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El
Aula
Magna
de
la
Nau
acogió
en
el
día
de
ayer
la
presentación
del
catálogo
de
99
medidas
de
efectiva
aplicación
contra
la
corrupción
suscritas
por
un
grupo
de
28
profesionales,
catedráticos,
sociólogos,
abogados,
jueces
entre
ellos
que
configuran
la
llamada
la
plataforma
Sociedad
Civil
contra
la
Corrupción.
En
un
detallado
informe
que
nuestro
lector
se
puede
descargar
para
su
consulta
plantean
medidas
relacionadas
con
el
fortalecimiento
de
la
función
pública
y el
control
de
la
administración,
propuestas
electorales
como
las
listas
abiertas
y
limitación
de
permanencia
en
cargo
público
a 8
años,
la
destitución
de
los
cargos
imputados
o la
prohibición
de
que
empresas
con
contrato
vigente
con
la
administración
realicen
donaciones
a
partidos.
También
analizan
como
buena
opción
la
reducción
a un
tercio
de
los
cargos
públicos
y la
supresión
de
los
asesores.
Entre
los
firmantes
los
magistrados
José
María
Tomás,
presidente
de
la
sección
segunda
de
la
Audiencia
Provincial
de
Valencia
y
presidente
de
la
Fundación
por
la
Justicia,
uno
de
los
impulsores
de
esta
idea,
junto
con
Manuela
Carmena;
jueza
Fundación
Ciudadanía
y
Justici;
Pedro
Viguer,
juez
decano
de
Valencia
o
Vicente
Ríos,
juez
de
instrucción
del
juzgado
quince
de
Valencia,
entre
otros
ilustres
juristas.
Es
evidente
que
la
sociedad
civil
se
mueve
y
quiere
colaborar
en
el
cambio
que
necesita
nuestro
país,
asolado
por
la
crisis
y la
corrupción.
A
las
ya
conocidas
Plataforma
Ciudadana
por
la
independencia
Judicial
o
Fundación
Hay
Derecho
se
ha
unido
la
llamada
Sociedad
Civil
contra
la
Corrupción
con
sede
en
Valencia.
Los
integrantes
han
decidido
constituir
la
Iniciativa
la
Sociedad
Civil
contra
la
Corrupción
(SCcC),
plataforma
ajena
a
cualquier
opción
política,
que
propone
un
observatorio
ciudadano
permanente
y un
foro
ciudadano
anual
frente
a la
corrupción,
para
dar
seguimiento
y
evaluar
la
situación
que
esa
maldición
sigue
ocupando
en
nuestro
país,
examinando
el
grado
de
respuesta
desde
lo
público
y
proponiendo
medidas
de
mejora.
Según
se
comentó
en
la
presentación
de
ayer,
antes
del
inicio
de
las
convocatorias
electorales
en
este
2015
y
con
el
fin
de
no
interferir
en
ninguna
de
ellas,
este
grupo
de
expertos
quiere
dar
a
conocer
un
elenco
de
propuestas
muy
concretas,
asumiendo
autocríticamente
sus
omisiones
y
tolerancias,
pero
exigiendo
que
cesen
las
prácticas
contrarias
a
normas
esenciales
de
convivencia
decente
que
la
Constitución
rechaza
y
nuestra
conciencia
repudia,
contra
la
preocupante
corrupción
que
afecta
a
muchas
instituciones
democráticas
españolas.
La
Sociedad
Civil
contra
la
Corrupción
es
una
iniciativa
que
surge
en
Valencia,
en
el
seno
de
la
Fundación
por
la
Justicia
y
pretende
invitar
a
los
partidos
políticos
y
poderes
públicos
a
adoptar
este
catálogo
de
mínimos,
nacido
de
la
exigencia
de
la
ciudadanía,
para
forzar
un
compromiso
firme
contra
esta
perversión
que
es,
actualmente,
la
segunda
causa
de
preocupación
de
los
españoles.
Otras
medidas
que
se
contemplan
en
el
amplio
dossier
de
presentación
de
esta
institución
contempla
la
estricta
regulación
de
las
subvenciones
a
sindicatos
y
organizaciones
empresariales.
