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El
doctor
Julio
García
Guerrero,
autor
del
trabajo
titulado
“El
consentimiento
informado
en
el
ámbito
penitenciario”,
recibió
de
Agustín
Rivero,
director
general
de
la
Cartera
Básica
de
Servicios
del
Sistema
Nacional
de
Salud
y
Farmacia
del
Ministerio
de
Sanidad,
Servicios
Sociales
e
Igualdad,
el
II
Premio
Nacional
de
Derecho
Sanitario.
El
acto
ha
tenido
lugar
en
la
Real
Academia
Nacional
de
Medicina.
Este
premio,
patrocinado
por
las
fundaciones
A.M.A.
y De
Lorenzo,
reconoce
los
trabajos
de
investigación
de
los
profesionales
sobre
temas
relacionados
con
el
Derecho
Sanitario.
Para
Ricardo
De
Lorenzo,
presidente
de
la
Asociación
Española
de
Derecho
Sanitario
(AEDS)
y de
la
Fundación
De
Lorenzo,
“esta
segunda
edición
ha
mostrado
de
nuevo
que
los
trabajos
finalistas
tienen
una
gran
calidad
científica
y
una
firme
voluntad
de
implicarse
en
la
realidad
social.
Ha
sido
muy
difícil
decidirse,
ya
que
los
cuatro
trabajos
finalistas
presentaban
aspectos
muy
importantes
para
el
sector
sanitario.”
Por
su
parte,
Diego
Murillo,
presidente
de
la
Fundación
A.M.A.,
considera
que
“en
solo
dos
ediciones
el
Premio
Nacional
de
Derecho
Sanitario,
se
ha
convertido
en
una
de
las
iniciativas
anuales
relevantes
de
nuestra
Fundación.
Creo
que
enlazar
Sanidad
y
Derecho
no
puede
tener
más
actualidad,
ni
más
resultados
prácticos.
A.M.A.
Seguros
ha
sido
pionera
en
este
ámbito.
En
nuestra
mutua
trabajan
más
de
300
letrados
especialistas
en
Derecho
sanitario.
A
través
de
la
Fundación
también
podemos
trasladar
ese
compromiso
a la
investigación
y
reflexión
sobre
el
Derecho
Sanitario,
así
que
estamos
muy
satisfechos
de
estos
premios”.
“El
consentimiento
informado
en
el
ámbito
penitenciario”
El
doctor
Julio
García
Guerrero,
funcionario
del
Cuerpo
Facultativo
de
Sanidad
Penitenciaria,
Doctor
por
la
Facultad
de
Derecho
de
la
Universidad
de
Valencia
y
vocal
de
la
Comisión
Central
de
Deontología
de
la
Organización
Médica
Colegial
de
España,
ha
sido
el
autor
del
trabajo
premiado.
“Constituye
un
gran
honor
para
mí
recibir
este
premio.
Desde
una
perspectiva
personal
es
muy
gratificante
que
personalidades
de
la
talla
científica
que
tienen
los
miembros
del
jurado
hayan
decidido
que
el
trabajo
de
un
médico
de
prisiones
tiene
la
suficiente
calidad
como
para
recibir
un
premio
tan
prestigioso.
Desde
una
perspectiva
profesional,
yo
quiero
ver
en
este
premio
un
reconocimiento
a
todos
los
profesionales
de
la
sanidad
penitenciaria,
que
desarrollan
una
labor
callada
y
desconocida
y
que,
en
muchos
casos,
son
expertos
en
el
manejo
de
normas
y
leyes,
por
el
carácter
extremadamente
fiscalizado
de
nuestra
labor”
señala
el
premiado.
Este
trabajo
de
investigación
pretende
analizar
las
limitaciones
en
el
derecho
al
consentimiento
informado
que
se
dan
en
los
pacientes
del
ámbito
penitenciario.
Según
Julio
García
Guerrero
“ésta
es
una
situación
sensiblemente
diferente
a la
que
rige
para
la
población
general
y
que
solo
se
sustenta
en
la
doctrina
que
sentó
el
Tribunal
Constitucional
a
propósito
de
la
huelga
de
hambre
de
los
presos
del
GRAPO
en
1989-90,
un
par
de
artículos
de
la
Ley
orgánica
general
penitenciaria
-el
3.4
y el
45.1.b-
de
texto
interpretable
y
otro
del
Reglamento
Penitenciario,
que
no
es
más
que
una
norma
administrativa.
Además,
esta
situación
choca
frontalmente
con
la
legislación
española
sobre
consentimiento
informado
fundamentalmente
por
la
ley
41/2002
de
Autonomía
y el
Convenio
de
Oviedo.
Por
eso,
en
mi
trabajo
analizo
todos
estos
aspectos
legales
e
intento
dar
también
una
visión
desde
la
deontología
y la
ética
médicas”.
La
obra
“El
consentimiento
informado
en
el
ámbito
penitenciario”
considera
que
hay
presos
perfectamente
capaces
de
tomar
decisiones
sobre
su
vida
y
salud.
Además,
concluye
explicando
que
los
artículos
210
y
211
del
reglamento
Penitenciario
deberían
ser
modificados,
“ya
que
su
espíritu
y su
letra
contradicen
normas
de
rango
superior
y
que
son
de
aplicación,
como
las
mencionadas
ley
de
autonomía
y el
Convenio
de
Oviedo.
Además,
una
norma
administrativa
no
puede
limitar
los
derechos
de
las
personas,
eso
sólo
puede
hacerlo
una
ley”
matiza
el
autor
del
trabajo.
Además,
este
premio
pone
de
actualidad
este
subsistema
sanitario,
de
carácter
público.
Tal
y
como
puso
de
manifiesto
el
presidente
de
la
Asociación
Española
de
Derecho
Sanitario
“la
obra
afronta
un
tema
hasta
ahora
inédito
sobre
las
personas
privadas
de
libertad.
Sin
duda,
Julio
García
sintetiza
en
su
trabajo
de
investigación
el
riesgo
de
vulnerabilidad
que
pueden
presentar
las
personas
en
el
ámbito
carcelario”.
El
presidente
de
la
Fundación
A.M.A.
añade
que
“es
un
estudio
de
primerísimo
nivel,
que
va a
ser
referencia
obligada
sobre
esta
cuestión.
Me
parece
admirable
que
un
médico
experto
en
deontología
tenga
también
tanto
dominio
jurídico.
Ojalá
hubiera
muchos
más
como
él”.
Además
de
este
trabajo
fueron
finalistas
la
“Biografía
no
autorizada
de
la
exclusividad.
Historia
natural
(ilegítima)”
de
exclusividad
del
doctor
Antonio
Díez
Murciano;
“Límites
a la
autonomía
del
paciente”
de
Esperanza
Hernando
y
“¿Hacia
una
auténtica
responsabilidad
penal
sanitaria?
Análisis
detallado
del
ámbito
de
la
imprudencia
médica”
de
Francisco
Sacristán. |
