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ENTREVISTAS

 
Conrado Gallardo, nuevo presidente Foro Judicial Independiente:
“Tener el número adecuado de jueces solo se logrará a largo plazo”
MADRID, 11 de NOVIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
 

Conrado Gallardo, presidente Foro Judicial Independiente“Merece la pena seguir luchando. Hay que seguir peleando por mejorar las condiciones de trabajo de la carrera judicial”, son algunos de los comentarios de Conrado Gallardo, magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla y desde el pasado Congreso Nacional de Foro Judicial Independiente celebrado en Pamplona  su nuevo presidente, cargo que ya conoce pues no en vano fue presidente con anterioridad de esta entidad. “Hay problemas más importantes para los jueces que tener un Código Ético, es fundamental atacar el problema de la litigiosidad y de una mejor organización de los recursos de la administración de justicia”, comenta convencido. A nadie se le escapa que esta asociación judicial crece progresivamente en representatitividad dentro del propio colectivo de jueces y magistrados. “Cuesta mucho convencer a los compañeros de la necesidad de asociarse, su desconfianza es importante porque el movimiento asociativo sufrió cierta politización hace años, pero hay que trabajar en esa dirección”, apunta. En esos primeros cien días iniciales como presidente de Foro Judicial Independiente va a preocuparse sobre todo de “que el CGPJ reconsidera su postura sobre suprimir el seguro de responsabilidad civil colectivo de los jueces;  nos preocupa la situación de los jueces de las promociones 63,64 y 65, esperemos que su situación se regule mejor que la que tienen. Por último procuraremos que el Ministerio se centre en crear órganos unipersonales o en implantar el nuevo modelo judicial y que se reúna la Comisión de Retribuciones para mejorar nuestro poder adquisitivo”, subraya.

 

En primera persona

“Siempre me gustó la carrera judicial, Mi padre también fue juez y creo que ejerció cierta influencia sobre mí. Entré en la carrera judicial en 1984 y aún me acuerdo de aquella Olivetti que manejábamos para dictar sentencias en mi primer destino en Aracena.

Pertenezco a la 31 promoción y siempre tuve claro dedicarme a la judicatura. Sobre Foro Judicial me incorporé en el 2004, un año después de su puesta en marcha. Siempre he defendido el asociacionismo judicial, el que se impulsa desde Foro no está politizado.

Si hay algo que caracteriza a los que integramos Foro Judicial Independiente es el trabajo por y para la carrera judicial, No aspiramos a repartir cargos entre nuestros miembros tanto como solucionar los problemas de nuestros colectivo que son muchos y algunos se agravan.

Al final si defiendes los intereses de los compañeros en aquellas Comisiones Profesionales en las que te introduces estás defendiendo los intereses y derechos de los ciudadanos.  En Foro Judicial ya he sido presidente durante cuatro años; cinco en la Ejecutiva y ahora me he vuelto a presentarme a dirigirla en un momento especial para la carrera judicial.

Es posible que en estos momentos las asociaciones judiciales estemos más cerca unas de otras. Sin embargo, no entiendo que exista una única asociación, es bueno la pluralidad de entidades y ojalá los compañeros que aún no están asociados se decanten por alguna. A ellos les comentamos que trabajamos sin ningún interés particular o propio.

 

Sr. Gallardo, ¿qué resumen puede hacernos de este último Congreso de Foro Judicial Independiente donde su candidatura fue elegida como la de nuevo presidente de la entidad?

Ha sido un Congreso diferente a otros. De más trabajo de lo habitual. Hemos estudiado algunos de los problemas que asolan a la justicia y a la búsqueda de soluciones. De esta forma hemos abordado los Tribunales de Instancia y su posible entronque en la administración de justicia actual.  Pensamos que es válido y que con ciertos condicionantes puede ser eficaz y un revulsivo a nivel organizativo.

También se ha hablado de las retribuciones. Una situación escandalosa porque los jueces llevamos diez años perdiendo dinero incumpliéndose todos los años la Ley de Retribuciones que es en sí muy defectuosa.

Al mismo tiempo estudiamos el problema del Código Ético que nos quieren imponer en una carrera tan jerarquizada y con poco margen de maniobra creemos que no es necesario. Y el problema de las últimas promociones de jueces, unos doscientos cincuenta en total, que no encuentran acomodo en ningún sitio.

 

Por lo menos la propia Secretaria de Estado Sánchez-Cortes anunciaba en su Congreso que el aforamiento de jueces es intocable, al menos por el momento.

Es una buena noticia, no me cabe duda.  Hay que darse cuenta que nuestro aforamiento repercute en las garantías de los propios ciudadanos. Seremos juzgados, si así fuera necesario por superiores nombrados por el CGPJ.

