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Fedatarios públicos; juristas y directores de la oficina judicial, el perfil de los secretarios judiciales en nuestro país cada vez adquiere más protagonismo. De hecho su capacidad profesional les podría ser protagonistas a corto plazo del desarrollo de la jurisdicción voluntaria en nuestro país o de la gestión del Registro Civil, en una decisión política que aún no sabemos cuál será su resultado. Para conocer su evolución en estos últimos años y su punto de vista sobre las reformas de la justicia que acomete el Ministro Gallardón, hemos conversado con Rafael Lara, presidente del COSEJU, Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, entidad que aglutina en la mayor parte a estos profesionales: “Es fundamental que el ciudadano se de cuenta que no es bueno que el juez asuma todos los asuntos del juzgado. Hay mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la jurisdicción voluntaria que se debe poner en marcha. Para ellos contamos con profesionales, por su condición y capacidad y formación profesional, como notarios, registradores o secretarios judiciales pueden hacerlo”, comenta. Sr Lara. ¿Serán los secretarios judiciales quienes gestionen próximamente el Registro Civil? No puedo contestarle aún a esa pregunta. Sí puedo decirle que le hemos presentado una propuesta sobre este asunto al Ministerio de Justicia, ofreciendo un nuevo diseño del propio Registro Civil. Nos consta que se ha valorado esta iniciativa y estamos a expensas de la decisión política que se tome. Creemos que gracias a nuestra tradición y experiencia sería una buena decisión que lo gestionasen los secretarios judiciales. ¿Dónde está la polémica de este asunto a nivel de opinión pública? Tampoco tenemos claro dónde está el quid de esta cuestión. Se ha hablado mucho sobre el Registro Civil y la salida del funcionariado de la administración de Justicia a otros colectivos. Es lógico la inquietud de los sindicatos de estos trabajadores que lo gestionan ahora. El modelo de Registro Civil que plantean los secretarios judiciales, ¿pasa por seguir siendo público y gratuito? Podemos garantizar que se podría llevar en las mismas condiciones que se lleva ahora. Se trata de incorporar criterios de racionalidad que evitara una descentralización excesiva de las oficinas de Registro Civil para concentrar efectivos. Al mismo tiempo se trataría de completar el desarrollo tecnológico hecho en los últimos años. Sabemos que ha sido importante la inversión y que es necesario finalizar esas aplicaciones informáticas para tener un Registro Civil Moderno, adecuado a nuestro siglo XXI. ¿Ha sido un acierto organizar hace algunos días, este primer evento de Fedatarios Públicos con el Consejo General del Notariado? Por supuesto. Ha sido un completo acierto. Creo que ha cumplido con creces su cometido y ha servido para potenciar las relaciones con nuestros compañeros notarios. Se han acercado posturas tanto en lo concerniente a las cláusulas abusivas como a la futura legislación de jurisdicción voluntaria en nuestro país, temas claves a corto y medio plazo en nuestro país Tanto cuesta a la sociedad convencerla de la necesidad de desjudicializar parte de los litigios? Es fundamental explicar a los ciudadanos que los jueces y magistrados no pueden estar en todos los frentes que afectan a nuestra sociedad civil. En un Estado de Derecho es clave que el juez tenga la última palabra, sobre todo cuando se produce un conflicto para resolver. Al mismo tiempo hay mecanismos alternativos de resolución de conflictos que se deben poner en marcha. Para ellos contamos con profesionales, por su condición y capacidad y formación profesional, como notarios, registradores o secretarios judiciales pueden hacerlo. La jurisdicción voluntaria tiene una historia importante en sus espaldas. Sin embargo, en nuestra legislación nunca ha tenido una normativa exclusiva. Ahora su campo de acción se ha incrementado a los matrimonios, separaciones o divorcios e incluso a las tutelas. Trámites diarios en la vida de los ciudadanos donde la presencia del juez no es necesaria. ¿Qué papel pueden jugar los secretarios judiciales en esta jurisdicción? Nosotros ya tenemos la formación que se pide para llevar estos casos. De hecho ya hay algunos expedientes de jurisdicción voluntaria que los estamos decidiendo como las declaraciones de herederos colaterales. Hay que darse que nuestra formación jurídica es equiparable a la carrera judicial y fiscal, basta ver temarios, convocatorias y