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El
calendario
electoral
aprieta
y
las
encuestas
desfavorecen
al
PP,
partido
en
el
Gobierno
que
ve
como
la
sombra
de
Podemos
es
cada
vez
más
alargada.
En
un
contexto
de
plena
campaña
electoral
la
vicepresidenta
Soraya
Sáenz
anuncia
una
reforma
legislativa
para
promover
la
Segunda
Oportunidad
en
autónomos
y
pymes.
Se
trata
de
reducir
el
tiempo
en
el
que
los
bancos
pueden
reclamar
las
deudas
a
estos
colectivos
afectados.
En
estos
momentos
ese
período
de
tiempo
se
sitúa
en
quince
años
y
desde
Moncloa
se
quiere
reducir
a
tres.
Diferentes
colectivos
como
Jueces
para
la
Democracia,
a
nivel
judicial
o el
propio
Consell
de
la
Abogacía
Catalana
más
recientemente
han
presentado
sus
propuestas
al
Ministro
Catalá
sobre
este
tema,
un
asunto
delicado
que
consideran
debe
extenderse
a
otros
colectivos.
Queda
por
saber
que
figura
se
va a
introducir
para
aquellas
familias
con
problemas
de
solvencia
a
raíz
de
ejecuciones
hipotecarias.
De
hecho
muchos
profesionales
abogan
por
una
Ley
de
Sobreendeudamiento
Familiar
que
permita
a
las
familias
seguir
viviendo
renegociando
sus
deudas
ante
las
entidades
bancarias.
Este
próximo
cambio
normativo
afectará
a la
legislación
concursal
existente
según
fuentes
consultadas
por
este
medio.
Lo
que
no
puedan
hacer
unas
elecciones
en
sus
vísperas
no
lo
consigue
nadie,
al
parecer.
Aquella
iniciativa
del
Ministro
de
Economía
de
hace
unos
meses
por
apoyar
la
Segunda
Oportunidad
en
profesionales,
autónomos
y
familias
con
deudas,
tiene
todos
los
visos
de
cristalizarse
antes
de
finalizar
esta
legislatura.
Una
legislatura
marcada
por
cuatro
elecciones,
tres
autonómicas
y
unas
generales
a
finales
de
este
2015
que
estamos
estrenando
en
sus
primeros
días.
S e
trata
de
una
iniciativa
que
ya
había
anunciado
Luis
de
Guindos
a lo
largo
del
pasado
año.
Sin
embargo
por
unas
u
otras
causas
esta
medida
dejaba
de
concretarse
pese
a
que
el
panorama
alienta
a
aprobar
ese
marco
normativo
y
evitar
que
familias
con
deudas
y
emprendedores
acaben
en
la
calle.
Ahora,
hemos
sabido
que
ministro
de
Economía
tiene
previsto
impulsar,
antes
de
que
termine
la
Legislatura,
una
Ley
de
Segunda
Oportunidad
para
los
autónomos.
Es
un
plan
de
choque
que
pretende
que
un
pequeño
empresario
no
sea
anulado
al
primer
fracaso.
Está
pensada
para
que
los
emprendedores
que
fracasen
en
su
primer
negocio
puedan
impulsar
otro
proyecto
en
algún
momento
sin
ser
asfixiados
por
las
deudas
contraídas
con
Hacienda,
con
la
Seguridad
Social
o
con
los
bancos.
Para
ello
se
plantean
quitas
parciales
y
totales
a
este
endeudamiento
siempre
y
cuando
los
autónomos
justifiquen
que
la
crisis
de
su
negocio
no
se
produjo
por
razones
fraudulentas.
Al
mismo
tiempo
se
habla
que
tras
tres
años
de
ser
presentado
el
concurso
el
autónomo
podrá
ver
canceladas
sus
deudas
si
el
juez
no
indica
lo
contrario.
Desde
el
propio
Ministerio
de
Economía
se
quiere
recoger
en
la
futura
reforma
las
recomendaciones
del
Fondo
Monetario
Internacional
(FMI),
que
el
pasado
verano
aconsejaba
a
España
tomar
medidas
para
lo
que,
en
términos
anglosajones,
se
denomina
fresh
start:
que
el
fracaso
de
un
empresario
no
le
impida
hacer
tabla
rasa
para
iniciar
un
nuevo
proyecto.
La
idea
del
Ejecutivo
es
que
la
nueva
ley
esté
vigente
en
abril
de
2015,
para
empezar
a
rescatar
a
los
autónomos
en
dificultades
que
demuestren
buena
voluntad.
El
autónomo
que
tendrá
que
intentar
primero
un
acuerdo
extrajudicial
de
pagos
de
no
conseguirlo
iría
al
concurso
en
el
que
tres
años
después
de
no
lograr
cancelar
sus
deudas
se
les
exoneraría
de
las
mismas.
Al
mismo
tiempo
se
habla
de
facilitar
que
desparezcan
de
los
registros
de
morosos.
Otro
de
los
asuntos
que
estudia
el
Gobierno
para
esta
nueva
ley
sería
facilitar
una
moratoria
de
hasta
dos
años
en
las
deudas
con
la
Agencia
Tributaria
y de
las
cotizaciones
con
la
Seguridad
Social.
Está
comprobado
que
es
la
deuda
con
el
Estado
lo
que
más
asfixia
a
los
pequeños
empresarios
que
fracasan.
Otra
de
las
propuestas
que
se
barajan
es
que
sea
el
Estado
el
que
asuma
en
el
futuro
la
provisión
de
deuda
durante
el
plazo
de
moratoria,
lo
que
evitaría
que
las
entidades
restrinjan
la
financiación.
Sería
a
través
del
ICO
o de
la
Sociedad
de
Garantía
Recíproca
(SGR).
Por
su
parte,
las
asociaciones
de
autónomos
piden
al
Ejecutivo
que
limite
el
mínimo
inembargable.
Solicitan
que
no
se
les
pueda
embargar
el
salario
íntegro,
sino
que
se
establezca
como
límite
el
salario
mínimo,
que
son
648,6
euros,
como
ocurre
con
los
asalariados.
Y es
que
en
la
actualidad
un
autónomo
está
obligado
a
responder
con
sus
bienes
presentes
y
futuros
hasta
que
satisfaga
su
deuda,
por
lo
que
muchos
empresarios
que
vieron
fracasar
su
negocio
han
padecido
situaciones
críticas
también
en
el
plano
personal.
Este
modelo
de
segunda
oportunidad
existe
desde
hace
años
en
países
como
Francia
y
parece
que
ha
tenido
resultados
positivos. |
