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El
Promotor
de
la
Acción
Disciplinaria
ha
incoado
de
oficio
una
información
previa
para
averiguar
si
el
presidente
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Madrid,
Francisco
Vieira,
y
otros
jueces
y
magistrados
de
esta
Comunidad
Autónoma
incurrieron
en
incompatibilidad
al
recibir
una
compensación
económica
por
el
desarrollo
de
una
herramienta
informática
en
Decanatos
y
Órganos
Judiciales
que
se
puso
en
marcha
en
2010.
A
este
efecto
el
propio
Vieira
está
citado
en
el
día
de
hoy
para
aclarar
este
tema.
Se
trata
de
dilucidar
si
la
actividad
por
la
que
viene
percibiendo
ciertas
cantidades
de
una
empresa
privada,
al
colaborar
en
el
desarrollo
de
unas
herramientas,
es o
no
incompatible
con
el
régimen
de
incompatibilidades
de
los
jueces.
Vieira
por
su
parte
en
un
comunicado
aclara
que
lo
hecho
hasta
la
fecha
no
tiene
nada
de
ilícito.
La
decisión
se
produce
después
de
que
Francisco
Vieira
haya
informado
de
que
la
Comunidad
de
Madrid
solicitó
la
colaboración
de
jueces
y
magistrados
además
de
otro
personal
de
la
administración
de
justicia
para
el
desarrollo
de
esta
herramienta
y de
que
entendió
que
esa
actividad
no
precisaba
autorización
ni
reconocimiento
de
compatibilidad
por
parte
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
como
adelanta
El
País
ayer.
Según
este
medio
un
total
de
32
juristas
han
percibido
desde
2011
unos
200.000
euros
por
asesorar
en
proyectos
informáticos
del
Gobierno
madrileño.
El
Promotor
de
la
Acción
Disciplinaria
ha
citado
hoy
al
presidente
del
TSJ
de
Madrid
en
la
sede
del
CGPJ.
El
régimen
de
incompatibilidades
de
los
jueces
y
magistrados
está
regulado
en
el
artículo
389
de
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial.
Al
mismo
tiempo,
la
Comisión
Permanente
se
reunía
ayer
para
analizar
la
situación
y
acordaba
por
unanimidad
dirigirse
al
Servicio
de
Inspección
del
CGPJ
para
recabar
la
información
necesaria
para
aclarar
los
hechos.
Horas
antes,
el
propio
presidente
del
TSJ
y
ante
las
informaciones
aparecidas
en
el
diario
el
Pais
señalaba
que
la
Comunidad
de
Madrid
dispone
de
un
sistema
de
gestión
procesal
(GPRO)
cuya
puesta
en
marcha
se
inició
en
el
año
2010
en
Decanatos,
Órganos
Judiciales
y
Fiscalías.
Una
de
las
ventajas
de
este
sistema
es
el
Compositor
de
Documentos,
una
herramienta
cuya
función
es
la
de
ayudar
a
generar
documentos
utilizados
en
la
tramitación
de
expedientes
judiciales.
En
ese
comunicado
también
indicaba
que
fue
la
Comunidad
de
Madrid
requirió
de
la
colaboración
de
jueces
y
magistrados
además
de
otro
personal
de
la
administración
de
Justicia.
Para
ello
se
constituyeron
grupos
de
trabajo
en
cada
orden
jurisdiccional.
Cada
grupo
de
trabajo
se
formó
con
un
magistrado
y
un
secretario
judicial
designado
por
el
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Madrid
y
funcionarios.
Se
les
encomendó
tareas
de
colaboración
en
la
implantación
de
este
Sistema.
Compensación
económica
pactada
Vieira
señala
que
“como
no
son
funciones
propias
de
su
cometido
como
magistrados,
secretarios
o
funcionarios,
la
actividad
se
desarrolló
fuera
del
horario
laboral
y
suponía
un
gran
esfuerzo
de
trabajo
de
los
juristas,
se
acordó
con
la
Agencia
Informática
y de
Comunicaciones
de
la
Comunidad
de
Madrid
(ICM)
una
compensación
económica
que
realizó
la
empresa
INDRA,
contratada
por
ICM
para
desarrollar
técnicamente
este
Sistema
“,
indica
También
se
indica
que
la
intervención
de
estos
equipos
ha
sido
esencial
para
dotar
a
los
Juzgados
y
tribunales
de
las
herramientas
informáticas
adecuadas
para
ejercer
su
labor,
lo
que
difícilmente
se
habría
logrado
sin
su
colaboración
y
todas
las
cantidades
percibidas
han
sido
declaradas
a
Hacienda
efectuándose
las
retenciones
correspondientes.
Desde
el
comienzo
de
la
actuación
de
estos
Grupos
de
Trabajo
y
Comités,
he
entendido
que
mi
actuación
y la
de
los
Magistrados
integrados
en
esos
grupos
estaba
exceptuada
de
la
necesidad
de
solicitar
al
CGPJ
la
autorización
o
reconocimiento
de
compatibilidad
que
prevé
para
determinados
supuestos
el
Reglamento
de
la
Carrera
Judicial,
al
ser
aplicable
lo
dispuesto
en
su
artículo
343.
Para
Vieira
“esta
actividad
es
una
forma
de
producción
jurídica
que
redunda
directamente
a
favor
de
la
Administración
de
Justicia,
por
lo
que
entiendo
que
está
exceptuada
del
régimen
de
incompatibilidades”,
finalizaba
en
el
comunicado
que
nos
hizo
llegar
a
los
medios
informativos. |