pruebas de acceso. No necesitamos formación adicional para afrontar este tema. Tenemos la formación y la experiencia jurídica, al igual que la voluntad y disponibilidad de hacerlo. Solo hace falta ponerse a trabajar en estos temas. Es posible que la clave de esta iniciativa se encuentre en que no se convierta en un monopolio de ningún colectivo profesional. Es evidente que eso sería muy malo. Lo primero que hay que hacer es analizar expediente por expediente y ver en virtud de la competencia quién puede llevar ese asunto. Se trata de ofrecer al ciudadano una opción con un equilibrio entre los diversos profesionales que puedan dar el servicio y que genere competitividad de tal forma que elija el operador jurídico que quiera que le lleve ese expediente. Vivimos un contexto marcado por la crisis y las próximas reformas de la justicia ¿Qué papel deben jugar los secretarios judiciales en ellas? Hay que decir en primer lugar que la llevanza de un Ministerio como es Justicia no es tarea sencilla. Además se comparten competencias con el CGPJ y Comunidades Autónomas con competencias transferidas. A este escenario hay que añadir el resto de operadores jurídicos que de alguna forma están implicados en la administración de justicia. No es sencillo gestionar este universo para nadie. Llevar las reformas de la justicia no es tarea fácil. Creo que Justicia está llevando iniciativas con espíritu positivo para modernizar nuestra administración de justicia. Las reformas se están llevando con una pausa reflexiva suficiente para que todos podemos opinar, se tome una decisión de Gobierno y se ejecuten esas reformas. Respecto al papel de los secretarios judiciales, además de escucharnos, de lo que estoy convencido, tengan en cuenta nuestras aportaciones a las mismas ¿Hay por ello una buena relación entre COSEJU y Justicia en estos momentos? No hay queja al respecto. Cuando hemos transmitido alguna idea o inquietud sobre un tema en concreto nos han escuchado. Desde esa perspectiva la valoración no puede ser negativa. Luego veremos el resultado, ahora está todo en trámite y haremos la valoración al final de esta gestión. Uno de los problemas de la justicia es la litigiosidad. El Ministro Gallardón pensó que las tasas judiciales eran la mejor manera de ponerla freno. Las tasas judiciales en nuestra historia judicial han existido. Y en nuestra historia reciente y actualidad existían. Esta Ley de Tasas lo que ha buscado es una generalización de las tasas desde el incremento de cuantías. Se trataba de disuadir el planteamiento de demandas o pretensiones no justificadas. Se incidió mucho en la segunda instancia sobre la base que las resoluciones de esta respecto a la primera se confirmaban en más del 95 por ciento. Es cierto que la ley está generando polémica, no obstante hay que esperar el impacto real de la ley de tasas en la ciudadanía y en la litigiosidad para hacer una valoración final. En el momento que tengamos datos, no tanto de su recaudación sino del impacto real en los litigios haremos una valoración sobre el tema. No es la ley que nosotros hubiéramos hecho. Quizás si nos hubieran dejado hubiéramos planteado otras alternativas. Ahora hay que ver el resultado. Otra de las reformas que han generado polémica es el nuevo CGPJ con menos miembros de carácter permanente y una elección muy directa entre dos fuerzas políticas mayoritarias.. Es posible que el CGPJ estuviera antes un poco sobredimensionado y era necesario su reducción estructural por criterios económicos y de eficiencia en su actuación Ahora su estructura es el de una Comisión Permanente de cinco miembros y el Presidente que trabajan a tiempo completo. Como antes le decía, también es pronto para hacer una valoración de su eficacia. Desde fuera da la sensación que la actividad del órgano de los jueces es parecida a la que hacían antes. Le sorprendió el pacto entre las dos fuerzas políticas mayoritarias para la elección de los veinte vocales del CGPJ? No creo que el pacto al que han llegado estas fuerzas políticas sean diferentes al de otras elecciones en el CGPJ. Los trámites han sido muy parecidos a en ocasiones anteriores. La imagen que cada ciudadano tenga del propio Consejo dependerá de su subjetividad. Estamos hablando del órgano de Gobierno del Poder Judicial, con unas competencias concretas muy determinadas. Son los tribunales quienes toman decisiones, dictan las sentencias y hacen ejecutar lo juzgado, tarea que hacemos los secretarios judiciales. Creo que los tribunales siguen pudiendo realizar esa labor