Mayores
penas
a
los
políticos
o
funcionarios
que
cometan
delito
en
el
ejercicio
de
su
cargo.
Cambios
en
la
manera
de
elegir
a
los
miembros
del
CGPJ,
del
Tribunal
de
Cuentas
y
del
Tribunal
Constitucional
o la
imposibilidad
de
remover
a un
Fiscal
que
esté
trabajando
en
un
caso
de
corrupción,
cuestiones
que
nuestros
lectores
ya
conocen
que
son
algunos
de
los
caballos
de
batalla
de
nuestra
justicia
y
que
al
final
es
lo
que
la
politiza.
También
se
apunta
por
diversas
modalidades
de
consulta
y
participación
ciudadana.
Tasas
disuasorias
o
penalizadoras
por
actividades
empresariales
corrompidas.
Y
sobre
todo
Transparencia
y
más
transparencia…
entre
muchas
otras
medidas
posibles.
A
los
firmantes
del
texto,
especialistas
en
los
distintos
campos
dónde
han
redactado
sus
propuestas
(administración
pública,
consumo,
derecho,
economía,
ética,
justicia,
medicina,
organización
empresarial,
psicología,
sociología
y
urbanismo),
les
une
su
preocupación
compartida
con
la
ciudadanía
por
la
degradación
social
y
moral
de
la
sociedad.
Han
suscrito
este
manifiesto
Adela
Cortina,
Catedrática
de
Ética
U.V.,
Fundación
Etnor;
Almudena
Bernabéu,
Abogada,
Center
for
Justice
&
Accountability.
Ana
Móner,
Abogada
de
consumo,
Fundación
por
la
Justicia
-
Aurelio
Martínez,
Catedrático
de
Economía
Aplicada
U.V.,
Fundación
por
la
Justicia.
Elena
Alday,
Arquitecta
urbanista,
Agrupación
de
urbanistas
COAMU
.
Ester
Monasterio,
Arquitecta
urbanista,
Agrupación
de
urbanistas
COAMU.
Ignasi
Carreras,
Profesor
RSC
en
ESADE.
Inés
Olaizola,
Catedrática
de
Derecho
Penal,
Universidad
Pública
de
Navarra
.
Javier
Vilalta,
Abogado,
Asociación
Antiguos
Alumnos
Jesuitas
Valencia.
Jesús
Bartolomé,
Abogado
y
Psicólogo
y
Jesús
Conill,
Catedrático
de
Filosofía
Moral
U.V.,
Fundación
Etnor-
Otros
profesionales
liberales
que
impulsan
este
documento
son
José
Antonio
Sanahuja,
Departamento
de
Relaciones
Internacionales
de
la
Facultad
de
Ciencias
Políticas
y
Sociología
de
la
Universidad
Complutense
de
Madrid.
José
Luis
Zaragosí,
Médico.
José
María
Tomás,
Juez,
Fundación
por
la
Justicia.
José
Ramón
Juaniz,
Abogado,
Abogados
del
Mundo.
Juan
Añon,
Abogado,
Fundación
por
la
Justicia.
Julián
Ríos,
Abogado
y
profesor
penal-penitenciario
Universidad
Comillas.
Luis
Cueto,
Sociólogo.
Luis
Miguel
Romero,
Abogado,
Fundación
por
la
Justicia
.
Mabel
Manglano,
Letrada
del
Estado.
Manuela
Carmena,
Juez,
Fundación
Ciudadanía
y
Justicia
Manuel
Ayala,
Arquitecto
urbanista,
Agrupación
de
urbanistas
COAMU
María
Tomás,
Técnico
de
Administración
General,
Pedro
Luis
Viguer,
Juez.
Pepe
González
Cussac,
Catedrático
de
Derecho
Penal
U.V..
Vicente
Martínez,
Técnico
Superior
de
la
Administración
de
la
Seguridad
Social.
Vicente
Ríos,
Juez
.
Ximo
García
Roca,
Sociólogo |
