“Merece la
pena
seguir
luchando.
Hay
que
seguir
peleando
por
mejorar
las
condiciones
de
trabajo
de
la
carrera
judicial”,
son
algunos
de
los
comentarios
de
Conrado
Gallardo,
magistrado
de
la
Audiencia
Provincial
de
Sevilla
y
desde
el
pasado
Congreso
Nacional
de
Foro
Judicial
Independiente
celebrado
en
Pamplona
su
nuevo
presidente,
cargo
que
ya
conoce
pues
no
en
vano
fue
presidente
con
anterioridad
de
esta
entidad.
“Hay
problemas
más
importantes
para
los
jueces
que
tener
un
Código
Ético,
es
fundamental
atacar
el
problema
de
la
litigiosidad
y de
una
mejor
organización
de
los
recursos
de
la
administración
de
justicia”,
comenta
convencido.
A
nadie
se
le
escapa
que
esta
asociación
judicial
crece
progresivamente
en
representatitividad
dentro
del
propio
colectivo
de
jueces
y
magistrados.
“Cuesta
mucho
convencer
a
los
compañeros
de
la
necesidad
de
asociarse,
su
desconfianza
es
importante
porque
el
movimiento
asociativo
sufrió
cierta
politización
hace
años,
pero
hay
que
trabajar
en
esa
dirección”,
apunta.
En
esos
primeros
cien
días
iniciales
como
presidente
de
Foro
Judicial
Independiente
va a
preocuparse
sobre
todo
de
“que
el
CGPJ
reconsidera
su
postura
sobre
suprimir
el
seguro
de
responsabilidad
civil
colectivo
de
los
jueces;
nos
preocupa
la
situación
de
los
jueces
de
las
promociones
63,64
y
65,
esperemos
que
su
situación
se
regule
mejor
que
la
que
tienen.
Por
último
procuraremos
que
el
Ministerio
se
centre
en
crear
órganos
unipersonales
o en
implantar
el
nuevo
modelo
judicial
y
que
se
reúna
la
Comisión
de
Retribuciones
para
mejorar
nuestro
poder
adquisitivo”,
subraya.
En primera
persona
“Siempre me
gustó
la
carrera
judicial,
Mi
padre
también
fue
juez
y
creo
que
ejerció
cierta
influencia
sobre
mí.
Entré
en
la
carrera
judicial
en
1984
y
aún
me
acuerdo
de
aquella
Olivetti
que
manejábamos
para
dictar
sentencias
en
mi
primer
destino
en
Aracena.
Pertenezco a
la
31
promoción
y
siempre
tuve
claro
dedicarme
a la
judicatura.
Sobre
Foro
Judicial
me
incorporé
en
el
2004,
un
año
después
de
su
puesta
en
marcha.
Siempre
he
defendido
el
asociacionismo
judicial,
el
que
se
impulsa
desde
Foro
no
está
politizado.
Si hay algo
que
caracteriza
a
los
que
integramos
Foro
Judicial
Independiente
es
el
trabajo
por
y
para
la
carrera
judicial,
No
aspiramos
a
repartir
cargos
entre
nuestros
miembros
tanto
como
solucionar
los
problemas
de
nuestros
colectivo
que
son
muchos
y
algunos
se
agravan.
Al final si
defiendes
los
intereses
de
los
compañeros
en
aquellas
Comisiones
Profesionales
en
las
que
te
introduces
estás
defendiendo
los
intereses
y
derechos
de
los
ciudadanos.
En
Foro
Judicial
ya
he
sido
presidente
durante
cuatro
años;
cinco
en
la
Ejecutiva
y
ahora
me
he
vuelto
a
presentarme
a
dirigirla
en
un
momento
especial
para
la
carrera
judicial.
Es posible
que
en
estos
momentos
las
asociaciones
judiciales
estemos
más
cerca
unas
de
otras.
Sin
embargo,
no
entiendo
que
exista
una
única
asociación,
es
bueno
la
pluralidad
de
entidades
y
ojalá
los
compañeros
que
aún
no
están
asociados
se
decanten
por
alguna.
A
ellos
les
comentamos
que
trabajamos
sin
ningún
interés
particular
o
propio.
Sr. Gallardo,
¿qué
resumen
puede
hacernos
de
este
último
Congreso
de
Foro
Judicial
Independiente
donde
su
candidatura
fue
elegida
como
la
de
nuevo
presidente
de
la
entidad?
Ha sido un
Congreso
diferente
a
otros.
De
más
trabajo
de
lo
habitual.
Hemos
estudiado
algunos
de
los
problemas
que
asolan
a la
justicia
y a
la
búsqueda
de
soluciones.
