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VI Congreso
de
Instituciones
Arbitrales
Corporativas
que
tiene
lugar
en
Barcelona
organizado
por
el
TAB
 Reunión de
las
principales
entidades
arbitrales
en
el
Decanato
de
los
Registradores
de
la
Propiedad,
Mercantiles
y
Bienes
Muebles
de
Cataluña
donde
se
ha
celebrado
VI
Congreso
de
Instituciones
Arbitrales
Corporativas
organizado
por
el
Tribunal
Arbitral
de
Barcelona
(TAB)
presentado
por
Luis
Suárez,
decano
de
los
Registradores
de
Cataluña
y
que
ha
congregado
a
entidades
arbitrales
de
toda
España
para
ver
fórmulas
de
cooperación
entre
instituciones
y la
fórmula
de
mejorar
la
práctica
arbitral,
aún
desconocida
para
muchos
de
nuestros
empresarios.
Las
instituciones
piden
que
la
Administración
no
entre
en
el
procedimiento
arbitral
y
deje
que
el
mercado
se
regule
y
los
magistrados
apuestan
por
la
congruencia
arbitral,
de
tal
forma
que
los
árbitros
no
tomen
decisiones
fuera
de
ese
conflicto.
En este evento
participaron
juristas
como
Santiago
Ballester,
director
general
de
Derecho
y
Entidades
Jurídicas
de
la
Generalitat
de
Catalunya
que
destacó
que
desde
la
Generalitat
se
apuesta
por
el
arbitraje
como
alternativa
a
los
tribunales
ordinarios
para
la
resolución
de
los
conflictos.
Por
su
parte,
Jesús
de
Alfonso,
presidente
del
Tribunal
Arbitral
de
Barcelona,
institución
con
más
de
25
años
de
existencia
y
con
más
de
1.800
expedientes
de
arbitraje
gestionados
en
su
haber,
defendió
por
esencia
del
arbitraje
que
los
tribunales
y
poderes
públicos
no
deben
interferir
en
el
mundo
del
arbitraje
y
particularmente
en
el
proceso
arbitral:
lo
que
se
denomina
en
Estados
Unidos
como
“Hands
off”.
Otros asistentes
como
Mª
Eugènia
Alegret,
Magistrada
de
la
Sala
Civil
y
Penal
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Catalunya,
habló
del
principio
de
congruencia
en
el
procedimiento
arbitral.
En
este
sentido,
Alegret
apuntó
que
los
árbitros
pueden
tomar
decisiones
más
allá
del
ámbito
específico
del
conflicto,
sin
que
resulte
una
incongruencia
por
exceso
o
defecto
según
el
caso,
con
el
lógico
límite
de
la
posibilidad
de
defensa.
Todo
ello
le
da
mayor
flexibilidad
al
arbitraje.
Para
Gonzalo
Stampa,
abogado
y
árbitro
indicó
que
aunque
la
independencia
y la
imparcialidad
deben
predicarse
de
los
árbitros,
las
instituciones
también
a
través
de
sus
reglamentos
y
transparencia
deben
ser
neutrales.
Stampa
añadió
que
en
el
mundo
internacional
casi
no
se
producen
recusaciones
porqué
los
propios
árbitros
se
abstienen
de
arbitrar
ya
que
su
reputación
tiene
más
importancia
que
sus
honorarios.
En la ponencia
central
del
congreso,
José
Carlos
Fernández
Rozas,
catedrático
de
la
Universidad
Complutense
y
árbitro,
trató
la
contaminación
del
arbitraje
por
las
leyes.
En
concreto,
mención
que
los
reglamentos
de
las
instituciones
arbitrales
tienen
dos
enfoques:
uno
el
arbitraje
internacional,
contaminado
por
la
ley
procesal
norteamericana
y
otro,
el
arbitraje
procesal,
que
se
ve
influenciado
por
la
ley
de
enjuiciamiento
civil.
Fernández
Rozas
subrayó
que
el
panorama
está
cambiando,
y en
particular
en
las
universidades
se
empieza
a
formar
en
arbitraje,
lo
que
garantizará
en
un
futuro
próximo
que
se
evite
la
contaminación.
También
indicó
que
hoy
en
día
los
jueces
españoles
son
respetuosos
con
el
arbitraje.
A continuación,
el
congreso
tuvo
una
mesa
redonda
compuesta
por
diversas
Instituciones
Arbitrales
Corporativas
del
conjunto
del
estado
español
para
reflexionar
sobre
cómo
generar
confianza
en
el
arbitraje.
En
la
misma
intervinieron
:
Carlos
Cavero
(Corte
Aragonesa
de
Arbitraje
y
Mediación)
recalcó
que
los
tiempos
del
arbitraje
se
acomodan
mucho
mejor
a
las
necesidades
del
empresario.
Añadió
que
se
puede
generar
confianza
en
el
arbitraje
abaratando
costes
y
transmitiendo
el
conocimiento
del
arbitraje
desde
las
universidades.
También
apostó
por
instituciones
arbitrales
fuerte.
Antonio
Sánchez-Pedreño
(Corte
de
la
Cámara
de
Comercio
de
Madrid-CAM)
opinò
que
la
cláusula
sobre
arbitraje
se
debe
aplicar
adaptándola
a
cada
caso.
Explicó
que
el
modelo
de
la
CAM
es
de
seguimiento
del
proceso
con
comités
de
designación
independientes,
supervisando
la
recusación
y
los
laudos.
En su intervención,
Manuel
Garayo
(Corte
Civil
y
Mercantil
de
Arbitraje
de
Madrid)
comentó
que
el
arbitraje
debe
responder
a
las
expectativas
y
previsiones
de
las
partes.
Garayo
ha
subrayado
que
el
escollo
está
entre
los
propios
abogados,
que
a
veces
ven
el
arbitraje
con
cierta
reticencia,
especialmente
entre
los
internos
de
las
compañías.
Hizo
énfasis
en
la
disponibilidad
de
los
árbitros
y
que
su
institución
favorece
la
elección
por
las
partes
con
propuesta
de
hasta
ocho
árbitros.
Diego
Rivero
(Tribunal
Arbitral
de
Málaga)
pidió
reforzar
la
arquitectura
jurídica
de
las
instituciones
arbitrales.
También
defendió
que
el
arbitraje
institucional
debe
estar
regulado
porel
poder
público
para
evitar
los
“chiringuitos”
arbitrales
que
tanto
dañan
a la
institución.
Además,
criticó
que
los
modelos
de
constitución
de
sociedades
no
incluyan
una
cláusula
tipo
de
arbitraje.
En opinión de
Javier
Messía
(Corte
de
Arbitraje
y
Mediación
de
Toledo)
es
clave
la
importancia
de
la
formación
en
arbitraje
en
las
universidades,
escuelas
de
negocio
y
también
por
medio
de
academias
para
árbitros.
También
pidió
que
los
poderes
públicos
apuesten
de
forma
clara
por
el
arbitraje
institucional
y
que
haya
una
hoja
de
ruta
del
arbitraje
institucional
para
aumentar
la
certidumbre
jurídica.
Manuel de
Lorenzo
(Tribunal
arbitral
de
Valencia)
afirmó
que
la
desconfianza
en
el
arbitraje
surge
del
desconocimiento
del
mismo,
el
cual
se
debe
reforzar
con
formación
profesional
en
las
universidades.
Lorenzo
pidió
también
incentivos
fiscales
para
quienes
acuden
al
arbitraje,
así
como
la
necesidad
de
que
las
instituciones
arbitrales
puedan
proponer
reformas
legislativas. | 