Lo que sí es escandaloso es el aforamiento de los políticos, eso hace que sean juzgados por personas que de alguna manera han nombrado ellos o han tenido la posibilidad de influir en ese nombramiento. Nos parece bien que se elimine el aforamiento cuando sea un privilegio injustificado.

 

Es curioso que el presidente Lesmes insista tanto en el tema del Código Ético para los jueces y esté en vías de eliminar el seguro colectivo de responsabilidad civil de los jueces…

Los jueces no necesitamos un Código Ético. Ya tenemos un sistema disciplinario muy riguroso. Además tenemos muy poco margen de discrecionalidad a la hora de decidir o gestionar cualquier asunto. Me preocuparía que se confundiera el Código Etico con el disciplinario que son dos cosas diferentes.

No es el problema más grave del poder judicial en nuestro país.  Sería más útil este tipo de propuestas en nuestra clase política o en el propio CGPJ donde tienen a bien hacer nombramientos de altos cargos siguiendo criterios de méritos y capacidad que no siempre respetan.

 

Y sobre ese seguro colectivo que el 1 de enero desaparece, ¿qué puede decirnos?

Ha sorprendido a la carrera judicial. Si uno repasa el informe del Tribunal de Cuentas no señala que se suprima el mismo sino que se mejore su tramitación interna y gestión. Entendería que el CGPJ tramitará otro seguro con otra compañía pero no su supresión.

Lo peor de todo es que el CGPJ no ha oído a los jueces y a sus asociaciones. Se ha convertido de ser un órgano colegiado a un organismo unipersonal donde el presidente, como si fuera un director general de los antiguos, toma decisiones sin contar con nadie.

Si el Gobierno eliminara la responsabilidad directa de los jueces este seguro no tendría razón de ser. Estaríamos sometidos al mismo régimen de la función pública y de los jueces de Europa en realidad. En esta hipótesis las reclamaciones serian sobre el Estado y si éste tuviera que pagar ya se dirigiría contra el juez responsable.

En la actualidad el seguro colectivo protege a los jueces de cualquier tipo de venganza o situación en la que nos podamos ver ante la litigiosidad que existe en nuestro país.  La reforma que le comento se podría hacer en veinte días eliminando la responsabilidad por delito doloso. Parece que en el anteproyecto de la LOPJ está prevista pero mientras no salga necesitamos ese seguro que nos cubra las espaldas.

 

En este contexto nadie duda que la litigiosidad  es uno de los problemas claves de nuestra justicia en estos momentos.

Es el gran caballo de batalla de nuestra justicia. Nuestros jueces son los que más asuntos resuelven en Europa. Creo que salimos muy rentables a la sociedad.  Hicimos hace dos años un cálculo señalando que el salario de los jueces se cubre en un cincuenta por ciento por la recaudación de las multas penales.

Es evidente que la agilización de los procesos sería de gran ayuda para nuestra economía con todo el dinero que hay en nuestros juzgados colapsados. Hay que darse cuenta que una justicia lenta con escasa seguridad jurídica es un elemento que detrae a los inversores externos.

 

Nuestro Gobierno optó por las tasas judiciales para poner freno a esta litigiosidad. Parece que se ha frenado algo pero da la sensación que los derechos de los ciudadanos se han socavado notablemente.

Este tipo de herramientas hay que utilizarlas con cuidado porque te puedes cargar valores fundamentales de la sociedad como es el derecho al acceso a la justicia.  Me parece razonable que se castiguen las demandas temerarias y a aquellos que hacen un uso indebido de la justicia con el pago de las costas.

Con cálculos que hicimos recientemente un juicio en segunda instancia le cuesta al Estado unos 3000 euros, Creo que la justicia tiene un coste y es razonable que quien más la usa, bancos, aseguradoras y entidades financieras asuman ese coste. Las tasas actuales imposibilitan que el ciudadano vaya a la justicia.

 

En estos treinta años de su carrera judicial pocos cambios ha podido ver a nivel organizativo o de carrera judicial.

Muy pocos hemos presenciado, esa es la verdad. Deberíamos adoptar el modelo de la AEAT que ha mostrado su eficacia en relación con los contribuyentes. Hace falta voluntad política para afrontar los cambios. Se necesita invertir en justicia pero estoy convencido que ese dinero se recuperaría en poco tiempo.

También faltan jueces, cuestión que no es sencilla de resolver. Siempre se habla que necesitamos el doble de jueces que el que tenemos. Eso supondría diez años para alcanzar esa cifra con oposiciones obtenidas en gran número.  Esta reforma hay que plantearla a largo plazo, con un modelo judicial más eficiente donde la informática y el expediente electrónico funcionen realmente.

