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Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF),
asociación más joven de la carrera fiscal, cuyo portavoz es el fiscal del
Tribunal Supremo, Salvador Viada, se ha denunciado la injusta situación que
desde hace años viene generando, con el consiguiente malestar dentro del sector
de la profesión afectada y de todos aquellos que defienden, por principios, la
justicia en igualdad, la diferenciación existente entre plazas de fiscales de
tercera y segunda categoría; cuestión que no tiene más reflejo que el grave
perjuicio económico que ocasiona para los compañeros que ocupan plazas de
tercera categoría, toda vez que el reparto de funciones, tareas,
responsabilidades y cargas de trabajo en las diferentes fiscalías no tiene su
base en dicha diferenciación y, si lo tiene en algún caso, no es precisamente
para adjudicar servicios menos complejos o de menor volumen. Esa
diferenciación no se fundamenta en la categoría profesional de los fiscales,
sino en la plaza que ocupan (de segunda o de tercera), que nada tiene que ver
con que se traten de fiscales de segunda o de tercera categoría. Este problema,
es, como tantos otros, una consecuencia de la crónica falta de interés del poder
político en solucionar problemas simples de la Justicia y en este caso de la
Fiscalía.
Esta situación se vuelve más injusta, si cabe, en los casos de las fiscalías
que, por su propia distribución de plantilla, el número de plazas de tercera es
tan elevado respecto al de plazas de segunda que se da la circunstancia de que
fiscales de segunda categoría (equiparados a Magistrados) se ven abocados a
ocupar plazas de tercera en la práctica totalidad de su carrera profesional; un
hecho tan injusto como discriminante en función de la localidad de la fiscalía y
que, sin embargo, aún no se le ha puesto la correspondiente solución.
Caso como el comentado viene padeciéndose en la Fiscalía Provincial de Málaga
donde existe un excesivo número de plazas de tercera categoría respecto al
número de plazas de segunda, sin guardar la proporción que se mantiene en el
resto de fiscalías, lo que da lugar a que cerca de una veintena de compañeros de
segunda categoría estén ocupando de manera prácticamente perenne plazas de
tercera categoría con el consiguiente perjuicio económico que conlleva y la
discriminación que supone con el resto de compañeros de España, con casos de
algunos que llevan más de veinte años de ejercicio sufriendo esta situación.
Este hecho es fácilmente contrastable consultando la plantilla orgánica del
Ministerio Fiscal (BOE 28 de diciembre de 2010) donde queda reflejado que en la
Fiscalía Provincial de Málaga hay 20 plazas de tercera frente a 35 de segunda,
mientras que fiscalías homólogas como Sevilla hay 11 de tercera frente a 49 de
segunda; en Madrid, 32 de tercera frente a 140 de segunda; en Barcelona, 11 de
tercera frente a 108 de segunda; o en Valencia, 17 de tercera frente a 79 de
segunda. Acudiendo a porcentajes, el resultado es el siguiente y habla por si
solo: en Málaga son el 36,36% de las plazas, Sevilla el 18,33%, Madrid 18,60%,
Barcelona 9,24% y Valencia el 17,70% por lo que porcentualmente Málaga tiene el
doble o mucho más(véase Barcelona) de plazas de tercera en relación a otras
Fiscalías grandes.
A todas luces, se trata de un reparto de plazas enormemente desproporcionado de
acuerdo a la realidad del resto del Fiscalías nacionales, abundando aquí la
injusticia de una situación que es objetivamente una afrenta profesional, y que
desde la APIF proponemos solventar de raíz mediante la supresión de la categoría
tercera, tal como hemos pedido al Ministerio de Justicia.
En todo caso es necesario que los órganos competentes corrijan los casos más
escandalosos, como el de la Fiscalía de Málaga, en pro de los principios de
igualdad y justicia, atendiendo así una demanda legítima que ponemos en
conocimiento general y reclamaremos por las vías procedentes. |
