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Liderazgo compartido y apuesta tecnológica para modernizar nuestra justicia en el Siglo XXI
MADRID, 28 de NOVIEMBRE de 2013 - LAWYERPRESS/ @LuisjaSanchez
 

AEC presenta un informe donde aboga por la Justicia sin papeles y que Ministerio, CGPJ y CCAA asuman el liderazgo de nuestra administración judicial

Bajo el título “ La Administración de Justicia en España en el siglo XXI”; la AEC, www.consultoras.org , patronal del sector de la consultoria que agrupa a un sector que mueve más de 10.000 millones de euros, ha presentado un detallado informe en el que se apuesta por la racionalización de las inversiones en tecnología; cambios de procesos y un nuevo liderazgo desde una colaboración entre los sectores públicos y privados. En este informe se apuesta de forma decidida por la llamada “justicia sin papeles “, interconectados todos los operadores porque “ este nuevo modelo racionalizado necesita de un Plan Estratégico que ayude a incrementar la productividad, simplifique el trabajo y los procesos judiciales, lo que hará que mejore la imagen de la justicia ante el ciudadano”.

Manuel Pimentel, como presidente de AEC, explico a los periodistas que acudimos a esta rueda de prensa que las empresas de consultoría pueden ser el socio estratégico que nuestra justicia requiere: “Ya trabajamos con la Administración en otros temas y en este caso concreto sería bueno trazar ese Plan Estratégico que ayudase a medio plazo a gestionar el cambio tecnológico y cultural que requiere nuestra justicia. Desde esa perspectiva se podría reducir la carga del trabajo administrativo optimizando y redefiniendo procesos”, comentó. También supimos que países nórdicos y anglosajones ya han apostado por este tipo de colaboración público y privada, con éxito, mientras que un país como Italia está en situación parecida a la española.
Desde la patronal de las empresas de consultoría se propone que la Justicia se convierta en algo clave para el país, lo que haría que fuera una acción de Estado y no Gobierno como viene viendo hasta ahora. A pregunta de este periodista sobre quién debería llevar el liderazgo de nuestra justicia, Pimentel recordó que “, este es un tema clave y complejo, pero es fundamental que Ministerio, CGPJ y CCAA Autónomas se repartan ese liderazgo y se coordinen mejor”, subrayó. A juicio de esta entidad no hay un problema de inversión sino de liderazgo y organización; de gestionar mejor los recursos existentes.
Los impulsores de este estudio dejaron claro que han seguido en su elaboración las líneas maestras del Barómetro del Observatorio de Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwers, en él se habla que un 14 por cien de los ciudadanos indica que se debe incrementar el numero de juzgados, mientras que la inversión hecha en justicia sitúa a nuestro país en el noveno lugar de los países europeos con una media de 91, euros por habitante que duplica casi a la media comunitaria pero que ha demostrado que no es suficiente. “En esta contexto de cambio es fundamental impulsar un modelo colaborativo público y privado para que la modernización de la justicia sea un hecho. Esta apuesta tecnológica, a juicio de Pimente, “ es una apuesta económicamente viable, jurídicamente posible y técnicamente realizable, con resultados que se verían a corto plazo de forma muy rápida”. Y se nos puso como ejemplo la gestión hecha por Registradores y Notarios para en menos de cinco meses regular más de 400.000 expedientes de inmigrantes en nuestro país.
El otro gran argumento de este informe de AEC es la llamada “justicia sin papeles”, lo que supondría un apuesta decidida por las tecnologías interconectadas y el cambio del papel hacia el expediente electrónico digital. Desde esa perspectiva desde esta entidad se comentó que el sector de la consultoría puede aportar su expertise en este tipo de modelos tecnológicos para poder implantar un modelo conectado gracias al citado expediente judicial electrónico y también el uso generalizado de la firma electrónica. “Con ello se lograría reducir el trabajo administrativo, mejorar la coordinación y comunicación entre los operadores jurídicos y se podría potenciar la posibilidad de compartir datos y reforzar los mecanismos de seguridad de acceso a esa información” comentó Vicente Calzada, responsable de la Comisión de Marketing de AEC.
Algunas de las ventajas de la implantación de las tecnologías de forma racional en nuestro modelo judicial ayudaría a más agilidad y eficiencia en nuestras tramitaciones, mejora en la organización y gestión del procedimiento judicial así como en la comunicación entre los diferentes órganos judiciales. Por otro lado es evidente que habría un incremento de la productividad entre los profesionales, se podrían automatizar las tareas más pesadas y repetitivas y habría más facilidad para almacenar y recuperar la información. Por último, desde AEC también se tiene que en cuenta que se agilizarían los esquemas de tramitación; sería más accesible la información evitando traslados innecesarios y mejoraría la seguridad en el acceso a la información.
 


 
 

 

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