La FGE plantea un cambio en el régimen disciplinario de los fiscales.  La cuestión es importante y no solo lo es para los directamente afectados, sino que trasciende a los ciudadanos ya que es a través de las sanciones establecidas en el régimen disciplinario como se va a permitir que los fiscales estén cómodos defendiendo con libertad su interpretación imparcial de la ley al caso concreto, o por el contrario, que se sientan amenazados por la imposición de sanciones caso de no sujetarse exactamente a las directrices explícitas o implícitas de la jerarquía.

 El sistema disciplinario vigente se ha mostrado obsoleto, ineficaz y falto de garantías para los fiscales y es necesario que se cambie.   Las garantías comienzan hasta ahora para nosotros, ante la eventualidad de la apertura de un expediente, cuando la sanción se impone y hay que acudir a la vía jurisdiccional. Es lamentable pero es así.

El defecto estriba en que la Carrera Fiscal está fortísimamente jerarquizada: la mentalidad que se ha impuesto tras muchos años de hábitos incontestados es la de que esa jerarquía ni tiene ni ha de tener contrapesos internos, ni por la vía de la transparencia de la actuación (recordemos que de manera sorprendente la Fiscalía no está incluida en la Ley de Transparencia), ni por la motivación de las decisiones (inexistente), ni desde luego por la existencia de unas normas claras sobre las que articular una defensa interna; y la de que el FGE puede nombrar a quien le parezca por razones de confianza (con lo que la promoción profesional depende de razones no ligadas al mérito o la capacidad) con la particularidad de que cuando el FGE se marcha, el nombrado muchas veces se queda.

A la postre, a las órdenes del jefe del Ministerio Fiscal está el Inspector Fiscal (jefe de la Inspección) cuya autonomía respecto del FGE es limitada en la ley y mucho más limitada en la práctica.  Además, la jerarquía de la Fiscalía está compuesta por fiscales que aceptan este sistema huérfano de derechos para los fiscales porque les viene bien y tal vez porque algunos crean en el mismo: forman parte en su mayor parte de las dos asociaciones dominantes (AF y UPF), que les promocionan profesionalmente cuando los Fiscales Generales son nombrados por PP o del PSOE –respectivamente- y son completamente renuentes a la hora de reclamar reformas en beneficio del resto de los fiscales. 

Así, ha sido posible recientemente, que la Institución pudiera expulsar de la Carrera a un Fiscal por faltas más tarde acreditadas jurisdiccionalmente como inexistentes, sin que nadie en la dirección de la Fiscalía se preocupara lo más mínimo de ello y sin que esas asociaciones dijeran ni una palabra sobre la ausencia de garantías. 

En estas estamos cuando la Carrera Judicial ha cambiado su régimen disciplinario, confiriendo mayores garantías a los jueces través básicamente de la creación de una figura, el Promotor de la Acción Disciplinaria, a la que se le otorga una independencia respecto de los órganos sancionadores de los jueces.    La Fiscalía propone copiar el sistema del Promotor, pero a su propia manera: no le da independencia del FGE, que sería la clave de arco de un sistema garantista, ya éste lo nombra discrecionalmente durante dos años (cuatro el promotor de los jueces), y además, se reserva la jerarquía la posibilidad de ordenar al Promotor que incoe expedientes aún cuando no lo considere oportuno. 

  Parece una broma, pero es así.    En lugar de un Inspector tendremos un Promotor, pero a los dos los elige el FGE por razones discrecionales y de confianza.    Con un par.   Además, se amplía el catálogo de sanciones, básicamente las relacionadas con la desobediencia a la jerarquía; se aumentan las multas (aunque los sueldos bajen); se extiende el tiempo de prescripción; se complica la tramitación y se sigue sin contemplar la intervención de nadie independiente (no sometido a la jerarquía ni diferente del investigado) en el expediente.  

Y por supuesto, ni se incluyen como sanciones el acoso laboral, el acoso sexual, los abusos de los jefes en las distribuciones de trabajo o en los visados, es decir, las posibles infracciones de los mandos.   En suma, la Fiscalía sigue en la línea de autoritarismo creciente para dentro de la Institución.

Si además, y desde una perspectiva más amplia, la politización del FGE no se rebaja (siguen por ejemplo sin regularse por ley las relaciones entre el FGE y el Gobierno) y como vemos se incrementan sus poderes sobre el resto de los fiscales, la idea es clara: nuestra Justicia seguirá siendo muy deficiente, la credibilidad de la Institución será baja, la lucha contra la corrupción estará siempre bajo sospecha, y se hará imposible un cambio de modelo de proceso que es necesario pero que pasa porque se sacudan las amenazas a los fiscales por ejercer su trabajo con disciplina y con obediencia a ley, pero con libertad e imparcialidad. 

Alguien menos veterano que yo podría albergar alguna ilusión en las propuestas de regeneración democrática que se están discutiendo ahora mismo para quizá cambiar ciertos modos en la Fiscalía; yo no las tengo por ahí: todo lo que nos ocurre en la Justicia está buscado desde hace décadas por quienes se alternan en el Gobierno, por quienes inundan los periódicos con escándalos de corrupción, y por quienes al final medran de esta situación.