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La Fundación 3M y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) organizan en Barcelona, con la colaboración del Departament de Justícia y AGM ABOGADOS un curso sobre la implantación de esta tecnología A pesar de lo relativamente reciente de la utilización de los medios telemáticos de localización de personas como instrumentos auxiliares de nuestro procedimiento penal, hoy día cerca de 2.000 personas portan algún tipo de estos dispositivos para el control de sus movimientos, acordados por la autoridad competente. Se trata de una apuesta que ha supuesto que nuestro país se sitúe a la cabeza de la Unión Europea en la utilización de estos sistemas. Con el fin de abarcar estos dos objetivos (formativo y de debate), este curso, dirigido por Pablo Llarena Conde (Magistrado. Presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y presidente de la APM), (en la foto adjunta) persigue fomentar la comunicación entre las diferentes instituciones implicadas y presentes en las ponencias, para obtener de esta forma una visión plural de la cuestión. La jornada tendrá lugar el próximo 9 de mayo en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Carrer d’Ausiàs Marc, 40 - 08010 Barcelona. La reforma en proceso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (futuro “Código Procesal Penal”), así como del Código Penal, constituyen en sí mismos hechos de relevancia suficiente como para justificar la formación continua y el debate acerca de las ventajas y condicionantes de utilizar los citados medios telemáticos para el seguimiento de personas dentro del proceso penal. De hecho una actividad similar tuvo lugar hace meses en la capital de España, en el auditórium de Garrigues con gran afluencia de público e interés en el debate que suscitó el conocimiento de esta tecnología tanto para presos penitenciarios como para imputados por violencia de género. El incuestionable interés y el gran número de ventajas que la correcta implantación de tales medios aporta: desde unas consecuencias aflictivas de menor intensidad para los condenados, al posibilitar que se eviten severas restricciones a sus derechos fundamentales (tales como la privación de libertad), hasta los importantes ahorros en los costes penitenciarios que su utilización puede llegar a suponer (se estima que en España hay aproximadamente 160 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes, de los que en torno al 16% se encuentra en “tercer grado penitenciario”). También es evidente que este tipo de herramientas ofrece una mayor seguridad para la víctima (sobre todo, víctimas de violencia de género, si se tiene en cuenta el hecho de que en 2011 había 5.200 presos condenados solamente por delitos de esta índole); así como la reforma en proceso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (futuro “Código Procesal Penal”), constituyen en sí mismos hechos de relevancia suficiente como para justificar la formación continua y el debate acerca de las ventajas y condicionantes de utilizar los citados medios telemáticos para el seguimiento de personas dentro del proceso penal. Desde la propia Asociación Profesional de la Magistratura nos señalan que este seminario: “La utilización de los medios telemáticos en el proceso penal” se ha estructurado en dos módulos: el primero, manifiestamente docente, en el que se revisarán, por un lado los supuestos de utilización que en la actualidad contempla la legislación vigente así como los previstos en el futuro “Código Procesal Penal” y, por otro lado, las ventajas y condicionantes de la prescripción e implantación de esta medida; el segundo, específico de debate, reúne a un selecto elenco de expertos representantes de las diferentes instituciones implicadas (Judicatura, Abogacía, Instituciones Penitenciarias, Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y fabricantes del sistema), con el fin de poder obtener distintos puntos de vist Es evidente que todos los operadores jurídicos del proceso penal, abogados, fiscales, secretarios judiciales y los propios magistrados tienen la oportunidad de conocer in situ cuál es el funcionamiento de estas tecnologías. Y es que nadie duda que se trata de una excelente oportunidad para conocer de primera mano “los desafíos asociados a la utilización de estos medios telemáticos” cada vez más presentes en nuestro acervo legislativo.
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