Tener el número de jueces adecuado solo se logrará a largo plazo. Mientras tanto los jueces si vemos que se ponen los medios necesarios haremos el esfuerzo oportuno para que el trabajo salga. No ha habido ningún Gobierno que haya elaborado un plan estratégico de mejora de nuestra justicia.

 

En este escenario organizativo parece que Ministerio de Justicia, CGPJ y CCAA con competencias transferidas no acaban de coordinarse…

En su día fue un disparate ponerlo en marcha y los resultados nos han dado la razón. Las CCAA por falta presupuestaria tienen otras prioridades que no son la justicia como hemos visto en estos últimos años. No es rentable políticamente y no invierten en ella. Tampoco vemos que el CGPJ las presione y denuncie sus incumplimientos como deberían hacerlo al ser el órgano de gestión y dirección de la carrera judicial.

En Andalucía con 931 jueces, donde somos el 20 por cien de la carrera judicial, no se está construyendo ningún edificio, como es el caso de la Ciudad de la Justicia en Sevilla que sería de gran ayuda para la mejor gestión de la administración de justicia.

La situación de colapso no hace más que incrementarse. El Ministerio crea juzgados pero si las CCAA no pone en marcha nuevos edificios estamos peor que antes. Es un sistema que no existe en ninguna otra administración del Estado.

 

¿Cuál sería la clave a la hora de implantar el nuevo modelo judicial?

Lo principal no hacerlo de golpe como se ha intentado hacer con la Oficina Judicial en estos tres últimos años. Hay ciudades pequeñas donde el modelo actual funciona bien. Y es que el problema se encuentra en las capitales de provincia grandes. Ahí hacen falta las inversiones en edificios, jueces y sistemas informáticos.

Habría que empezar a arreglar los problemas de estas grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. Es evidente que se notaría en seguida en el tráfico de asuntos y en la agilidad de los mismos. Hasta ahora el dinero que nos hemos gastado ha sido mucho fruto de la improvisación de nuestros políticos.

 

Nuestra Justicia tiene otro Ministro, Rafael Catalá, desde hace casi dos meses ¿Cómo ve el cambio y su margen de maniobra en este final de legislatura?

El anterior Ministro fue una desgracia pese a las expectativas que generó. Sin ninguna sensibilidad Gallardón ignoraba los problemas de la carrera y como todos sabemos ha incumplido el programa electoral del PP en materia de justicia.

Rafael Catalá tiene otro talante. Es un técnico de la Administración acostumbrado a tratar con personas y a resolver problemas. Sin embargo reconozco que soy desconfiado. En las etapas de Mariano Bermejo y luego Caamaño tampoco se hizo nada pese al buen talante.

El nuevo Ministro debe aportar soluciones reales, cuestión que se hace compleja con el poco tiempo que tiene, algo más de un año, el último de esta legislatura.

 

De su hoja de ruta, ¿qué puede destacar que le llame la atención?

Es un planteamiento realista de afrontar lo que se pueda con el dinero que hay y eso nos gusta. Cualquier paso que se dé en sentido correcto será bienvenido. Creo que además su equipo de trabajo está también muy preparado para afrontar este reto.

Llama la atención que la reforma de la LOPJ es muy ligera, alejada del borrador que defendía el ministro Gallardón. Soy partidario de la instrucción colegiada pero bien hecha, no como se reflejaba en aquel anteproyecto. La distribución territorial que dibujaba fue lo que acabó con este intento de reforma.

Lo mismo pasa con la necesaria reforma procesal penal. Necesitamos un modelo claro de investigación en esta jurisdicción. Si es abordado por los fiscales debe haber garantías de su independencia como se señalaba en la reforma del Código Procesal Penal. Al mismo tiempo hay que agilizar el proceso penal eliminando recursos que colapsan inútilmente las Audiencias Provinciales en los temas de faltas. Cada juicio de faltas le cuesta al Estado cerca de 4000 euros aproximadamente.

Habría que hacer una actuación urgente en la jurisdicción penal que es la más atascada según indican todos los estudios.

 

Y del controvertido Código Penal, ¿dónde se posiciona usted?

Nuestro Código es benévolo a la hora de castigar ciertos delitos. Sin embargo, estoy de acuerdo que ahora esto no es lo más prioritario que reformar.  Cualquier reforma penal en cualquier país serio va con una previsión de jueces necesaria para su implantación. Si no ajustamos ese ratio lo que haremos es que el atasco judicial crezca más.

 

 

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