|
  |
|
|
|
|
|
Las
decisiones
desestimatorias
adoptadas
por
silencio
administrativo
no
conllevan
plazo
alguno
según
el
Constitucional |
|
MADRID,
28
de
ABRIL
de
2014
-
LAWYERPRESS |
|
|
|
En
su
voto
particular
discrepante,
la
magistrada
Adela
Asua
considera,
por
un
lado,
que
el
TC
ha
realizado
una
interpretación
de
la
legalidad
ordinaria
que
no
le
corresponde
y
que,
además,
es
“asistemática”
 El
Pleno
del
Tribunal
Constitucional
(TC)
ha
rechazado
las
dudas
de
constitucionalidad
planteadas
por
el
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Castilla-La
Mancha
(TSJCM)
respecto
del
art.
46.1
de
la
Ley
29/1998,
de
13
de
julio,
reguladora
de
la
jurisdicción
contencioso-administrativa
(LJCA).
Este
precepto
establece
los
plazos
para
recurrir
en
vía
jurisdiccional
las
decisiones
de
la
Administración
que
se
producen
por
silencio
administrativo.
Según
el
órgano
que
plantea
la
cuestión
de
inconstitucionalidad,
el
artículo
vulnera
el
derecho
fundamental
a la
tutela
judicial
efectiva
sin
sufrir
indefensión
(art.
24.1
CE)
en
su
vertiente
de
acceso
a la
justicia.
El
artículo
46.1
de
la
LJCA
fija
un
plazo
de
seis
meses
para
recurrir
las
decisiones
de
la
Administración
que
se
producen
por
silencio
administrativo
(es
decir,
aquellas
en
las
que
no
hay
resolución
expresa).
El
precepto
añade
que
los
seis
meses
se
contarán
“para
el
solicitante
y
otros
posibles
interesados,
a
partir
del
día
siguiente
a
aquél
en
que,
de
acuerdo
con
su
normativa
específica,
se
produzca
el
acto
presunto”.
El
origen
de
la
cuestión
de
inconstitucionalidad,
formulada
por
el
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Castilla-La
Mancha,
es
la
multa
que
la
Consejería
de
Agricultura
y
Medio
Ambiente
de
dicha
Comunidad
Autónoma
impuso
a un
particular
por
haber
podado
encinas
sin
la
preceptiva
autorización.
El
particular
recurrió
la
sanción
en
vía
administrativa,
pero
el
recurso
no
obtuvo
respuesta.
Ante
el
silencio
de
la
Administración,
el
particular
presentó
recurso
contencioso-administrativo
ante
el
TSJCM.
En
sus
alegaciones,
la
Administración
solicitó
al
Tribunal
que
rechazara
el
recurso
por
extemporáneo
al
haber
sido
presentado
fuera
del
plazo
de
seis
meses
que
fija
el
artículo
46.1
de
la
LJCA.
La
sentencia
del
Pleno,
que
cuenta
con
el
voto
particular
discrepante
de
la
ponente,
Adela
Asua,
entiende
que
cuando,
como
en
este
caso,
el
silencio
administrativo
tiene
sentido
negativo
(es
decir,
cuando
desestima
la
petición
del
particular)
el
recurso
no
está
sujeto
a
plazo
temporal
alguno,
por
lo
que
el
precepto
cuestionado
no
es
aplicable
a
esos
supuestos.
En
consecuencia,
desaparece
también
cualquier
sospecha
sobre
su
constitucionalidad,
pues
el
derecho
a la
tutela
judicial
efectiva
no
se
ve
afectado.
El
Pleno
llega
a
esta
conclusión
tras
analizar
la
evolución
de
la
regulación
legal
del
silencio
administrativo
desde
la
promulgación
de
la
primera
ley
reguladora
del
proceso
contencioso-administrativo,
en
1958,
hasta
la
última
reforma
de
la
ley
de
régimen
jurídico
de
las
administraciones
públicas
y
del
procedimiento
administrativo
común,
de
1999.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
