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La
Confederación
Española
de
Jóvenes
Abogados,
presidida
en
la
actualidad
por
la
abogada
Cristina
Llop,
ha
hecho
público
un
duro
manifiesto
sobre
la
reforma
última
del
Código
Penal.
Como
recordarán
nuestros
lectores
ninguno
de
los
principales
operadores
jurídicos
o
partidos
políticos
se
ha
mostrado
a
favor
de
este
cambio
normativo.
Para
este
colectivo
profesional
de
más
de
50.000
abogados
jóvenes
repartidos
por
todo
España,
esta
reforma
penal
es
peligrosa
al
restringir
derechos
fundamentales
e
instauras
medidas
como
la
de
la
prisión
permanente
revisable
que
tiene
ciertos
visos
de
inconstitucionalidad.
Desde
CEAJ
se
insiste
en
que
se
ha
perdido
una
oportunidad
legislativa
importante
para
regular
“
determinadas
situaciones
que
carecen
del
oportuno
amparo
legal
en
nuestro
ordenamiento
jurídico
penal,
como
es
el
caso
de
los
delitos
de
odio
o
crímenes
de
odio
(hatecrimes
o
biascrimes).”
Con
la
reforma
del
Código
Penal
proyectada,
se
pretende
volver
al
predemocrático
Derecho
Penal
de
Autor,
destacando
el
peligro
como
motivo
de
intervención
penal
y,
con
ello,
pasando
todos
a
ser
considerados
peligrosos.
En
el
citado
Manifiesto,
al
que
esta
publicación
ha
tenido
acceso,
se
analizan
los
principales
cambios
normativos
del
nuevo
Código
Penal,
una
reforma,
controvertida
que
no
ha
tenido
ningún
apoyo
ni
en
el
Parlamento
ni
entre
las
fuerzas
políticas
del
país,
que
se
espera
esté
ya
operativa,
cien
por
cien,
a
finales
del
próximo
mes
de
marzo.
Como
valoración
general
los
jóvenes
abogados
rechazan
este
cambio
normativo
por
considerarlo
innecesario
y
antidemocrático
en
muchos
de
sus
cambios.
Es
importante
destacar,
que
la
Confederación
Española
de
Abogados
Jóvenes,
al
igual
que
el
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española
y
otros
sectores
jurídicos
y
agentes
sociales,
consideran
que
la
prisión
permanente
revisable
es
inconstitucional.
Durante
la
tramitación
del
proyecto
de
ley
de
reforma
del
Código
Penal,
toda
la
Abogacía
al
unísono
ha
mostrado
su
rechazo
a la
prisión
permanente,
sea
revisable
o
no,
en
tanto
que
es
contraria
a
los
artículos
10,
15 y
25
de
la
Constitución
Española.
En
efecto,
el
artículo
25
de
la
Carta
Magna
es
determinante
al
establecer
que
las
penas
privativas
de
libertad
se
han
de
orientar
a la
reeducación
y
reinserción
social
de
los
penados.
Por
tanto,
toda
pena
que
no
cumpla
el
meritado
requisito
atenta
contra
el
artículo
15
de
la
Constitución,
que
repudia
cualquier
trato
inhumano
y
degradante,
y es
contraria
a la
dignidad
de
la
persona,
de
los
derechos
inviolables
que
le
son
inherentes,
y el
libre
desarrollo
de
la
personalidad,
recogidos
en
el
artículo
10
de
la
Constitución.
Con
la
reforma
del
Código
Penal
proyectada,
se
indica
en
el
citado
Manifiesto,
se
pretende
volver
al
predemocrático
Derecho
Penal
de
Autor,
destacando
el
peligro
como
motivo
de
intervención
penal
y,
con
ello,
pasando
todos
a
ser
considerados
peligrosos.
Desde
CEAJ
se
insiste
en
que
“La
Abogacía
Joven
no
puede
aceptar
que
se
esgrima
la
seguridad
como
coartada
para
limitar
la
protesta
y
las
garantías
democráticas
y
para
vulnerar
derechos
fundamentales
o
restringir
su
ejercicio
como
respuesta
a
concretas
situaciones
o
casos
ocurridos,
a
golpe
de
titular,
como
se
pretende
no
solo
con
la
reforma
del
Código
Penal,
basada
en
principios
de
peligrosidad
social,
con
inclusión
de
la
“cadena
perpetua”
y la
extensión
de
medidas
de
seguridad
indefinidas,
sino
también
con
los
proyectos
de
Ley
Orgánica
para
la
Protección
de
la
Seguridad
Ciudadana
y el
Estatuto
de
la
Víctima.”
Asimismo,
tampoco
son
admisibles,
a
juicio
de
esta
asociación
de
juristas,
otras
reformas
como
el
Anteproyecto
de
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial,
que
alejará
al
ciudadano
de
la
justicia,
limitará
la
independencia
judicial
y
restringirá
la
libertad
de
expresión
de
los
jueces
y
asociaciones
judiciales.
Todo
ello
sin
olvidar
la
práctica
eliminación
de
la
Justicia
Universal,
otras
dos
controvertidas
reformas,
impulsadas
por
el
Ministro
saliente
Gallardón
y
que
el
nuevo
titular
de
Justicia,
Rafael
Catalá,
parece
que
prácticamente
no
ha
cambiado
en
exceso
el
espíritu
de
estas
reformas,
necesarias
pero
no
consensuadas
con
los
operadores
jurídicos.
CEAJ
se
suma
así
al
resto
de
sectores
jurídicos
que
ya
han
manifestado
públicamente
su
rechazo
a
esta
reforma
realizada
por
el
Gobierno,
que
no
se
puede
justificar
por
la
alarma
social
que
producen
determinados
hechos
delictivos,
por
graves
y
repulsivos
que
sean.
Desde
esta
entidad
se
exige
E
por
tanto,
la
paralización
del
proyecto
de
reforma
del
Código
Penal,
especialmente
dado
el
estado
en
el
que
se
encuentra
el
Gobierno
y la
proximidad
de
las
elecciones
generales,
solicitando
con
ello
a la
mayoría
parlamentaria,
que
surja
de
dichos
comicios
la
derogación
de
las
leyes
de
seguridad
privada,
seguridad
ciudadana
y la
nueva
reforma
penal;
elaborando
nuevos
proyectos
de
reforma
que
cuenten
con
el
consenso
más
amplio
posible
de
todos
los
sectores
jurídicos. |
