|
La
Comisión
Permanente
del
CGPJ
aprobó
recientemente
el
informe
de
la
Comisión
de
Seguridad
y
Salud
de
dicho
organismo,
en
la
que
se
encuentran
representadas
las
cuatro
asociaciones
judiciales,
para
dotar
a la
carrera
judicial
de
su
Primer
Plan
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales,
una
medida
que
habitual
en
cualquier
profesión
estaba
ausente
en
los
más
de
5.300
jueces
que
trabajan
a lo
largo
y
ancho
de
nuestro
país.
Aunque
falta
por
saber
su
aplicación
práctica
se
observa
que
el
consenso
de
las
citadas
asociaciones
judiciales
por
tener
una
normativa
eficaz
y
cercana
a la
realidad
ha
sido
clave
para
que
esta
medida
se
haya
aprobado
en
estos
días.
Nuestra
publicación
ha
pulsado
la
opinión
de
algunos
de
los
magistrados
que
han
estado
en
esa
Comisión
como
Gloria
Poyatos,
magistrada
de
Jueces
para
la
Democracia,
Manuel
Bellido
por
parte
de
la
Asociación
Profesional
de
la
Magistratura,
Ignacio
de
Torres
representante
de
Asociación
Francisco
de
Vitoria
y
Conrado
Gallardo,
presidente
de
Foro
Judicial
Independiente.
Este
Plan
ha
sido
elaborado
en
el
seno
de
la
Comisión
Nacional
de
Seguridad
y
Salud,
de
la
que
por
primera
vez
forman
parte
dos
vocales
del
CGPJ
-Juan
Martínez
Moya,
que
la
preside,
y
Concepción
Sáez-,
así
como
representantes
de
la
Asociación
Profesional
de
la
Magistratura,
la
Asociación
Judicial
Francisco
de
Vitoria,
Jueces
para
la
Democracia
y el
Foro
Judicial
Independiente
y
letrados
del
Consejo.
En
su
reunión
de
enero
pasado
ya
se
dio
luz
verde
al
contenido
de
esa
normativa
que
ahora
habrá
de
ponerse
en
práctica.
|
“Definir la carga de trabajo máxima de los jueces será uno de los elementos claves a la hora de implantar de manera práctica ese Plan de Prevención de Riesgos Laborales.” |
Gloria
Poyatos
es
la
magistrada
de
Jueces
para
la
Democracia
que
está
en
la
Comisión
de
Seguridad
y
Salud
en
el
Trabajo
del
CGPJ,
reconoce
que
lograr
esta
reivindicación
ha
sido
fruto
de
mucha
lucha
en
los
años
anteriores.
“Es
por
fin
en
el
2010
cuando
CGPJ
y
Ministerio
reconocen
que
tienen
los
jueces
tenemos
derecho
a
ese
plan
de
prevención
y a
que
apliquen
determinadas
directivas
europeas”,
confiesa.
El
primer
paso
es
crear
la
Comisión
de
Seguridad
y
Saludo
en
el
2012,
órgano
que
pretende
consensuar
dicho
plan
con
el
apoyo
de
las
asociaciones
judiciales.
“En
estos
tres
últimos
años
ha
habido
muchos
debates
sobre
esta
cuestión
pero
se
avanzaba
poco.
Cuando
se
llegaba
a un
consenso
cambiaba
el
CGPJ
y la
idea
del
propio
Consejo
sobre
el
plan
no
era
compartida
por
ninguna
asociación”,
subraya.
Además
no
hay
que
olvidar
que
también
hay
CCAA
con
competencias
transferidas,
empresas
concurrentes
de
seguridad
o
limpieza
o
los
propios
secretarios
judiciales.
Para
esta
magistrada
es
evidente
el
efecto
directo
entre
la
acción
planteada
por
Jueces
para
la
Democracia
como
demanda
de
convenio
colectivo
ante
la
Audiencia
Nacional
frente
al
Ministerio
de
Justicia
y el
CGPJ,
ahora
ampliada
a
las
CCAA
con
competencias
en
justicia:
“Si
nuestra
reclamación
se
interpone
en
noviembre
es
en
la
reunión
de
enero
del
2015
de
la
citada
Comisión
de
Seguridad
cuando
se
configura
el
proyecto
de
plan
de
prevención
de
riesgos
laborales”,
apunta.
Por
esta
ampliación
de
la
demanda
el
juicio
previsto
para
el 3
de
febrero
de
este
año
se
aplaza
sin
saber
fecha
concreta.
“Queremos
que
este
plan
tenga
medidas
efectivas
de
cara
a
regular
la
carga
judicial
de
los
jueces.
Nuestra
organización
presentó
cuatro
alegaciones
sustanciales
a
este
proyecto
como
vienen
reflejadas
en
el
acta
de
la
última
reunión”
indica
Poyatos.