De
esta
forma
hemos
abordado
los
Tribunales
de
Instancia
y su
posible
entronque
en
la
administración
de
justicia
actual.
Pensamos
que
es
válido
y
que
con
ciertos
condicionantes
puede
ser
eficaz
y un
revulsivo
a
nivel
organizativo.
También se ha
hablado
de
las
retribuciones.
Una
situación
escandalosa
porque
los
jueces
llevamos
diez
años
perdiendo
dinero
incumpliéndose
todos
los
años
la
Ley
de
Retribuciones
que
es
en
sí
muy
defectuosa.
Al mismo tiempo
estudiamos
el
problema
del
Código
Ético
que
nos
quieren
imponer
en
una
carrera
tan
jerarquizada
y
con
poco
margen
de
maniobra
creemos
que
no
es
necesario.
Y el
problema
de
las
últimas
promociones
de
jueces,
unos
doscientos
cincuenta
en
total,
que
no
encuentran
acomodo
en
ningún
sitio.
Por lo
menos
la
propia
Secretaria
de
Estado
Sánchez-Cortes
anunciaba
en
su
Congreso
que
el
aforamiento
de
jueces
es
intocable,
al
menos
por
el
momento.
Es una buena
noticia,
no
me
cabe
duda.
Hay
que
darse
cuenta
que
nuestro
aforamiento
repercute
en
las
garantías
de
los
propios
ciudadanos.
Seremos
juzgados,
si
así
fuera
necesario
por
superiores
nombrados
por
el
CGPJ.
Lo que sí es
escandaloso
es
el
aforamiento
de
los
políticos,
eso
hace
que
sean
juzgados
por
personas
que
de
alguna
manera
han
nombrado
ellos
o
han
tenido
la
posibilidad
de
influir
en
ese
nombramiento.
Nos
parece
bien
que
se
elimine
el
aforamiento
cuando
sea
un
privilegio
injustificado.
Es curioso
que
el
presidente
Lesmes
insista
tanto
en
el
tema
del
Código
Ético
para
los
jueces
y
esté
en
vías
de
eliminar
el
seguro
colectivo
de
responsabilidad
civil
de
los
jueces…
Los jueces no
necesitamos
un
Código
Ético.
Ya
tenemos
un
sistema
disciplinario
muy
riguroso.
Además
tenemos
muy
poco
margen
de
discrecionalidad
a la
hora
de
decidir
o
gestionar
cualquier
asunto.
Me
preocuparía
que
se
confundiera
el
Código
Etico
con
el
disciplinario
que
son
dos
cosas
diferentes.
No es el problema
más
grave
del
poder
judicial
en
nuestro
país.
Sería
más
útil
este
tipo
de
propuestas
en
nuestra
clase
política
o en
el
propio
CGPJ
donde
tienen
a
bien
hacer
nombramientos
de
altos
cargos
siguiendo
criterios
de
méritos
y
capacidad
que
no
siempre
respetan.
Y sobre
ese
seguro
colectivo
que
el 1
de
enero
desaparece,
¿qué
puede
decirnos?
Ha sorprendido
a la
carrera
judicial.
Si
uno
repasa
el
informe
del
Tribunal
de
Cuentas
no
señala
que
se
suprima
el
mismo
sino
que
se
mejore
su
tramitación
interna
y
gestión.
Entendería
que
el
CGPJ
tramitará
otro
seguro
con
otra
compañía
pero
no
su
supresión.
Lo peor de
todo
es
que
el
CGPJ
no
ha
oído
a
los
jueces
y a
sus
asociaciones.
Se
ha
convertido
de
ser
un
órgano
colegiado
a un
organismo
unipersonal
donde
el
presidente,
como
si
fuera
un
director
general
de
los
antiguos,
toma
decisiones
sin
contar
con
nadie.
Si el Gobierno
eliminara
la
responsabilidad
directa
de
los
jueces
este
seguro
no
tendría
razón
de
ser.
Estaríamos
sometidos
al
mismo
régimen
de
la
función
pública
y de
los
jueces
de
Europa
en
realidad.
En
esta
hipótesis
las
reclamaciones
serian
sobre
el
Estado
y si
éste
tuviera
que
pagar
ya
se
dirigiría
contra
el
juez
responsable.
En la actualidad
el
seguro
colectivo
protege
a
los
jueces
de
cualquier
tipo
de
venganza
o
situación
en
la
que
nos
podamos
ver
ante
la
litigiosidad
que
existe
en
nuestro
país.
La
reforma
que
le
comento
se
podría
hacer
en
veinte
días
eliminando
la
responsabilidad
por
delito
doloso.
Parece
que
en
el
anteproyecto
de
la
LOPJ
está
prevista
pero
mientras
no
salga
necesitamos
ese
seguro
que
nos
cubra
las
espaldas.
