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Como
se
recoge
en
su
página
web,
Acción
Cívica
contra
la
corrupción
es
una
asociación
independiente
que
ofrece
una
plataforma
para
que
abogados
de
cualquier
punto
de
España
puedan
personarse
como
acusación
particular
en
procedimientos
judiciales
penales
relacionados
con
el
desvío
de
fondos
públicos
o
casos
de
corrupción,
de
forma
desinteresada
o
“pro
bono”.
La
Asociación
ofrece
también
tramitar
las
denuncias
que
le
lleguen
sobre
casos
de
corrupción
siempre
que
lleguen
acompañadas
de
pruebas
suficientes,
formalizando
la
correspondiente
denuncia
ante
la
Fiscalía.
En
estos
momentos
la
asociación
esta
seleccionando
abogados
para
integrar
en
su
entidad
de
cara
a
personarse
en
diferentes
temas
en
las
próximas
semanas.
Esta
entidad
reivindica
el
uso
de
la
acusación
popular
mal
utilizada
hasta
el
momento,
“sobre
todo
por
los
partidos
políticos
cuando
los
ciudadanos
pueden
aportar
mucho
a
las
investigaciones
de
anticorrupción”,
comenta
Antonio Penadés,
su
presidente.
En
estos
momentos
la
última
reforma
procesal
penal
en
sus
artículos
69 a
73
cuestiona
esta
figura
de
la
acusación
popular
que
pretende
reducir
a la
mínima
expresión
|
Cuentan como socio de honor con el escritor Antonio Muñoz Molina y que la asociación está formada por un grupo de ciudadanos de Valencia con cobertura en todo el territorio nacional. |
Interesa
destacar
que
cuentan
como
socio
de
honor
con
el
escritor
Antonio
Muñoz
Molina
y
que
la
asociación
está
formada
por
un
grupo
de
ciudadanos
de
Valencia
y
presidida
por
Antonio
Penedés
que
ejerció
la
acusación
popular
a
título
individual
en
el
proceso
penal
abierto
por
desvío
de
subvenciones
públicas
destinadas
a
países
subdesarrollados,
asunto
que
está
explicado
en
un
artículo
«Caso
Cooperación:
la
depravación
moral»,
publicado
en
el
diario
El
País
el
21
de
marzo
de
2013
y
que
finalizó
con
una
sentencia
condenatoria
para
los
nueve
encausados
y
con
penas
de 8
años
de
cárcel
para
los
dos
protagonistas
de
la
trama.
Hablamos
con
Penadés,
hombre
polivalente
quien
nos
amplia
más
datos
de
esta
asociación
que
acaba
de
nacer
y
que
en
este
momento
esa
seleccionando
despachos
de
abogados
para
que
siguiendo
la
filosofía
de
la
entidad
pueda
personarse
como
acusación
popular
en
diversos
casos
relacionados
con
la
corrupción
pública
“
Este
es
un
trabajo
que
hacemos
con
calma
porque
tenemos
que
tener
claro
que
los
letrados
que
van
a
trabajar
con
nosotros
lo
van
a
hacer
por
el
interés
público
en
lugar
de
otros
intereses
personales”,
señala
su
presidente.
Para
este
profesional
es
evidente
que
falta
actividad
para
romper
la
rutina
que
asola
la
corrupción
en
nuestro
país
“Hay
que
aprovechar
el
Derecho
y
fomentar
los
cambios
del
sistema
desde
dentro
y
ahí
la
figura
de
la
acusación
popular
es
importante”.
Desde
su
punto
de
vista
esta
herramienta
que
permite
personarse
a
determinados
colectivos
esta
poco
utilizada
“curiosamente
la
emplean
los
partidos
políticos
especialmente
para
lograr
´réditos
políticos.
Una
acusación
popular
activa
puede
complementar
muy
bien
esa
labor
porque
anticorrupción
tiene
pocos
medios
materiales
y
humanos.
Su
labor
puede
ser
muy
productiva,
así
está
pasando
en
el
caso
Cooperación,
con
las
dos
piezas
que
faltan
por
enjuiciarse”.
