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El
Comité
Español
de
Representantes
de
Personas
con
Discapacidad
(CERMI)
ha
reclamado
al
Gobierno
que
haga
efectivo
el
mandato
legal
que
obliga
a
que
las
controversias
judiciales
en
relación
con
el
sistema
para
la
autonomía
y la
atención
a la
dependencia
sean
conocidas
por
la
jurisdicción
social,
y no
por
la
contencioso-administrativa,
como
ocurre
ahora.
La
vigente
Ley
reguladora
de
la
Jurisdicción
Social,
aprobada
en
el
año
2011,
atribuye
a
esta
jurisdicción
los
litigios
relacionados
con
la
Ley
de
Autonomía
Personal
y
Dependencia,
pero
aplazó
el
momento
de
su
aplicación
efectiva
a lo
que
dispusiera
una
Ley
que
el
Gobierno
debería
remitir
a
las
Cortes
tres
años
después
de
su
promulgación.
Transcurridos
esos
tres
años,
que
se
han
cumplido
diciembre
en
2014,
es
el
momento
de
que
el
Ejecutivo
remita
ese
proyecto
de
Ley
al
Parlamento,
de
modo
que
los
asuntos
relativos
a la
dependencia
sean
competencia
real
de
la
jurisdicción
social.
A
pesar
de
ser
un
tema
netamente
social,
las
controversias
de
dependencia
están
atribuidas
a la
jurisdicción
contencioso-administrativa,
más
formalista,
gravosa,
cara
y
lenta
que
la
social,
lo
que
dificulta
enormemente
la
protección
judicial
del
derecho
subjetivo
creado
por
la
Ley
39/2006.
Esta
regulación
impide
atacar
las
malas
prácticas
de
las
Administraciones
sociales,
dejando
en
buena
medida
indefensa
a
las
personas
en
situación
de
dependencia
que
no
están
conformes
con
las
decisiones
de
los
poderes
públicos
que
les
perjudican.
Tecnologías
inclusivas
Por
otro
lado,
desde
el
propio
Comité
Español
de
Representantes
de
Personas
con
Discapacidad
(CERMI)
está
elaborando
un
estudio
amplio
e
integral
sobre
el
estado
del
arte
de
los
soportes
digitales
accesibles
y
tecnologías
educativas
inclusivas
con
el
alumnado
con
discapacidad.
Con
esta
iniciativa
se
pretende
que
la
comunidad
educativa
tome
conciencia
de
estas
herramientas
y se
extienda
su
empleo
y
uso
progresivos,
mejorando
la
calidad
de
la
enseñanza
y la
atención
a la
diversidad.
El
estudio,
encomendado
al
CERMI
por
la
dirección
general
de
Evaluación
y
Cooperación
Territorial
del
ministerio
de
Educación,
Cultura
y
Deporte,
revisará
todas
las
tecnologías
de
la
información
y la
comunicación
que
ofrece
el
mercado
y
analizará
su
aplicación
y
proyección
en
el
campo
educativo,
con
arreglo
a
criterios
de
accesibilidad
y
diseño
para
todas
las
personas.
La
tecnología
como
instrumento
de
la
docencia
y la
inclusión
de
las
personas
con
discapacidad
en
los
sistemas
de
enseñanza
son
dos
retos
de
la
educación
que
han
de
ser
conciliados,
y a
los
que
este
estudio
aspira
a
aportar
bases
para
una
convergencia
real. |
