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La Plataforma Justicia para todos reclama a Gallardón un Pacto de Estado sobre la Justicia y la derogación de la Ley de Tasas al año de su entrada en vigor En el día de hoy, 20N, ya significativo en la historia de España por muchos motivos, al menos habrá más de ochenta movilizaciones en todo nuestro territorio en contra de las tasas judiciales. Un año después que esta medida, aprobada por Gallardón se inscribiera en el BOE, la Plataforma Justicia para Todos leyó en rueda de prensa celebrada ayer el Manifiesto Social que reclama un Pacto de Estado para acometer las reformas de la justicia consensuadas y exige la derogación inmediata de la Ley de Tasas. Por vez primera en mucho tiempo, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, consumidores y sindicatos volvieron a aparecer junto y señalar que la lucha contra las tasas continúa.
En muchas ciudades españolas se ha fijado las 12 del mediodía para realizar concentraciones en contra de las tasas judiciales. Así será en Madrid, en los aledaños de los Juzgados de Plaza Castilla donde la Plataforma Justicia para Todos, encabezada por Carlos Carnicer, presidente del CGAE y Sonia Gumpert, decana del ICAM, acudirán para manifestar en contra de las citadas tasas “Desde septiembre no hemos vuelto a sentarnos con Justicia para hablar de este tema, confesaba el propio Carnicer a este periodista al término de la citada rueda de prensa. Poco antes muchos de los participantes de esta Plataforma tomaban la palabra para indicar su oposición a la implantación de las tasas judiciales “ al vulnerar de forma clara el derecho a la defensa de los que menos recursos tienen”. En este acto donde se leyó el Manifiesto Social pudimos escuchar las opiniones de Joaquin Bosch, presidente de Jueces para la Democracia, Angel Dolao de Foro Judicial independiente excusó su ausencia, al igual que Marcelino Sesmero, portavoz de Asociación Jueces Francisco de Vitoria, pero aquel mando una nota que leyó el propio Carnicer; Rafael Lafuente, del SISEJ, Sindicato de Secretarios Judiciales, Carlos Artal de Unión Progresista de Secretarios Judiciales; