|
Apostar
por
la
tecnología
es
la
asignatura
pendiente
de
nuestros
gobernantes
relacionados
con
la
justicia.
Este
pasado
jueves
el
ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá,
explicó
en
la
inauguración
del
Seminario
Internacional
de
la
Cátedra
Google
CEU
sobre
Justicia
e
Innovación
Tecnológica
en
un
Mundo
Global,
que
“una
de
sus
preocupaciones
prioritarias
es
la
apuesta
tecnológica
como
herramienta
clave
para
la
administración
de
Justicia”
y
anunció
su
intención
de
reducir
la
burocracia
tradicional
en
los
juzgados.
De
hecho
hay
una
inversión
de
unos
cincuenta
millones
de
euros
presupuestada
para
este
año.
Sobre
los
problemas
que
hay
de
interoperabilidad,
donde
hay
varios
sistemas
incompatibles
con
Lexnet,
no
comentó
nada
en
especial.
Catalá
añadió
que
trabaja
para
que
la
Justicia
sea
cada
vez
más
digital,
más
abierta
y
más
innovadora
y
señaló
que
tiene
previsto
que
a lo
largo
de
este
mismo
año
empiecen
a
funcionar
las
interconexiones
electrónicas
para
requisitorias
entre
la
Administración
de
Justicia
y
las
Fuerzas
de
Seguridad.
El
titular
de
Justicia
afirmó
que
"en
España
no
hay
una
limitación
ni
una
maldición
divina”
que
condene
a la
Administración
de
Justicia
a
seguir
anclada
en
modelos
burocráticos
arcaicos
y
que
también
puede
implantar
sistemas
digitales
como
ya
lo
han
hecho
la
Agencia
Tributaria
o la
Seguridad
Social.
En la apertura del
seminario
intervinieron
también
el
presidente
del
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española,
Carlos
Carnicer,
que
dio
la
bienvenida
a
todos
los
ponentes
a la
casa
de
la
abogacía,
el
director
de
Política
y
Asuntos
Públicos
de
Google
para
España
y
Portugal,
Francisco
Ruiz,
que
señaló
que
para
España
es
un
reto
modernizarse
con
nuevas
tecnologías
que
acerquen
la
Justicia
a
los
ciudadanos
y el
embajador
de
Canadá,
Jon
Allen,
que
subrayó
la
importancia
de
la
colaboración
entre
las
distintas
Administraciones
para
el
éxito
del
proceso
de
digitalización
de
la
Justicia.
Por
su
parte,
el
profesor
José
Luis
Piñar,
titular
de
la
Cátedra
Google
sobre
Privacidad
Sociedad
e
Innovación,
única
del
mundo
de
estas
características,
explicó
que
la
Universidad
puede
y
debe
aglutinar
a
todos
los
actores
que
deben
participar
en
el
desarrollo
de
la
ciberjusticia,
“un
proceso
que
abre
un
nuevo
escenario
apasionante,
una
herramienta
y un
concepto
que
puede
conseguir
una
mejor
Justicia
para
todos”.
En
la
conferencia
inaugural
del
seminario,
el
profesor
de
la
Universidad
de
Montreal
Karim
Benyekhlef,
director
del
Laboratorio
sobre
la
Ciberjusticia,
señaló
que
uno
de
los
mayores
desafíos
es
siempre
la
gestión
del
cambio
y
que
aunque
es
necesario
aplicar
las
nuevas
tecnologías
al
sistema
judicial,
“esto
tiene
consecuencias
que
hay
que
tener
en
cuenta,
ya
que
las
tecnologías
no
son
neutras”.
Benyekhlef
explicó
que
el
Laboratorio
sobre
la
Ciberjusticia
es
“un
espacio
de
reflexión
y de
creación
en
el
que
los
procesos
judiciales
se
modelizan
y se
repiensan
para
poder
responder
mejor
a lo
que
esperan
los
ciudadanos”.
Sus
principales
objetivos
son
mejorar
la
gestión
de
los
dosieres
judiciales,
facilitar
la
utilización
de
las
nuevas
tecnologías,
mejorar
la
presentación
de
las
pruebas
y
reducir
plazos
y
costes.
Tratamientos
personales
y
derechos
Posteriormente
comenzó
un
diálogo,
moderado
por
el
profesor
Piñar,
sobre
derechos
tratamiento
de
datos
personales
e
innovación
tecnológica
de
la
Justicia,
en
el
que
participaron
Iñaki
Vicuña,
director
del
Cendoj
(Centro
de
Documentación
Judicial
del
CGPJ)
y la
presidenta
de
la
Fundación
Canadá,
Esther
Mitjans.
Vicuña
hizo
hincapié
en
que
“innovar
no
es
sólo
tener
ideas
nuevas
sino
aplicarlas”
y
Mitjans
explicó
que
“la
finalidad
de
la
protección
de
datos
no
es
proteger
los
datos
sino
a
las
personas”
y
subrayó
que
la
transparencia
es
el
acceso
a la
información
pública
y no
debe
chocar
con
la
protección
de
datos,
ya
que
“son
las
dos
caras
de
una
misma
moneda”.
Por
su
parte,
Piñar
comentó
que
“juristas
y
tecnólogos
tienen
que
ir
de
la
mano,
y
colaborar
siempre
juntos”.
El
seminario
concluyó
con
una
mesa
redonda
sobre
modernización
de
la
Justicia
y
Tecnologías
de
la
información,
moderada
por
Rosa
Tomé,
secretaria
de
la
Comisión
Jurídica
Asesora
para
la
Implantación
de
la
Oficina
Judicial,
en
la
que
participaron
el
vicepresidente
del
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española,
Pere
Lluis
Huguet,
Jesús
Remón,
Socio
de
Uria&Menéndez,
Juan
Carlos
Garcés,
responsable
de
informática
judicial
del
CGPJ
y
Luis
Bustamante,
subdirector
general
de
Nuevas
Tecnologías
del
Ministerio
de
Justicia.
Huguet
analizó
el
éxito
en
la
implantación
por
parte
del
Consejo
de
la
Abogacía
del
expediente
electrónico
de
justicia
gratuita.
Remón
detalló
los
distintos
sistemas
online
que
existen
actualmente
para
la
resolución
de
los
conflictos
y
aseguró
que
“queda
mucho
por
hacer
en
este
campo”.
Garcés
explicó
que
no
es
cierto
que
la
administración
de
justicia
no
haya
invertido
en
tecnologías
de
la
información,
“aunque
a
veces
hay
que
plantearse
si
se
ha
hecho
bien”.
Finalmente,
Luis
Bustamante
aseguró
que
el
reto
de
eliminar
el
papel
de
la
administración
de
Justicia
“llevará
una
generación,
será
algo
lento
y va
a
implicar
un
esfuerzo
legislativo
importante”.
La
Cátedra
Google,
cuyo
titular
es
José
Luis
Piñar,
Vicerrector
de
Relaciones
Internacionales
de
la
Universidad
CEU
San
Pablo
y
catedrático
de
Derecho
Administrativo,
fue
creada
en
2012.
Es
la
primera
de
estas
características
en
Europa
y
busca
ofrecer
a la
sociedad
y a
la
comunidad
científica
un
punto
de
referencia
internacional
en
cuanto
a la
protección
de
datos,
la
privacidad,
el
derecho
e
Internet. |