Ahora
el
momento
es
complejo
porque
el
último
borrador
de
la
reforma
procesal
penal
pretende
suprimir
la
acusación
popular
y
reducirla
a su
mínima
expresión,
una
figura
muy
española
este
tipo
de
acusación,
por
otro
lado.
Salvando
las
distancias
Accion
Civica
contra
la
Corrupción
funcionará
como
Manos
Limpias,
entidad
ya
conocida
al
personarse
en
diferentes
causas.
La
Junta
directiva
de
Acción
Cívica
está
formada
por
Mª
Amparo
Cortés
(maestra
jubilada),
Luis
Cubells
(empresario),
Joan
Llinares
(gestor
cultural),
Alberto
Domingo
(abogado),
Mar
Monsoriu
(periodista),
Javier
Rodrigo
(guionista)
y
Julio
Pascual
(asesor
fiscal).
Su
presidente
es
Antonio
Penadés,
abogado,
periodista
e
historiador.
Los
miembros
de
esta
Junta
directiva
pertenecen
a
generaciones
distintas
y
proceden
de
ámbitos
diversos.
Valoran
su
complementariedad
y se
apoyan
en
ella,
conscientes
de
que
nos
unen
unas
inquietudes
sociales,
la
independencia
respecto
a
intereses
partidistas
o
económicos
y,
cómo
no,
una
honda
preocupación
por
el
estado
de
nuestro
país.
Como
explican
en
su
página
web:
“Son
muchos
los
motivos
que
nos
hacen
considerar
que
los
ciudadanos
debemos
dar
un
paso
al
frente
contra
la
corrupción,
esa
lacra
que
tanto
daño
ha
hecho
ya a
nuestra
democracia,
a
nuestra
convivencia
y a
nuestra
economía.
Mediante
la
constitución
de
esta
asociación
nos
rebelamos
contra
la
idea
de
que
es
imposible
cambiar
el
estado
actual
de
las
cosas
y lo
hacemos
del
modo
más
pragmático”,
así
se
indica
La
idea
de
Acción
Cívica
contra
la
Corrupción
es
la
de
ayudar
a
fiscales
y
jueces
a
limpiar
las
instituciones
del
Estado
con
instrumentos
a
nuestro
alcance,
en
especial
mediante
el
ejercicio
de
la
Acusación
popular
en
procedimientos
por
corrupción
política.
Al
mismo
tiempo
reclaman
que
se
implante
un
sistema
eficiente
de
control
en
la
Administración
para
evitar
que
esta
situación
se
repita
en
el
futuro.
“la
figura
del
interventor
en
los
ayuntamientos
se
ha
politizado
tanto
que
no
ejerce
su
figura
de
control”,
aclara
Penadés.
Desde
esta
entidad
se
entiende
que
ambas
medidas
son
necesarias
para
alcanzar
una
justicia
social
que
permita
acercarnos
a la
ética
colectiva
y a
la
optimización
de
los
recursos
humanos
y
materiales
de
nuestro
país.
La
depuración
de
las
responsabilidades
penales
es
un
paso
esencial,
pero
todo
este
esfuerzo
resultaría
inservible
sin
la
restauración
de
los
controles
administrativos
que
algunos
políticos
eliminaron
durante
un
silencioso
proceso
en
el
que
los
funcionarios
de
carrera
que
ejercían
esas
funciones
acabaron
siendo
reemplazados
por
personas
afines
al
partido.
Para
el
presidente
de
esta
entidad,
con
el
objeto
de
salir
algún
día
de
la
crisis
económica
y de
valores
que
nos
azota,
consecuencia
en
gran
medida
de
lo
anterior,
debemos
hacer
cuanto
esté
en
nuestras
manos
para
ayudar
a la
Justicia,
que
encarna
el
último
filtro
del
Estado
de
Derecho”.
A su
juicio
la
labor
de
fiscales
y
jueces
es
importante
como
último
elemento
de
control
en
el
Estado
y
valora
mucho
el
trabajo
que
están
haciendo.
“Es
un
gran
error
que
las
competencias
urbanísticas
hayan
pasado
de
las
Comunidades
Autónomas
a
los
municipios,
ahí
hay
muchos
problemas
y
debe
replantearse
este
asunto”,
subraya. |