La
regulación
de
las
cargas
de
trabajo
y su
modulación
es
uno
de
los
caballos
de
batalla
aún
sin
aclarar
con
este
proyecto
de
plan.
“Mientras
se
haga
la
medición
nos
preocupa
saber
qué
concepto
de
carga
máxima
de
trabajo
se
va a
tener
en
cuenta”.
Otro
de
los
temas
que
pretende
subsanar
este
futuro
plan
de
prevención
de
riesgos
laborales
es
la
coordinación
preventiva
con
las
CCAA
con
competencias
transferidas
que,
a
juicio
de
Gloria
Poyatos
es
nula
en
estos
momentos.
“Se
desconocen
los
planes
de
evacuación
y
urgencia
a
nivel
autonómico
y
ante
situaciones
como
el
incendio
que
hubo
en
los
juzgados
de
Madrid,
uno
de
los
últimos
que
tuvo
lugar,
no
se
sabe
si
hay
protocolos
de
actuación.”
Además
el
propio
servicio
de
prevención
del
CGPJ
hasta
la
fecha
está
compuesto
por
una
persona
para
dar
cobertura
a
más
de
5.300
jueces
con
una
asignación
anual
de
100.000
euros.
“Hasta
ahora
hay
que
darse
cuenta
que
el
servicio
de
prevención
que
teníamos
los
jueces
era
más
un
espejismo
que
una
realidad”,
aclara
nuestra
interlocutora.
El
otro
punto
crítico
desde
JPD
es
la
falta
de
un
cronograma
real
que
deje
claro
cómo
se
van
a
poner
en
marcha
las
medidas
preventivas
que
iban
a
aprobarse.
“Es
una
buena
herramienta
técnica
que
recoge
el
burn
out,
el
stress
o el
acoso
laboral
como
riesgos
profesionales.
Ahora
hay
que
dotarlo
de
recursos
e
implantarlo
de
forma
gradual”,
advierte.
Avance
fundamental
en
los
derechos
de
los
jueces
En
opinión
de
Manuel
Bellido,
magistrado
y
miembro
del
Comité
de
la
APM,
Asociación
Profesional
de
la
Magistratura
así
como
Delegado
en
la
citada
Comisión
de
Seguridad
y
Saludo
en
el
trabajo.
“La
aprobación
del
Plan
de
Prevención
de
Riesgos
para
la
Carrera
Judicial
merece
una
valoración
muy
positiva
para
nuestra
en
cuanto
supone
un
avance
fundamental
en
los
derechos
profesionales
de
los
jueces
y
magistrados.
“Desde
su
punto
de
vista
se
culminan
así
los
pasos
previos
que
se
habían
dado
con
anterioridad,
en
los
que
ha
participado
decididamente
nuestra
asociación,
plenamente
comprometida
en
la
defensa
del
derecho
de
los
jueces
y
magistrados
a
una
protección
eficaz
en
materia
de
seguridad
y
salud
en
el
ejercicio
de
sus
funciones.
Para
Bellido
“debe
resaltarse
como
un
valor
muy
positivo,
la
importante
intervención
que
las
asociaciones
judiciales
han
tenido
en
su
elaboración.”
|
Este Plan de Prevención de Riesgos laborales pretende mejorar las condiciones físicas y mentales de los jueces para que de esta forma mejore la calidad de su trabajo judicial |
El
Plan
de
Prevención
codifica
todos
los
aspectos
y
procedimientos
fundamentales
en
el
ámbito
de
la
prevención
de
riesgos
de
la
Carrera
Judicial,
constituyendo
la
pieza
esencial
que
regula
la
gestión
preventiva
del
CGPJ
y su
política
en
materia
de
prevención.
“Aunque
todavía
queda
mucho
por
hacer,
supone
establecer
los
cimientos
necesarios
para
construir
un
sólido
sistema
de
prevención
de
riesgos
para
la
Carrera
Judicial”,
indica.
Desde
APM,
entre
los
aspectos
más
relevantes
del
Plan
de
Prevención
debemos
destacar:
1.
Identifica
de
manera
clara
y
detallada
las
características
peculiares
de
la
actividad
judicial,
sobre
la
base
de
la
descripción
que
ha
realizado
la
Sala
de
lo
Contencioso-Administrativo
del
Tribunal
Supremo
en
sus
sentencias.
En
particular,
que
no
está
sujeta
a
horario
concreto,
ni a
límite
de
entrada
de
asuntos,
y
que
las
actuaciones
judiciales
deben
realizarse
dentro
de
plazos
procesales.
2.
Recoge
una
pormenorizada
descripción
de
los
riesgos
derivados
del
ejercicio
de
la
función
judicial,
con
expresa
mención
de
los
psicosociales,
como
el
estrés.
Estos
riesgos
deberán
ser
objeto
de
evaluación.
