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Ante
la
reforma
penal
emprendida
por
el
Gobierno
el
Grupo
de
Estudios
de
Política
Criminal
considera
necesario
manifestar
públicamente
su
rechazo
tanto
al
contenido
como
a la
forma.
El
Grupo
de
estudios
de
Política
criminal
está
constituido
por
cerca
de
dos
centenares
de
penalistas
con
una
doble
procedencia,
catedráticos
y
profesores
permanentes
de
derecho
penal
de
universidades
españolas,
y
jueces
y
magistrados
activos
en
los
diversos
niveles
de
la
jurisdicción
penal
española.
Constituido
en
1989
como
un
grupo
permanente
de
trabajo
dedicado
a
desarrollar
e
impulsar
investigaciones
y
propuestas
político-criminales
a
partir
de
presupuestos
progresistas
–
véase
Declaración
programática
incluida
en
los
Estatutos
originales-
ha
ampliado
con
el
paso
del
tiempo
su
actividad
a
labores
de
promoción
de
sus
propuestas
en
el
debate
ciudadano
y en
el
ámbito
político.
Desde
este
colectivo
de
profesionales
se
insiste
en
que
“no
hay
derecho”
puesto
que
en
esta
reforma
se
da
un
salto
cualitativo
en
el
endurecimiento
de
la
respuesta
penal
sin
que
exista
ningún
estudio
riguroso
previo
de
la
situación
del
sistema
penal
español
ni
justificación
racional
para
ello.
A
tal
efecto
señalan
que
“Las
tasas
de
población
penada
y
penitenciaria
en
el
Estado
español
son
extremamente
altas
cuando
las
tasas
de
delincuencia
son
inferiores
a la
media
europea.
El
endurecimiento
de
las
penas
no
determina
una
mayor
seguridad
de
las
personas
puesto
que
ésta
depende
en
mayor
medida
de
otros
factores.”
Estos
expertos
recuerdan
que
ya
el
actual
Código
penal
vigente
contempla
penas
de
duración
superior
a
los
cánones
europeos,
permitiendo
ya
en
la
actualidad
cumplimientos
de
hasta
cuarenta
años
de
efectiva
estancia
en
prisión.
La
introducción
de
la
cadena
perpetua
como
vértice
del
sistema
de
penas
abandona
dramáticamente
cualquier
finalidad
de
reinserción
social
y se
utiliza
exclusivamente
con
fines
propagandísticos.
Penas
de
mayor
duración
no
suponen
obtener
mayor
seguridad
pero
sí
provocan,
sin
duda,
supuestos
de
una
crueldad
absolutamente
innecesaria.
De
la
misma
forma,
la
calificación
como
delitos
de
las
infracciones
hasta
ahora
consideradas
como
faltas
representa
una
exacerbación
de
la
respuesta
penal
injusta
y
desproporcionada.
Para
estos
juristas
la
reforma
peca
de
ambigüedad,
dejando
a
los
Tribunales
la
tarea
de
definir
las
respuestas
que
deberían
ser
establecidas
en
sede
parlamentaria.
En
esta
línea
las
sucesivas
referencias
a un
evanescente
criterio
de
peligrosidad
esconden
un
cambio
de
concepción
jurídico
penal
que
camina
de
juzgar
el
hecho
y la
culpabilidad
del
sujeto
a
pretender
juzgar
al
propio
sujeto,
en
línea
con
antiguas
leyes
de
peligrosidad
social
de
nefasto
recuerdo.
Peligroso
Pacto
PP-PSOE
antiterrorista
En
este
sentido
merecen
destacarse
especialmente,
de
un
lado,
el
pacto
PP-PSOE
en
materia
terrorista
donde
-frente
a
medidas
mucho
más
eficaces
como
la
inteligencia,
la
cooperación
o la
política
internacional-
se
huye
al
derecho
penal,
por
un
lado,
tipificando
conductas
que
ya
eran
consideradas
delictivas
con
una
clara
finalidad
exclusivamente
propagandística,
y
por
otro,
difuminando
el
concepto
de
terrorismo,
criminalizando
la
libertad
de
pensamiento,
creando
delitos
de
sospecha
y
conductas
indeterminadas
inaceptables
en
un
Estado
de
derecho.
Por
otro
lado,
la
reforma
penal
– en
sintonía
con
el
Proyecto
de
Ley
de
Seguridad
Ciudadana-
criminaliza
la
protesta
ciudadana
con
el
fin
de
disuadir
a
los
muchos
colectivos
de
ciudadanos
indignados
de
expresar
públicamente
su
rebeldía
contra
una
política
que
destruye
los
cimientos
del
Estado
del
bienestar
y
aprovecha
a
quienes
en
buena
medida
han
provocado
la
crisis
económica
y
siguen
beneficiándose
de
ella
a
juicio
de
estos
expertos.
Un
Estado
democrático
no
puede
asumir
que
el
Derecho
Penal
se
convierta
en
un
instrumento
de
exclusión
social,
sanción
de
la
pobreza
y
control
indeterminado
de
la
ciudadanía
en
manos
de
unos
pocos.
A
todo
lo
anterior
añaden
los
múltiples
y
variados
errores
técnicos
de
que
adolece
la
reforma,
puestos
insistentemente
de
manifiesto
no
sólo
por
expertos
en
la
materia,
sino
también
por
las
más
altas
instituciones
llamadas
a
pronunciarse
-desde
El
CGPJ,
al
Consejo
de
Estado,
pasando
por
el
Consejo
Fiscal-,
cuyas
opiniones
no
han
sido
atendidas
en
la
medida
en
que
merecían
serlo.
La
precipitación
en
la
reforma
y la
ausencia
de
otra
justificación
que
no
sea
la
mera
propaganda
determinan
que
nos
veamos
en
la
obligación
de
calificar
el
texto
como
muy
deficiente
técnicamente,
lo
que
producirá
sin
duda
problemas
de
interpretación
y
aplicación
que
derivan
en
mayor
inseguridad
de
la
ciudadanía
sobre
el
espacio
de
actuación
penal.
Además,
el
Gobierno,
sacando
adelante
a
toda
costa
su
reforma,
ha
ignorado
esas
voces
y la
del
resto
de
Grupos
Parlamentarios,
olvidando
que
el
consenso
en
materia
penal
forma
parte
inescindible
de
su
legitimación
intrínseca.
“No
es
un
Código
penal
de
todos.” |
