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El Consejo Fiscal aprobó ayer el informe que remitirá en los próximos días al
Ministerio de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal, el
fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de
investigación tecnológicas. Diversos puntos de la Ley son objeto de crítica por
parte del Consejo Fiscal, en particular los siguientes: La fijación por la
proyectada reforma de un sistema de plazos en la instrucción de las causas. La
posibilidad de que las intervenciones telefónicas y las interceptaciones de las
comunicaciones, en caso de urgencia, puedan ser concedidas por el ministro del
Interior o, en su defecto, por el secretario de Estado de Seguridad fuera de los
supuestos de terrorismo debe ser suprimida por resultar contraria a la
Constitución.
El Consejo muestra su malestar y lamenta que una vez más se acuda a la indeseada
técnica legislativa de regulación parcial. Se desaprovecha la ocasión de abordar
de forma definitiva la necesaria reforma del sistema procesal penal español.
Se acoge, sin embargo, favorablemente la regulación de las intervenciones que
afectan a Derechos Fundamentales recogidos en el art. 18 de la Constitución ante
la falta de regulación actual.
Diversos puntos de la Ley son objeto de crítica por parte del Consejo Fiscal, en
particular los siguientes:
La fijación por la proyectada reforma de un sistema de plazos en la instrucción
de las causas. La posibilidad de que las intervenciones telefónicas y las
interceptaciones de las comunicaciones, en caso de urgencia, puedan ser
concedidas por el ministro del Interior o, en su defecto, por el secretario de
Estado de Seguridad fuera de los supuestos de terrorismo debe ser suprimida por
resultar contraria a la Constitución.
Además se indica que el proceso de aceptación del Decreto del Fiscal en fase de
instrucción resulta innecesario ante la satisfactoria regulación actual del
sistema de conformidad.
Asimismo, se propone la necesidad de regulación de la obligatoriedad de la
trascripción por los secretarios judiciales de las grabaciones de las
declaraciones en las actuaciones de instrucción. Se insiste en un nuevo
tratamiento del juicio de faltas. Una vez se incluyan en el informe las
aportaciones de los vocales realizadas en la sesión de ayer, se facilitará el
texto definitivo en los próximos días.
Madrigal empieza a hacer su equipo
Por otra parte, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha comunicado a
los vocales el nombramiento de José Miguel de la Rosa como nuevo
Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. El
actual Fiscal Jefe, Jaime Moreno, queda adscrito a la Fiscalía del Tribunal
Supremo.
También se nombra a Alejandro Luzón Cánovas nuevo Teniente Fiscal de la
Secretaría Técnica. Alejandro Luzón (1964), destinado en la actualidad en la
Fiscalía Anticorrupción, seguirá atendiendo los procedimientos de especial
complejidad en los que interviene en esa Fiscalía especial.
José Miguel de la Rosa (Ronda, 1965) es en la actualidad Teniente Fiscal de la
Secretaría Técnica, donde ya estuvo desde 2003 a 2008, año en que fue designado
fiscal adscrito a la entonces fiscal coordinadora de Menores, Consuelo Madrigal.
De la Rosa es juez en excedencia y doctor en Derecho, y estuvo destinado en las
fiscalías de Málaga, Sevilla y Madrid. Es autor de diversas monografías como
“Tutela Cautelar de la víctima: órdenes de alejamiento y órdenes de protección”,
“Sustracción parental de menores. Aspectos civiles, penales, procesales e
internacionales”. Los delitos de pornografía infantil. Aspectos penales,
procesales y criminológicos”, “Responsabilidad civil por daños causados por
menores. Aspectos sustantivos y procesales”, “Confesiones. Declaraciones de
imputados y acusados. Coimputados, testigos imputados y testigos condenados”.
Además, ha sido profesor asociado de Derecho Procesal en la Universidad Autónoma
de Madrid.
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