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Los
posts
en
redes
sociales
y
los
datos
en
papel
crean
gran
confusión
para
el
88
por
cien
de
los
encuestados
por
Iron
Mountain
 Un
nuevo
estudio
de
la
compañía
de
custodia
y
gestión
de
la
información
Iron
Mountain
sugiere
que
los
consumidores
desconfían
de
que
el
profusamente
anunciado
“derecho
al
olvido”
vaya
a
entrar
realmente
en
vigor.
El
estudio
europeo
desvela
que
la
inmensa
mayoría
de
los
consumidores
españoles
(88%)
afirma
estar
en
contacto
con
tantos
organismos
y
empresas,
tanto
online
como
offline,
que
ya
no
saben
quién
tiene
información
sobre
ellos.
Existe
una
considerable
confusión
sobre
el
tipo
de
información
susceptible
de
ser
eliminada.
La
mayoría
de
los
encuestados
españoles
cree
que
tienen
derecho
a
pedir
que
se
elimine
su
información
personal
(91%),
información
financiera
(58%)
y
correos
electrónicos
(58%).
Pero
menos
de
la
mitad
amplía
este
derecho
a
las
conversaciones
telefónicas
grabadas
(41%)
o
los
posts
en
redes
sociales
(34%).
Iron
Mountain
encuestó
a
1.257
adultos
en
Alemania,
Francia,
España,
Países
Bajos
y
Reino
Unido.
En
el
corazón
de
la
reforma[i]
propuesta
por
la
UE
para
la
protección
de
los
datos
y de
la
privacidad
está
el
convencimiento
de
que
la
protección
de
la
información
personal
es
un
derecho
fundamental
para
todos
los
europeos.
Cualquier
organización
que
fracase
en
hacer
todo
lo
posible
para
respetar
este
derecho
podría
enfrentarse
a
sanciones
de
hasta
el
2%
de
su
facturación
global.
Con
los
cambios
propuestos
por
la
nueva
ley
europea,
los
consumidores
podrán
pedir
a
las
empresas
que
tienen
información
sobre
ellos
que
la
eliminen.
Sin
embargo,
aproximadamente
tres
de
cuatro
consumidores
en
España
(72%)
no
están
convencidos
de
que
los
beneficios
resultantes
de
que
su
información
sea
eliminada
compensen
las
molestias
de
solicitar
que
así
se
haga.
Además,
un
80%
considera
que
la
empresa
no
responderá
a la
petición,
aunque
asegure
haber
eliminado
los
datos.
Existe
una
considerable
confusión
sobre
el
tipo
de
información
susceptible
de
ser
eliminada.
La
mayoría
de
los
encuestados
españoles
cree
que
tienen
derecho
a
pedir
que
se
elimine
su
información
personal
(91%),
información
financiera
(58%)
y
correos
electrónicos
(58%).
Pero
menos
de
la
mitad
amplía
este
derecho
a
las
conversaciones
telefónicas
grabadas
(41%)
o
los
posts
en
redes
sociales
(34%).
Solo
un
30%
cree
que
la
información
en
papel
–
como
cartas
o
formularios
cumplimentados
–
están
cubiertos
por
las
leyes
de
protección
de
datos,
a
pesar
del
hecho
de
que
el
66%
de
los
consultados
creen
que
la
información
en
papel
es
más
fácil
de
destruir
que
la
información
digital
que
se
tiene
sobre
ellos.
“Casi
todo
lo
que
hacemos
genera
un
rastro
de
información
que
puede
ser
recogida,
procesada
y
potencialmente
compartida.
Las
empresas
que
recogen
esta
información
necesitan
gestionarla
cuidadosamente
y
protegerla
de
forma
segura.
Las
reformas
propuestas
por
la
UE
para
la
protección
de
datos
son
un
buen
paso
inicial
para
proteger
mejor
a
los
consumidores”,
dice
Ignacio
Chico,
Director
General
de
Iron
Mountain
España.
“Sin
embargo,
nuestro
estudio
sugiere
que
la
actitud
de
los
consumidores
se
ha
modificado
desde
los
primeros
borradores
de
esta
ley,
como
consecuencia
de
la
ola
de
temor
relacionada
con
los
datos
sobre
consumidores
en
2011.
Los
consumidores
hoy
no
tienen
problema
alguno
en
compartir
detalles
sobre
su
vida
laboral
y
social
en
Internet,
pero
no
confían
en
que
las
empresas
vayan
a
borrar
realmente
sus
datos
personales,
si
así
lo
solicitan
a
las
mismas.
Las
empresas
pueden
mitigar
este
pesimismo
informando
a
los
consumidores
sobre
cuáles
son
sus
políticas
y
prácticas”.
“Tanto
si
tiene
información
personal
en
papel,
online
o en
una
base
de
datos
electrónica,
la
empresa
tiene
que
saber
qué
tiene,
dónde
lo
tiene
y
cómo
borrarlo
y
destruirlo
de
forma
segura
si
así
se
lo
piden;
y
hacerlo
de
forma
transparente
y
responsable.
Para
muchas
compañías
el
primer
paso
es
digitalizar
los
documentos
importantes
de
manera
que
la
información
pueda
integrarse
en
sus
procesos.
Posteriormente,
para
los
archivos
históricos
o
pasivos,
destruir
de
forma
segura
los
documentos
que
la
compañía
ya
no
debe
conservar
y
establecer
calendarios
de
retención
de
acuerdo
a la
normativa
por
cada
tipo
de
documento.
Las
empresas
tienen
mucho
que
ganar
si
construyen
una
relación
de
confianza
antes
de
que
la
ley
les
obligue
a
hacerlo.
La
confianza
construye
fidelidad
y la
fidelidad
consigue
ventas”.
i] La Comisión Europea quiere unificar la protección de datos dentro de la Unión Europea en una única ley: la General Data Protection Regulation (GDPR). El Consejo Europeo de la UE se ha puesto el objetivo de que está ley se adopte en 2014 y está planificado que la normativa se haga efectiva tras un periodo transitorio de dos años.
Artículo 17: los datos personales han de ser borrados cuando el individuo retire su consentimiento o cuando los datos dejen de ser necesarios y ya no haya una razón legítima para conservarlos.
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