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Veinticuatro
horas
después
del
acuerdo
de
Estado
entre
Gobierno
y
PSOE
ya
se
han
alzado
voces
que
muestran
su
preocupación
por
este
acuerdo,
en
particular
y
por
la
reforma
penal
en
general.
Para
Amnistía
Internacional
es
peligroso
que
la
base
de
ese
pacto
sean
las
enmiendas
presentadas
por
el
PP
en
el
Congreso
en
diciembre
11
las
enmiendas
presentadas,
por
lo
que
Amnistía
Internacional
mantiene
sus
preocupaciones
por
las
mismas,
así
como
por
el
hecho
de
que
no
se
hayan
consultado
a
los
órganos
correspondientes
que
puedan
emitir
los
informes
pertinentes.
De
hecho
el
propio
Ministro
de
Justicia
Rafael
Catalá
señalaba
que
la
Cámara
Baja
podría
aprobar
esta
semana
en
la
Comisión
de
Justicia
una
reforma
del
Código
Penal
que
pone
en
peligro
el
derecho
a la
libertad
de
expresión,
información
y
reunión
pacífica
y se
olvida
de
los
crímenes
de
derecho
internacional.
Asimismo,
la
reforma
ahonda
en
las
limitaciones
de
derechos
ya
existentes
sobre
terrorismo,
al
introducir
12
nuevas
enmiendas
que
amplían
de
tal
forma,
y de
manera
tan
vaga
e
imprecisa,
la
definición
de
terrorismo
que
conductas
que
no
tienen
naturaleza
terrorista
podrían
ser
sancionadas,
de
manera
incompatible
con
las
normas
del
derecho
internacional.
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Amnistía Internacional considera alarmante que la reforma pueda convertir en acto criminal la sola participación en la protesta, pudiéndose castigar conductas que no produzcan daños o lesiones a terceros. |
El
acuerdo
entre
Gobierno
y
oposición
por
el
terrorismo
yihaidista
pasa
por
trabajar
y
dar
forma
a
las
doce
enmiendas
que
el
PP
presentó
en
materia
de
terrorismo
en
diciembre
y
que
no
gustan
en
su
redacción
al
PSOE,
ya
lo
comentó
Antonio
Hernando
ayer
en
su
comparecencia
pública
como
rúbrica
al
acuerdo
entre
las
fuerzas
políticas
para
combatir
esta
labra
social.
Desde
esta
ONG
se
advierte
quea
pesar
de
que
no
existe
una
definición
internacionalmente
aceptada
de
terrorismo,
el
Relator
Especial
de
Naciones
Unidas
en
la
lucha
contra
el
mismo
ha
señalado
que
los
actos
de
terrorismo
tienen
que
cumplir
tres
características
acumulativas:
intencionalidad
de
causar
muerte,
heridos
graves
o
tomar
rehenes;
propósito
de
atemorizar
o
intimidad
a la
población
u
obligar
a un
gobierno
o a
una
organización
internacional
a
realizar
un
acto
o
abstenerse
de
hacerlo;
y
los
delitos
definidos
en
convenciones
y
protocolos
internacionales.
Desde
su
punto
de
vista
las
12
enmiendas
presentadas
por
el
Grupo
Popular
en
el
Congreso
castigan
con
penas
más
graves
delitos
como
la
difusión
de
mensajes
y
consignas,
la
colaboración,
adiestramiento,
enaltecimiento
y
justificación,
sin
que
sea
necesario
que
reúnan
las
características
de
las
que
habla
el
relator.
Además,
Amnistía
Internacional
pide
que
se
rechacen
las
modificaciones
que
quieren
introducir
en
el
artículo
571,
ya
que
se
incluyen
una
variedad
de
delitos,
de
gravedad
dispar
(por
ejemplo,
los
daños
en
propiedad
ajena,
ultrajes
a
España,
atentados
contra
la
autoridad,
o
resistencia
y
desobediencia
a la
autoridad),
que
no
tienen
por
qué
ser
castigados
como
delitos
de
terrorismo.
“Los
delitos
de
terrorismo
son
delitos
muy
graves
y
por
lo
tanto
deben
estar
bien
tipificados.