En este
contexto
nadie
duda
que
la
litigiosidad
es
uno
de
los
problemas
claves
de
nuestra
justicia
en
estos
momentos.
Es el gran
caballo
de
batalla
de
nuestra
justicia.
Nuestros
jueces
son
los
que
más
asuntos
resuelven
en
Europa.
Creo
que
salimos
muy
rentables
a la
sociedad.
Hicimos
hace
dos
años
un
cálculo
señalando
que
el
salario
de
los
jueces
se
cubre
en
un
cincuenta
por
ciento
por
la
recaudación
de
las
multas
penales.
Es evidente
que
la
agilización
de
los
procesos
sería
de
gran
ayuda
para
nuestra
economía
con
todo
el
dinero
que
hay
en
nuestros
juzgados
colapsados.
Hay
que
darse
cuenta
que
una
justicia
lenta
con
escasa
seguridad
jurídica
es
un
elemento
que
detrae
a
los
inversores
externos.
Nuestro
Gobierno
optó
por
las
tasas
judiciales
para
poner
freno
a
esta
litigiosidad.
Parece
que
se
ha
frenado
algo
pero
da
la
sensación
que
los
derechos
de
los
ciudadanos
se
han
socavado
notablemente.
Este tipo de
herramientas
hay
que
utilizarlas
con
cuidado
porque
te
puedes
cargar
valores
fundamentales
de
la
sociedad
como
es
el
derecho
al
acceso
a la
justicia.
Me
parece
razonable
que
se
castiguen
las
demandas
temerarias
y a
aquellos
que
hacen
un
uso
indebido
de
la
justicia
con
el
pago
de
las
costas.
Con cálculos
que
hicimos
recientemente
un
juicio
en
segunda
instancia
le
cuesta
al
Estado
unos
3000
euros,
Creo
que
la
justicia
tiene
un
coste
y es
razonable
que
quien
más
la
usa,
bancos,
aseguradoras
y
entidades
financieras
asuman
ese
coste.
Las
tasas
actuales
imposibilitan
que
el
ciudadano
vaya
a la
justicia.
En estos
treinta
años
de
su
carrera
judicial
pocos
cambios
ha
podido
ver
a
nivel
organizativo
o de
carrera
judicial.
Muy pocos
hemos
presenciado,
esa
es
la
verdad.
Deberíamos
adoptar
el
modelo
de
la
AEAT
que
ha
mostrado
su
eficacia
en
relación
con
los
contribuyentes.
Hace
falta
voluntad
política
para
afrontar
los
cambios.
Se
necesita
invertir
en
justicia
pero
estoy
convencido
que
ese
dinero
se
recuperaría
en
poco
tiempo.
También faltan
jueces,
cuestión
que
no
es
sencilla
de
resolver.
Siempre
se
habla
que
necesitamos
el
doble
de
jueces
que
el
que
tenemos.
Eso
supondría
diez
años
para
alcanzar
esa
cifra
con
oposiciones
obtenidas
en
gran
número.
Esta
reforma
hay
que
plantearla
a
largo
plazo,
con
un
modelo
judicial
más
eficiente
donde
la
informática
y el
expediente
electrónico
funcionen
realmente.
Tener el número
de
jueces
adecuado
solo
se
logrará
a
largo
plazo.
Mientras
tanto
los
jueces
si
vemos
que
se
ponen
los
medios
necesarios
haremos
el
esfuerzo
oportuno
para
que
el
trabajo
salga.
No
ha
habido
ningún
Gobierno
que
haya
elaborado
un
plan
estratégico
de
mejora
de
nuestra
justicia.
En este
escenario
organizativo
parece
que
Ministerio
de
Justicia,
CGPJ
y
CCAA
con
competencias
transferidas
no
acaban
de
coordinarse…
En su día fue
un
disparate
ponerlo
en
marcha
y
los
resultados
nos
han
dado
la
razón.
Las
CCAA
por
falta
presupuestaria
tienen
otras
prioridades
que
no
son
la
justicia
como
hemos
visto
en
estos
últimos
años.
No
es
rentable
políticamente
y no
invierten
en
ella.
Tampoco
vemos
que
el
CGPJ
las
presione
y
denuncie
sus
incumplimientos
como
deberían
hacerlo
al
ser
el
órgano
de
gestión
y
dirección
de
la
carrera
judicial.
En Andalucía
con
931
jueces,
donde
somos
el
20
por
cien
de
la
carrera
judicial,
no
se
está
construyendo
ningún
edificio,
como
es
el
caso
de
la
Ciudad
de
la
Justicia
en
Sevilla
que
sería
de
gran
ayuda
para
la
mejor
gestión
de
la
administración
de
justicia.
