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El
Consejo
de
Ministros
aprobó
el
pasado
viernes
la
remisión
a
las
Cortes
de
los
Proyectos
de
Ley
y de
Ley
Orgánica
que
modifican
el
sistema
de
protección
a la
infancia
y a
la
adolescencia.
Se
trata
de
una
reforma
legislativa
que
responde
al
compromiso
del
Gobierno
de
agilizar
los
procesos
de
acogimiento
y
adopción,
mejorar
la
protección
y
atención
a
los
menores
en
todo
el
Estado,
así
como
de
prevenir,
detectar
y
atender
mejor
los
casos
de
malos
tratos.
Así
lo
han
resumido
la
vicepresidenta
del
Gobierno,
Soraya
Sáenz
de
Santamaría,
y el
ministro
de
Sanidad,
Servicios
Sociales
e
Igualdad,
Alfonso
Alonso.
El
ministro
destacó
que
la
reforma
"convierte
a
España
en
el
primer
país
del
mundo
en
incorporar,
de
acuerdo
con
las
recomendaciones
de
Naciones
Unidas,
la
defensa
del
interés
superior
del
menor
como
un
principio".
La
vicepresidenta
ha
añadido
que
"se
definen
por
primera
vez
en
una
norma
estatal
cuáles
son
las
situaciones
de
riesgo
y de
desamparo".
Ambos
apuntaron
que
en
España
hay
casi
35.000
menores
bajo
tutela
o
guarda
de
las
administraciones
públicas.
De
ellos,
21.600
están
acogidos
por
una
familia
y
13.400
en
residencias.
La
finalidad
de
la
reforma
es
que
todos
los
menores
de
tres
años
puedan
vivir
con
en
una
familia
sin
pasar
por
un
centro
de
acogida.
Alfonso
Alonso
explicó
que
la
norma
establece
un
nuevo
marco
de
derechos
y
deberes
de
los
menores.
De
esta
manera,
los
niños
podrán
participar
y
tener
el
derecho
de
"ser
escuchados
en
todos
los
procedimientos
que
les
afectan".
Sus
deberes
afectan
a
las
esferas
familiar,
escolar
y
social.
El
ministro
resaltó
que
se
refuerza
la
protección
a
los
grupos
más
vulnerables,
como
los
menores
extranjeros
que
se
encuentren
en
España,
en
especial
a
los
no
acompañados
o
que
son
víctimas
de
trata.
La
reforma
reconoce
expresamente
"el
derecho
que
tienen
a la
sanidad,
a la
educación
y
los
servicios
sociales
en
igualdad
de
circunstancias
que
el
resto
de
los
españoles".
La
reforma
configura
un
nuevo
sistema
de
protección
de
la
infancia
y
define
en
una
norma
estatal
las
situaciones
de
riesgo
y
desamparo.
La
situación
de
riesgo
viene
derivada
de
conflictos
familiares
o
carencias
sociales
que
perjudican
al
menor.
La
de
desamparo
se
determina
por
el
abandono,
riesgo
para
la
vida,
salud
o
integridad
física;
o la
inducción
a la
mendicidad,
la
delincuencia
o la
prostitución.
El
ministro
aclaró
que
"el
proyecto
establece
con
claridad
que
la
situación
económica
de
la
familia
nunca
es
un
motivo
para
declarar
la
situación
de
desamparo".
Alonso
ha
declarado
que
si
se
produce
esta
situación
el
primer
objetivo
es
"mantener
al
menor
en
la
familia
de
origen
y,
si
no
es
posible,
buscar
la
mejor
familia
para
ese
niño".
A
partir
de
esta
premisa,
la
futura
ley
determina
tres
tipos
de
acogimiento
familiar:
de
urgencia,
temporal
y
permanente.
El
de
urgencia
está
pensado
para
los
menores
de
seis
años
y no
puede
durar
más
de
seis
meses.
El
temporal
tiene
una
duración
máxima
de
dos
años
y se
utilizará
cuando
se
prevé
que
el
menor
va a
poder
volver
son
su
familia
de
origen
o
está
en
un
proceso
de
adopción.
El
permanente
se
produce
cuando
no
es
posible
la
reintegración
familiar
y,
en
algunos
casos,
es
la
única
alternativa
a la
adopción.
Por
otra
parte,
el
texto
regula
por
primera
vez
los
centros
de
protección
para
menores
con
problemas
de
conducta
y
agiliza
los
procesos
de
adopción
nacional.
También
introduce
figuras
nuevas
como
la
adopción
abierta,
mediante
la
que
el
niño
adoptado
sigue
manteniendo
alguna
relación
con
su
familia
biológica.
"La
futura
ley
quiere
garantizar
que
todos
los
niños
tienen
derecho
a
conocer
sus
orígenes
y
que
las
administraciones
públicas
tienen
la
obligación
de
tener
disponible
esa
información
para
ellos",
ha
dicho
el
ministro.
Lucha contra la
violencia
La
reforma
tiene
como
objetivo
transversal
prevenir
y
reforzar
la
lucha
contra
la
violencia
en
la
infancia.
Alfonso
Alonso
afirmó
que
"por
primera
vez
se
reconoce
a
los
menores
como
víctimas
de
la
violencia
de
género".
En
este
sentido,
establece
la
obligación
de
que
los
jueces
tengan
que
pronunciarse
sobre
las
medidas
cautelares
que
afecten
a
hijos
de
mujeres
maltratadas
y
prevé
que
estos
niños
puedan
permanecer
con
sus
madres.
Tanto
el
ministro
como
la
vicepresidenta
incidieron
en
que
la
norma
refuerza
la
protección
frente
a
los
abusos
sexuales.
Los
profesionales
que
estén
en
contacto
habitual
con
niños
tendrán
que
presentar
una
certificación
negativa
de
antecedentes
penales
como
un
requisito
obligatorio.
Por
otra
parte,
se
modifica
la
Ley
de
Protección
de
Familias
Numerosas
para
que
no
pierdan
su
condición
mientras
que
alguno
de
los
hijos
tenga
menos
de
21
años
o 26
si
está
estudiando. |