Esta
tipificación
vaga
e
imprecisa
podría
llevar
a
sancionar
la
protesta,
así
como
comportamientos
pacíficos
que
no
tienen
naturaleza
terrorista”,
ha
declarado
Esteban
Beltrán,
director
de
Amnistía
Internacional
España.
“Algunos
comportamientos
reprochables
de
manera
penal
no
deben
ser
catalogados
como
delitos
de
terrorismo
si
no
reúnen
los
requisitos
que
indican
las
normas
del
derecho
internacional”,
ha
añadido.
Amnistía
Internacional
ha
publicado
un
informe
con
sus
preocupaciones
sobre
las
enmiendas
presentadas
por
el
Grupo
Popular
a la
Ley
Orgánica
de
reforma
del
Código
Penal
en
materia
de
terrorismo.
La
organización,
que
lleva
meses
denunciando
las
restricciones
a
determinados
derechos
que
la
reforma
incorpora,
ha
lanzado
a
través
de
las
redes
sociales
una
campaña
bajo
el
lema
“Este
código
penal
va
contra
mí”.
Difusión
de
mensajes
a
través
de
páginas
web
La
reforma
del
Código
Penal
castiga
la
difusión
o
distribución
de
mensajes
o
consignas
que
por
su
contenido,
puedan
ser
idóneos
para
incitar
a
otros
a la
comisión
de
alguno
de
los
delitos
de
terrorismo,
independientemente
de
si
lo
promueven
directamente
o
no.
“Amnistía
Internacional
considera
que
este
artículo
es
demasiado
amplio
y
general,
ya
que
no
exige
el
elemento
claro
de
intencionalidad,
lo
que
parece
invertir
la
carga
de
la
prueba:
ahora
es
el
ciudadano
quien
tiene
que
demostrar
que
no
había
intención,
en
lugar
del
Estado.
Puede
constituir
una
limitación
desproporcionada
e
innecesaria
del
derecho
a la
libertad
de
expresión
e
información”,
asegura
Virginia
Álvarez,
responsable
de
Política
Interior
de
AI
España.
La
reforma
del
Código
Penal
crea
nuevos
delitos
y
aumenta
las
penas
contra
los
manifestantes.
Por
ejemplo,
introduce
penas
más
graves
para
los
desórdenes
públicos
si
se
producen
en
el
contexto
de
las
manifestaciones.
Además,
podría
castigar
la
resistencia
pacífica
a la
autoridad,
como
puede
ser
una
sentada,
hasta
con
penas
privativas
de
la
libertad,
y la
ocupación
de
despachos,
oficinas,
establecimientos
o
locales,
aunque
estén
abiertos
al
público
si
perturba
el
funcionamiento
normal
de
la
actividad.
Amnistía
Internacional
considera
alarmante
que
la
reforma
pueda
convertir
en
acto
criminal
la
sola
participación
en
la
protesta,
pudiéndose
castigar
conductas
que
no
produzcan
daños
o
lesiones
a
terceros.
“La
seguridad
nacional
y el
orden
público
no
pueden
ser
una
excusa
para
eludir
la
responsabilidad
que
las
autoridades
españolas
tienen
a la
hora
de
adoptar
medidas
que
vayan
en
consonancia
con
el
derecho
internacional.
El
respeto
de
los
derechos
humanos
no
es
un
obstáculo
para
la
seguridad,
sino
un
camino
para
lograrla”,
ha
explicado
Virginia
Álvarez.
Desaparición
forzada,
ejecución
extrajudicial
o
tortura
son
algunos
de
los
delitos
que,
una
vez
más,
no
aparecen
tipificados
de
manera
autónoma
en
el
Código
Penal,
tal
y
como
exige
Amnistía
Internacional,
para
que
puedan
resultar
delitos
imprescriptibles,
como
indican
las
normas
y
los
convenios
internacionales
de
los
que
España
forma
parte.
La
organización
recuerda
a
las
autoridades
españolas
que
esta
reforma
debería
ajustarse
al
derecho
internacional.
“Si
no
se
recogen
adecuadamente
estos
crímenes,
se
podría
llevar,
una
vez
más,
a la
impunidad
a la
hora
de
acceder
a la
justicia
para
las
víctimas”,
ha
concluido
Esteban
Beltrán.
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