3.
Especial
importancia
reviste
la
obligación
que
asume
el
CGPJ
en
el
Plan
de
Prevención
de
regular
la
carga
de
trabajo
de
la
Carrera
Judicial
a
efectos
de
salud
laboral.
No
debe
olvidarse,
y
así
se
manifestó
por
las
asociaciones
judiciales
en
la
elaboración
del
Plan,
que
la
carga
de
trabajo
es
uno
de
los
aspectos
fundamentales
que
afectan
a la
salud
profesional
de
los
jueces
y
magistrados.
4.
Regula
la
salud
profesional
y
los
exámenes
necesarios
para
garantizarla
e
incorpora
los
diversos
procedimientos
elaborados
en
el
ámbito
de
la
prevención.
Consenso
en
la
carrera
judicial
Ignacio
Torres
es
el
magistrado
de
AJFV
Asociación
de
Jueces
Francisco
de
Vitoria
que
ha
formado
parte
de
la
Comisión
de
Seguridad
y
Salud
del
CGPJ.
Reconoce
que
la
aprobación
del
plan
es
superar
una
travesía
en
el
desierto
con
una
ley
30/1995
que
regula
la
Prevención
de
Riesgos
Laborales
a
nivel
general.
“El
abandono
que
de
esta
función
se
vino
haciendo
por
las
administraciones
con
competencias
en
la
materia,
comenzó
a
corregirse
desde
2010
con
la
creación
de
un
Servicio
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales
en
el
CGPJ,
la
firma
de
un
Convenio
de
Colaboración
entre
el
Ministerio
de
Justicia
y el
CGPJ,
y la
constitución
de
la
Comisión
Nacional
de
Seguridad
Social,”
apunta.
Ello
ha
supuesto
que,
con
un
indeseable,
y
casi
bochornoso
retraso,
se
esté
a
punto
de
aprobar
el
primer
plan
de
prevención
de
riesgos
laborales
de
la
Carrera
Judicial,
cuya
vocación
de
efectividad
inicial
se
prevé
para
el
año
2015-2016.
Nuestro
interlocutor
confiesa
que
“la
elaboración
del
Plan
de
Prevención
ha
sido
fruto
de
un
importante
consenso
dentro
del
seno
de
la
Comisión
Nacional
de
Seguridad
y
Salud,
donde
los
representantes
de
la
carrera
judicial,
encarnados
en
los
8
miembros
de
la
Carrera
Judicial,
en
número
de
dos
por
cada
asociación
judicial,
hemos
venido
colaborando
activamente
con
el
CGPJ
para
sacar
adelante
un
plan
de
prevención.”
Para
este
magistrado
de
AJFV
“este
plan
sin
duda
contribuirá
a
mejorar
nuestras
condiciones
laborales,
siendo
por
primera
vez
tratados
los
jueces
y
magistrados
desde
su
perspectiva
de
trabajadores.”
A su
juicio,
el
ejercicio
del
Poder
Judicial
comporta
el
desarrollo
de
funciones
que,
en
muchos
aspectos,
participan
de
las
características
propias
de
cualquier
trabajador,
por
lo
que
las
particularidades
propias
de
la
función
judicial,
no
deben
hacer
perder
de
vista
la
condición
de
trabajador.
Ello
hace
necesario
que
quien
ocupa
una
posición
próxima
a la
de
empleador,
CGPJ,
Mº
de
Justicia
y
Comunidades
Autónomas
con
competencias
transferidas,
deban
dotar
a
quienes
ejercen
el
poder
judicial
de
los
medios
materiales,
y
adoptar
cuantas
medidas
sean
necesarias,
para
garantizar
su
salud
en
el
ejercicio
de
su
función.
“Toda
actividad
preventiva
de
riesgos
laborales,
comporta
la
necesaria
valoración
de
los
riesgos
que
pueden
producirse
en
el
ejercicio
de
la
actividad
profesional”;
recuerda
nuestro
interlocutor.
Debemos
destacar
que,
como
riesgo
específico
y de
mayor
relevancia
en
nuestra
profesión,
se
encuentra
la
carga
de
trabajo,
y
así
se
ha
recogido
en
el
documento
aprobado
por
la
Comisión
Permanente
del
CGPJ
en
su
última
reunión,
a
propuesta
de
la
CNSS,
y
que
constituye
el
primer
Plan
de
Prevención
de
la
Carrera
judicial.
Resta
ahora
que
por
la
Comisión
Mixta
Mº
Justicia-CGPJ,
se
apruebe
definitivamente
un
plan,
del
que
se
deriva
la
inmediata
obligación
para
el
CGPJ
de
fijar
una
carga
máxima
de
trabajo
de
los
jueces,
que
no
pueda
sobrepasarse
como
garantía
de
la
salud
de
los
jueces.
