CCAA
en
el
tema
de
la
inmigración
y
cómo
la
crisis
ha
sido
un
elemento
que
ha
hecho
perder
muchos
derechos
a
los
emigrantes
que
llegaron
a
nuestro
país.
De
hecho
incluso
el
Tribunal
Constitucional
surge
en
algunas
sentencias
como
árbitro
entre
esas
pugnas
entre
el
poder
estatal
y el
autonómico.
Y
Enric
Bartlett
analiza
el
concepto
que
ya
ha
entrado
en
nuestro
léxico
de
pobreza
energética,
un
término
que
define
a
núcleos
de
la
población
que
están
perdiendo
incluso
este
derecho
tan
elemental.
Su
intervención
sirvió
para
definir
como
en
determinadas
situaciones
los
poderes
públicos
pueden
y
deben
hacer
un
esfuerzo
para
ayudar
a
los
más
desfavorecidos.
El
dato
que
aportó
es
muy
preocupante
al
señalar
que
en n
país
como
Reino
Unido
había
cerca
de
2,5
millones
de
familias
con
esta
carencia
y en
riesgo
de
exclusión
social. |
