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El
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona
(ICAB)
se
ha
adherido
al
manifiesto
de
rechazo
de
la
reforma
del
Código
penal
titulado
'No
hay
derecho.
Por
un
Código
penal
de
todos"
del
que
nuestra
publicación
se
hacía
eco
en
el
día
de
ayer.
. El
texto,
presentado
en
la
Facultad
de
Derecho
de
la
Universidad
de
Barcelona,
ha
contado
con
la
participación
en
una
mesa
redonda
del
decano
de
los
abogados
de
Barcelona,
Oriol
Rusca,
del
decano
de
la
facultad
de
derecho
de
la
UB,
Enoch
Albertí,
del
catedrático
de
derecho
penal
de
la
UB,
Joan
Josep
Queralt,
del
portavoz
de
la
asociación
Jueces
para
la
Democracia,
José
Antonio
Rodríguez.
La
mesa
ha
sido
moderada
por
el
catedrático
Acr.
de
Derecho
penal,
Víctor
Gómez.
Todos
los
ponentes
han
coincidido
en
que
es
totalmente
innecesaria
la
reforma
del
Código
penal
teniendo
en
cuenta
el
bajo
índice
de
delincuencia
en
España
en
comparación
con
otros
países,
como
por
ejemplo
Bélgica
o
Alemania.
Justamente
la
situación
es
la
inversa,
ya
que
los
índices
de
delincuencia
han
bajado
en
los
últimos
11
años.
"Los
únicos
delitos
que
han
aumentado
son
los
delitos
de
estafa
y
robo
con
fuerza,
el
resto
de
delitos
han
disminuido",
ha
explicado
el
decano
del
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona
pero
ha
añadido
que
"este
hecho
no
justifica
un
cambio
que
conlleve
una
restricción
de
las
libertades
de
las
personas
y un
endurecimiento
de
las
penas,
ya
que
muchas
faltas
pasan
a
ser
delitos".
En
este
sentido,
Rusca
ha
calificado
de
"muy
grave"
que
se
pretenda
aparentar
que
se
están
suprimiendo
las
faltas
que
hasta
ahora
regula
el
Código
penal
vigente,
cuando
la
realidad
es
que
muchas
de
ellas
pasan
a
configurarse
como
delitos
leves
o
como
infracciones
administrativas
incorporadas
al
proyecto
de
Ley
orgánica
de
protección
de
la
seguridad
ciudadana.
La
primera
decisión
legislativa
comportará,
como
consecuencia,
penas
más
graves
para
determinadas
conductas
reguladas
hasta
ahora;
la
segunda
llevará
a
sanciones
administrativas
de
importe
económico
muy
grave.
Durante
este
acto
también
se
ha
alertado
de
que
la
reforma
del
Código
penal
no
es
menor,
ya
que
modifica
250
artículos
del
texto
actual,
más
de
una
tercera
parte,
y
que
conlleva
un
endurecimiento
de
la
respuesta
penal
sin
que
exista
ningún
estudio
previo
que
justifique
esta
reforma.
Así
pues,
ha
habido
un
clamor
unánime
de
todos
los
ponentes
al
considerar
un
error
la
introducción
de
la
"pena
de
prisión
permanente
revisable",
porque
en
España
la
duración
de
las
penas
puede
llegar
hasta
los
40
años
efectivos
de
estancia
en
prisión,
período
que
está
por
encima
de
los
cánones
europeos.
Este
endurecimiento
de
las
penas
no
determina
una
mayor
seguridad
en
una
sociedad
democrática.
Y
por
eso
ha
rechazado
que
en
un
estado
democrático
el
derecho
penal
se
convierta
en
un
elemento
de
exclusión
social,
sancionador
de
la
pobreza
y de
control
indeterminado
de
la
ciudadanía
en
manos
de
unos
pocos.
El
decano
del
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona
también
ha
denunciado
que
la
aprobación
de
este
nuevo
Código
penal
conlleva
una
nueva
falta
de
seguridad
jurídica
para
los
ciudadanos
en
muchas
de
las
conductas
que
regula,
como
consecuencia
de
la
descripción
y
utilización
de
expresiones
ambiguas
o
indeterminadas
en
muchas
de
las
figuras
penales
que
se
tipifican.
Además,
Rusca
también
ha
criticado
que
la
legislación
actual
se
está
traduciendo
en
la
creación
de
una
red
normativa
(reforma
del
código
penal,
la
ley
de
seguridad
ciudadana
y
del
pacto
yihadista)
que
limita
las
libertades
de
los
ciudadanos.
El
manifiesto
también
denuncia
que
una
reforma
tan
importante
como
es
la
del
Código
penal
ha
tenido
un
proceso
parlamentario
largo
que
no
se
ha
utilizado
para
escuchar
con
la
debida
atención
las
opiniones
de
instituciones
como
el
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
El
Consejo
de
Estado,
del
Consejo
Fiscal
y de
los
diferentes
grupos
parlamentarios.
Lo
que
ha
conducido
a
que
el
nuevo
Código
penal
sea
una
modificación
a
medida
del
Gobierno,
aprovechando
su
mayoría
parlamentaria
y
desaprovechando
así
la
oportunidad
de
hacer
una
reforma
de
consenso. |