jurisdiccional con independencia. Después de tantos años, ¿Porqué no se han hecho aún las reformas que requiere nuestra justicia, Sr Lara? La verdad que los juzgados son un pequeño caos en el que los secretarios judiciales realizan su función de dirección de las oficinas judiciales, impulso de los procesos y ejercicio de la fé pública que muchas veces se topa con grandes dificultades por falta de medios tanto personales como materiales. Las inversiones en justicia nunca han sido las que se necesitaban. Hay que apostar por ella para que ayude al progreso económico y social de país. Mejor tráfico jurídico generaría la seguridad jurídica para que tuviéramos más inversores extranjeros. Hay que tomar esa decisión política pese a las dificultades económicas que atraviesa el país. Medios y reformas son claves en este escenario donde hay que seguir apostando por la figura del secretario judicial. ¿Qué papel debe jugar el secretario judicial en este marco de cambio? Somos profesionales muy bien cualificados que asumimos ahora funciones muy complicadas y mucha carga de trabajo. Creo que por esta formación y experiencia deberíamos tener más peso específico en estas reformas. Nadie duda que la función de juzgar es importante, pero no lo es menos la dirección de la oficina judicial que debe satisfacer las necesidades de justicia del ciudadano. Desde el COSEJU hay un contacto permanente de políticos y miembros del Ministerio de Justicia para que nos tenga en cuenta en este planteamiento nuevo. La administración de Justicia no existiría sino funcionara la administración que la soporta. Y en esa administración, en su cabeza, están los secretarios judiciales. Habla de Oficina Judicial, pero sus resultados no han sido muy buenos … La Oficina Judicial fruto de la Ley Orgánica del 2003 funciona y hay que decirlo. Es indudable que necesita medios e inversiones. Le falta una de las patas primordiales para que funcione mejor que es el expediente electrónico. Hasta que no exista este expediente digital no lograremos el funcionamiento optimo de la propia Oficina Judicial. Donde se ha implantado, como supone un cambio importante en el funcionamiento de los juzgados se ha notado la transformación. Estos preliminares se han limado y ahora la Oficina Judicial da mejores resultados que los que ofrecen los tribunales ordinarios. Dicho esto, hay que señalar que la Oficina Judicial se diseño en el 2001 y estamos en el 2014, se debe adaptar al nuevo entorno. Y ahora se trabaja en ello. ¿Un nuevo Pacto de Estado por la justicia ayudaría a que estas reformas de las que estamos hablando se consolidaran? Habría que plantearlo para la próxima legislatura, a esta le queda poco tiempo. También le digo que el Pacto de Estado del 2001 no se ha ejecutado del todo, con lo cual igual hay que ver si puede ser útil completarlo para luego afrontar un nuevo Pacto de estas características. Ese Pacto sería bueno para consolidar las reformas de la justicia y no dar bandazos en este sentido. Hablar de reforma supone hacerlo de la nueva Ley de Planta y Demarcación que pretende acercar la justicia al ciudadano... Hay que adaptarse a la nueva situación. La citada Ley de Planta tiene más de un siglo y es posible que se tenga que adaptar. Es un tema complejo y delicado del que no se pueden tomar decisiones generalistas. Ahora solo tenemos un borrador, ni siquiera un texto de anteproyecto de una Comisión Institucional. Las soluciones que se planteen a la adecuación de los partidos judiciales tendrán que ser muy concretas. Nuestra justicia también necesita de reformas procesales para evitar, entre otras cosas que los procesos de instrucción en los temas penales se eternicen... Sabemos que se está valorando mucho la propuesta de la correspondiente Comisión Institucional sobre el nuevo Código Procesal Penal, donde se pretende dar la instrucción al ministerio fiscal. Habrá que ver como evoluciona esta situación donde el interés público esta ahí, en primer plano. La idea del nuevo proceso penal dependerá de la propuesta que nos encontremos sobre la mesa cuando llegue a nosotros. Y los procesos de instrucción, ¿Cómo los aligeramos? Los juzgados de instrucción reciben de miles de denuncias. Algunas no tiene visos de solución. Eso hace que se generen sobreseimientos constantes para aligerar ese tipo de denuncias. Se trata de evitar que este tipo de actuaciones acaben en los juzgados poniendo en marcha diferentes controles . Igual que las faltas, muchas de ellas deben desjudicializarse. Habrá que hacer una valoración