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El decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Gonzalo Aguilera, remitió ayer una carta a todos sus afiliados (un millar en toda España) en la que comunica que el Ministerio de Justicia ha adoptado ya la decisión de asignar a los registradores de la propiedad la gestión de los registros civiles. A ultima hora de la tarde de este jueves de barajaba la posibilidad de aprobarse esta medida en el Consejo de Ministro de hoy viernes. Según apunta en la misiva, “esta decisión se hace con plena capacidad auto-organizativa del Colegio de registradores en los aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro Civil”. “Esta noticia nos fue comunicada la tarde del lunes”, indica en su escrito Aguilera, quien ya ha mantenido una reunión en el ministerio “para iniciar las conversaciones y negociaciones relativas a todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia que tendremos los registradores”. El decano de los registradores desvela además que la intención de Justicia es la de “reconsiderar” la demarcación registral y que presentarán una nueva propuesta . “Lo mismo cabe decir respecto del tema del registro electrónico que será diseñado, desarrollado y gestionado íntegramente por el Colegio de Registradores”, añade. En cualquier caso, fuentes de Justicia han asegurado que el acuerdo aún no está cerrado y que, en cualquier caso, todos los trámites que ahora realizan los funcionarios judiciales seguirán siendo gratuitos, tanto los que gestionan actualmente como los que les puedan ser asignados en un futuro. Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, el traspaso de competencias “supone la privatización de un servicio público, financiado por los ciudadanos, que lleva funcionando de manera eficaz desde 1870 y deja en el aire la situación laboral de más de 3.500 funcionarios de toda España”. Por ello, CSIF está valorando medidas de presión “para intentar frenar una medida injusta” que, según prevén, podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros. El anuncio de Justicia de dejar en mano de los registradores (que tienen despachos privados) la inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, entre otros, provocó un fuerte polémica que el propio ministerio quiso atajar asegurando que “la gestión del Registro Civil seguirá siendo pública” y que los trámites “obligatorios” para todos los ciudadanos seguirán siendo gratuitos. Hay que señalar que Institucionalmente el Registro Civil es único. Conforme al artículo 10 de la Ley del Registro Civil, el Registro Civil está integrado por los Registros Municipales a cargo del Juez de 1ª Instancia, asistido del Secretario, por los Registros Consulares, a cargo de los Cónsules de España en el extranjero y por el Registro Civil Central. Los Registro Civil Municipales Principales son 431. De ellos 15 son exclusivos dedicados únicamente a tareas de Registro Civil. El resto se encuentra a cargo de un Juez de 1ª Instancia asistido por un secretario que realizan actividades registrales de forma parcial. Los Juzgados de Paz, actuando asimismo como Registros Civiles Municipales Delegados. En la actualidad existen 7.667. En cada demarcación consular existe una oficina del Registro Civil. En la actualidad existen 177. El Registro Civil se divide en cuatro secciones: La primera, de Nacimientos y general; La segunda, Matrimonios; La tercera, Defunciones; La cuarta, Tutelas y representaciones legales. Su inscripción constituye la prueba de los hechos inscritos. Sólo en los casos de falta de inscripción o en los que no fuera posible certificar (obtener certificación) el asiento se admitirán otros medios de prueba, pero en el primer supuesto será requisito indispensable para su admisión que, previa o simultáneamente, se haya instado la inscripción omitida o la reconstitución del asiento.
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