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La
secretaria
de
Estado
de
Justicia,
Carmen
Sánchez-Cortés,
ha
defendido
este
miércoles
en
Ceuta
la
aplicación
de
la
figura
del
"rechazo
en
frontera"
contenida
en
el
proyecto
de
Ley
Orgánica
de
Seguridad
Ciudadana
en
trámite
en
el
Senado
como
una
forma
de
"incrementar
las
garantías
jurídicas
para
los
efectivos
de
las
Fuerzas
de
Seguridad
y
los
inmigrantes"
que
intentan
acceder
a
territorio
español
de
forma
irregular.
Sánchez-Cortes
y la
fiscal
general
del
Estado,
Consuelo
Madrigal
inauguraron
la
Oficina
Fiscal
de
Ceuta,
que
constituye
el
nuevo
modelo
organizativo
diseñado
para
dotar
de
mayor
agilidad,
calidad
y
eficacia
a la
actividad
del
Ministerio
Fiscal.
Al
acto
de
inauguración
han
asistido
el
secretario
general
de
la
Administración
de
Justicia,
Antonio
Dorado,
el
fiscal
superior
de
Andalucía,
Jesús
García
Calderón,
el
fiscal
jefe
de
Área
de
Ceuta,
José
Luis
Puerta
Martí,
así
como
otras
autoridades
del
Ministerio
de
Justicia
y de
la
ciudad
autónoma.
En
declaraciones
a
los
periodistas,
ha
inscrito
dentro
de
la
normalidad
la
devolución
a
Marruecos
de
los
seis
migrantes
que
este
martes
se
encaramaron
al
vallado
del
espigón
marítimo
fronterizo
de
Benzú
pese
a
que
descendieron
del
mismo
por
el
lado
español,
donde
fueron
atendidos
por
Cruz
Roja
para
comprobar
que
su
estado
de
salud
era
"bueno".
Sánchez-Cortes
ha
recordado
que
la
Cámara
Baja
ya
ha
dado
su
visto
bueno
y
trasladado
al
Congreso
el
proyecto
de
Ley
que
contiene
una
enmienda
para
modificar
la
de
Extranjería
y,
así,
"dar
más
cobertura
jurídica
a
los
agentes
de
las
Fuerzas
y
Cuerpos
de
Seguridad
del
Estado
en
el
desempeño
de
sus
funciones,
que
no
obstante
ya
están
reguladas
en
nuestro
ordenamiento".
La
secretaria
de
Estado
ha
subrayado
que,
en
paralelo,
el
Gobierno
de
Mariano
Rajoy
trabaja
para
la
apertura
de
oficinas
en
las
fronteras
de
las
dos
ciudades
autónomas
donde
los
potenciales
solicitantes
de
asilo
o
protección
internacional
puedan
tramitar
sus
peticiones
"en
línea
con
lo
contemplado
en
la
legislación
nacional
e
internacional
que
nos
afecta".
Sánchez-Cortes
indicó
que
la
Oficina
Fiscal
es
el
resultado
del
esfuerzo
y
del
trabajo
coordinado
entre
el
Ministerio
de
Justicia
y la
Fiscalía
General
del
Estado
por
dotar
a
las
fiscalías
de
un
cambio
organizativo,
de
funcionamiento
y
tecnológico,
acorde
a
sus
necesidades
actuales.
La
sede
de
la
Oficina
Fiscal
de
Ceuta
está
ubicada
en
el
Palacio
de
Justicia
de
la
ciudad
autónoma,
donde
ya
venía
desarrollando
su
actividad
el
personal
de
la
fiscalía,
que
ha
recibido
formación
específica
para
conocer
las
particularidades
del
modelo
y
las
herramientas
organizativas
necesarias
para
el
desempeño
de
sus
nuevas
funciones.
Desde
el
punto
de
visto
tecnológico,
ha
sido
necesario
adecuar,
tanto
las
infraestructuras
como
los
sistemas
de
información
y de
gestión
procesal,
a la
nueva
estructura
organizativa.
Entre
otros
aspectos,
la
entrada
en
funcionamiento
de
la
Oficina
Fiscal
ha
supuesto
la
implantación
de
una
nueva
versión
del
sistema
de
gestión
procesal
donde
se
ha
desarrollado
la
funcionalidad
que
permite
la
itineración
de
sobreseimientos
desde
los
órganos
judiciales
a la
Oficina
Fiscal.
También,
a
partir
de
ahora,
el
personal
de
la
Oficina
Fiscal
podrá
acceder
en
modo
consulta
a la
agenda
programada
de
señalamientos.
El
despliegue
de
la
Oficina
Fiscal
La
Oficina
Fiscal
de
Ceuta
es
la
primera
que
se
pone
en
marcha
en
el
territorio
del
Ministerio
de
Justicia.
Melilla,
Cáceres,
Cuenca
y
Murcia,
además
de
las
secciones
territoriales
de
Cieza
y
Lorca,
dependientes
de
Murcia,
y la
de
Plasencia,
dependiente
de
Cáceres,
le
seguirán
en
los
próximos
meses.
El
objetivo
es
desarrollar
este
modelo
en
las
ciudades
donde
ya
funciona
la
Oficina
Judicial,
y
aprovechar
así
las
ventajas
del
funcionamiento
conjunto
de
ambas
organizaciones
a
través
de
su
adecuada
interrelación
para
un
funcionamiento
de
la
Administración
de
Justicia
más
ágil,
eficaz
y
transparente. |