concreta de cada una de ellas. Y saber que es un derroche tener a un tribunal pendiente de la resolución de dicha falta. ¿Con la puesta en marcha de los tribunales de instancia se gestionarían mejor los recursos de nuestra justicia? Creemos que es una medida oportuna. No puede coexistir la Oficina Judicial que busca la colegiación de los esfuerzos con la individualidad de los juzgados. Lo que hay que buscar es que el engranaje entre esta Oficina Judicial dirigida por el secretario judicial y el Tribunal de Instancia se haga de forma correcta. ¿Con el capital humano que tenemos se puede modernizar nuestra justicia? Hay que hacer un estudio de las necesidades de jueces y magistrados, igual que habría que hacerlo respecto a los secretarios judiciales. En nuestro caso hay unas 600 cubiertas por profesionales interinos. Falta personal titular en nuestro cuerpo de secretarios judiciales. Cualquier funcionario no puede ejercer estas funciones. Creo que hay que seguir con un nivel de entrada de profesionales adecuado todos los años. Convocar oposiciones y tener a los mejores profesionales trabajando. Nuestro cuerpo tiene margen para crecer aun más. En la actualidad hay unos 4200 profesionales, de este total 3.600 son titulares. Sabiendo la sobrecarga de trabajo que sufren la jurisdicción civil y la laboral si serían necesarios más secretarios judiciales. De todas formas no serían incrementos dramáticos. ¿Tenemos las leyes adecuadas para luchar contra la corrupción? Tantas noticias de corrupción en los medios de comunicación inquietan a los ciudadanos. Pero también me tranquiliza el ver que hay procedimientos judiciales abiertos contra los corruptos. Creo que los jueces españoles, como los secretarios judiciales que trabajan en los juzgados de instrucción o audiencias hacen un gran trabajo en este sentido. No podemos dormirnos porque los corruptos buscan fórmulas más imaginativas para realizar delitos. Es posible que ante un nivel de especialización tan notable en ciertos delitos se necesite algo parecido a nivel de respuesta. No sería mala idea crear equipos de investigación especializados que apoyen al juez instructor y al secretario judicial ¿Qué valoración hacen de la gestión del Ministro Gallardón hasta el momento? Tendremos que esperar final de legislatura para hacer una valoración más en profundidad. Nadie puede dudar que hay un trabajo que se está haciendo donde está abordando los puntos más sensibles de nuestra administración de justicia. Es un momento clave, se están diseñando las leyes, que, esperamos que asi sea, modernice nuestra justicia. Hasta ahora hay una buena sintonía con Justicia. Se nos escucha y valora positivamente los informes que aportamos sobre diferentes cuestiones. Conforme vayamos conociendo los textos de las reformas iremos opinando en uno u otro sentido. Estamos terminando, ¿Nuestra sociedad entiende el papel de los secretarios judiciales dentro de la justicia? Creo que esa comprensión ha crecido en los últimos años. Nos conocen un poco mejor y saben cuáles son nuestras funciones. Cada vez estamos más cerca de la decisión y del ciudadano porque nuestro servicio está más próximo a la sociedad. En uno de nuestros últimos estudios internos revelamos que el 75 por cien de la carga de trabajo de la Oficina Judicial lo soportaban los secretarios judiciales. El secretario judicial impulsa el proceso y eso el ciudadano lo observa. Somos fedatarios públicos, a la vez juristas que tomamos decisiones importantes en el proceso y además llevamos la dirección de la organización de la Oficina Judicial. Es un trabajo importante como puede ver. ¿Qué papel espera a su colectivo dentro del desarrollo de la mediación en nuestro país? El borrador de la Ley Orgánica de aquella Comisión Institucional nos encomendaba una labor de mediación, por eso no necesitamos más cualificación que la que nos otorga la propia ley. El cuerpo de secretarios judiciales es ideal para el ejercicio de la mediación intrajudicial, claro. De hecho ya existe un proyecto piloto de mediación en Murcia aprovechando la nueva Oficina Judicial. Está siendo liderado por Joaquín Silguero, Secretario Gnal de la Admon de Justicia y Javier Parra, secretario del Gobierno Regional. Puede ser un ejemplo de mediación intrajudicial a seguir en los próximos años.
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Rafael Lara afirma que ” los secretarios judiciales están absolutamente preparados para hacerse cargo del Registro Civil”
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