Con su Sentencia C-127/12 del pasado 3 de septiembre de 2014, el TJUE ha declarado que el actual sistema del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, consagrado en la Ley 27/1987, incumple la normativa comunitaria sobre la libre circulación de capitales. El procedimiento judicial se debe a un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea en marzo de 2012. 

El punto de partida es el sistema fiscal que distingue entre los contribuyentes del ISD residentes y no residentes. Cuando el causahabiente o donatario reside fiscalmente en España, tributa en este país por la totalidad de lo que ha recibido (la llamada obligación personal), pero cuando reside fuera del territorio nacional, sólo tributa por los bienes adquiridos que estén situados en España (la llamada obligación real). Este sistema se complementa por una serie de competencias legislativas que el Estado español ha cedido a las Comunidades Autónomas en materia del ISD, en cuya virtud pueden introducir medidas que favorecen fiscalmente al heredero o donatario. El punto crucial del recurso ante el TJUE es el hecho de que la legislación de una Comunidad Autónoma excluye a priori a un no residente.

En síntesis, el actual sistema fiscal conlleva diferencias en el trato fiscal (1) entre causahabientes y donatarios residentes y no residentes en España, (2) entre causantes residentes y no residentes en España, y (3) entre donaciones de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de él. Es decir, en una sucesión o donación en la que intervenga un causahabiente o un donatario o un causante que no reside en el territorio español, o bien una sucesión o una donación que tenga por objeto un bien inmueble situado fuera del territorio español, el obligado tributario no puede beneficiarse de las reducciones fiscales de las CCAA.

La sentencia destaca fundamentalmente que dicho mecanismo fiscal constituye una restricción de los movimientos de capitales. En modo alguno este mecanismo está justificado. Si bien el Tratado de Lisboa permite aplicar disposiciones nacionales de Derecho Fiscal que distingan entre contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia, o con respecto a los lugares donde esté invertido su capital, tal posibilidad no puede interpretarse en el sentido de que toda distinción legal de este tipo sea automáticamente compatible con el Derecho Comunitario. Para no constituir una discriminación arbitraria es preciso que la diferencia de trato afecte a situaciones que no sean objetivamente comparables.

A tal efecto la sentencia precisa que “la normativa discutida considera en principio a los herederos o los donatarios, sean residentes o no residentes, como sujetos pasivos a efectos de la percepción del ISD sobre los bienes inmuebles situados en España. Por tanto, no existe ninguna diferencia entre la situación objetiva de un residente y la de un no residente que pueda sustentar una diferencia de trato. (…) No se puede, sin crear discriminaciones, tratar de manera diferente en el marco del mismo impuesto a esas dos categorías de sujetos pasivos o de bienes en lo que atañe a reducciones fiscales”.

En conclusión, como estamos ante un recurso por incumplimiento, la Sentencia sólo declara que el actual sistema fiscal incumple la normativa europea. Incumbe al Reino de España asumir las medidas legales concretas para suprimir la restricción del movimiento de capitales. Como hemos visto, esta restricción consiste en la desigualdad fiscal transfronteriza. Ahora se trata de adaptar correctamente y con rigor la legislación fiscal española a las exigencias de esta sentencia. ¿Valdrá la pena que los contribuyentes de los últimos 4 años revisen sus declaraciones fiscales y reclamen devolución de ingresos indebidos? No lo dudamos.