La situación
de
colapso
no
hace
más
que
incrementarse.
El
Ministerio
crea
juzgados
pero
si
las
CCAA
no
pone
en
marcha
nuevos
edificios
estamos
peor
que
antes.
Es
un
sistema
que
no
existe
en
ninguna
otra
administración
del
Estado.
¿Cuál sería
la
clave
a la
hora
de
implantar
el
nuevo
modelo
judicial?
Lo principal
no
hacerlo
de
golpe
como
se
ha
intentado
hacer
con
la
Oficina
Judicial
en
estos
tres
últimos
años.
Hay
ciudades
pequeñas
donde
el
modelo
actual
funciona
bien.
Y es
que
el
problema
se
encuentra
en
las
capitales
de
provincia
grandes.
Ahí
hacen
falta
las
inversiones
en
edificios,
jueces
y
sistemas
informáticos.
Habría que
empezar
a
arreglar
los
problemas
de
estas
grandes
ciudades
como
Madrid,
Barcelona,
Valencia
o
Bilbao.
Es
evidente
que
se
notaría
en
seguida
en
el
tráfico
de
asuntos
y en
la
agilidad
de
los
mismos.
Hasta
ahora
el
dinero
que
nos
hemos
gastado
ha
sido
mucho
fruto
de
la
improvisación
de
nuestros
políticos.
Nuestra
Justicia
tiene
otro
Ministro,
Rafael
Catalá,
desde
hace
casi
dos
meses
¿Cómo
ve
el
cambio
y su
margen
de
maniobra
en
este
final
de
legislatura?
El anterior
Ministro
fue
una
desgracia
pese
a
las
expectativas
que
generó.
Sin
ninguna
sensibilidad
Gallardón
ignoraba
los
problemas
de
la
carrera
y
como
todos
sabemos
ha
incumplido
el
programa
electoral
del
PP
en
materia
de
justicia.
Rafael Catalá
tiene
otro
talante.
Es
un
técnico
de
la
Administración
acostumbrado
a
tratar
con
personas
y a
resolver
problemas.
Sin
embargo
reconozco
que
soy
desconfiado.
En
las
etapas
de
Mariano
Bermejo
y
luego
Caamaño
tampoco
se
hizo
nada
pese
al
buen
talante.
El nuevo Ministro
debe
aportar
soluciones
reales,
cuestión
que
se
hace
compleja
con
el
poco
tiempo
que
tiene,
algo
más
de
un
año,
el
último
de
esta
legislatura.
De su hoja
de
ruta,
¿qué
puede
destacar
que
le
llame
la
atención?
Es un planteamiento
realista
de
afrontar
lo
que
se
pueda
con
el
dinero
que
hay
y
eso
nos
gusta.
Cualquier
paso
que
se
dé
en
sentido
correcto
será
bienvenido.
Creo
que
además
su
equipo
de
trabajo
está
también
muy
preparado
para
afrontar
este
reto.
Llama la atención
que
la
reforma
de
la
LOPJ
es
muy
ligera,
alejada
del
borrador
que
defendía
el
ministro
Gallardón.
Soy
partidario
de
la
instrucción
colegiada
pero
bien
hecha,
no
como
se
reflejaba
en
aquel
anteproyecto.
La
distribución
territorial
que
dibujaba
fue
lo
que
acabó
con
este
intento
de
reforma.
Lo mismo pasa
con
la
necesaria
reforma
procesal
penal.
Necesitamos
un
modelo
claro
de
investigación
en
esta
jurisdicción.
Si
es
abordado
por
los
fiscales
debe
haber
garantías
de
su
independencia
como
se
señalaba
en
la
reforma
del
Código
Procesal
Penal.
Al
mismo
tiempo
hay
que
agilizar
el
proceso
penal
eliminando
recursos
que
colapsan
inútilmente
las
Audiencias
Provinciales
en
los
temas
de
faltas.
Cada
juicio
de
faltas
le
cuesta
al
Estado
cerca
de
4000
euros
aproximadamente.
Habría que
hacer
una
actuación
urgente
en
la
jurisdicción
penal
que
es
la
más
atascada
según
indican
todos
los
estudios.
Y del controvertido
Código
Penal,
¿dónde
se
posiciona
usted?
Nuestro Código
es
benévolo
a la
hora
de
castigar
ciertos
delitos.
Sin
embargo,
estoy
de
acuerdo
que
ahora
esto
no
es
lo
más
prioritario
que
reformar.
Cualquier
reforma
penal
en
cualquier
país
serio
va
con
una
previsión
de
jueces
necesaria
para
su
implantación.
Si
no
ajustamos
ese
ratio
lo
que
haremos
es
que
el
atasco
judicial
crezca
más. |