Si
esta
tarea
no
es
sencilla,
menos
aún
lo
es
la
que
ineludiblemente
va
unida
a
aquella,
que
no
es
otra
que
la
de
adoptar
las
medidas
necesarias
para
limitar
la
carga
cuando
ello
se
haga
necesario.
“Por
AJFV
se
ha
venido
denunciando
reiteradamente
la
insostenible
presión
a
que
muchos
compañeros
se
ven
sometidos
por
la
sobrecarga
de
trabajo
que
pesa
sobre
ellos.
Por
hemos
de
felicitarnos
por
su
inclusión
como
riesgo
laboral
en
este
primer
Plan
de
Prevención,
sin
que
ello
no
haga
relajarnos
en
la
vigilancia
y
defensa
de
unas
condiciones
dignas
y
seguras
de
ejercicio
de
la
actividad
profesional
por
quienes
ostentan
el
Poder
Judicial”,
indica.
Conquista
de
una
reivindicación
histórica
La
aprobación
por
Comisión
Permanente
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
(CGPJ)
de
la
propuesta
de
Plan
de
Prevención
de
Riesgos
laborales
para
los
Jueces
y
Magistrados
que
la
Comisión
Nacional
de
Seguridad
y
Salud,
integrada
por
representantes
del
CGPJ
y de
las
asociaciones
judiciales,
formuló
en
su
reunión
de
16
de
enero
de
2.015,
supone
para
Foro
Judicial
Independiente
(FJI)
la
culminación
de
una
empresa
que
ha
sido
uno
de
sus
objetivos
principales
desde
su
creación;
cuando
nadie
hablaba
de
estas
cuestiones
para
los
Jueces,
así
lo
manifiesta
Conrado
Gallardo
su
nuevo
presidente.
“FJI
ya
lo
trató
en
su
primer
congreso
celebrado
en
Zaragoza
en
el
año
2.004.
A lo
largo
de
estos
diez
años
el
esfuerzo
realizado
ha
dado
resultado.
Queda
ciertamente
pendiente
su
aprobación
definitiva
por
la
Comisión
de
Seguimiento
integrada
por
cinco
representantes
del
CGPJ,
cinco
del
Ministerio
de
Justicia
y un
representante
de
cada
Asociación
Judicial,
pero
confiamos
en
que
la
misma
tendrá
lugar”,
resalta
nuestro
interlocutor.
En
opinión
de
Gallardo
“se
ha
conseguido
algo
tan
fundamental
como
el
compromiso
CGPJ
de
promover
la
seguridad
y
salud
de
la
Carrera
Judicial
en
el
desempeño
de
su
función
jurisdiccional
mediante
la
mejora
continua
de
las
condiciones
de
trabajo,
cuya
peculiaridad
se
reconoce
y
describe,
con
una
referencia
expresa
al
derecho
al
descanso.
Hubiera
sido
deseable
una
concreción
de
la
carga
aceptable
a
estos
efectos,
lo
que
ha
quedado
como
tarea
pendiente,”
comenta.
Respecto
al
citado
plan
el
presidente
de
FJI
comenta
que
si
bien
el
Servicio
de
Inspección
del
CGPJ
queda
al
margen
de
la
actuación
preventiva,
ajena
a su
función,
se
establece
la
necesidad
de
que
tenga
en
cuenta
a la
hora
de
valorar
la
actividad
judicial
la
necesidad
de
salvaguardar
la
salud
de
los
jueces
y
magistrados.
“Se
regulan
los
riesgos
específicos
del
trabajo
judicial,
entre
ellos
los
psicosociales,
y la
obligación
del
CGPJ
de
regular
la
carga
de
trabajo
de
la
Carrera
Judicial
a
efectos
de
salud
laboral,
al
mismo
tiempo
se
establecen
igualmente
reconocimientos
médicos,
voluntarios
salvo
que
obligue
a
ello
una
disposición
legal,
que
sean
indispensables
para
evaluar
los
efectos
de
las
condiciones
de
trabajo
sobre
la
salud
de
los
Jueces
y
que
el
estado
de
salud
de
la
persona
pueda
constituir
un
peligro
para
sí o
para
terceros.”
subraya
En
definitiva,
desde
su
punto
de
vista
“quedan
aspectos
relevantes
por
definir
y
mucho
trabajo
por
delante,
pero
lo
aprobado
constituye
un
avance
importante
en
esta
reivindicación
histórica
que
esperamos
reciba
la
aprobación
definitiva
y
que
regula
un
aspecto
fundamental
para
que
los
Jueces
puedan
desarrollar
su
trabajo
en
las
condiciones
físicas
y
mentales
adecuadas,
como
es
normal
en
cualquier
actividad,
lo
que
favorece
la
calidad
del
trabajo
judicial
y
beneficia
también
por
tanto
a
todos
los
ciudadanos.”
|
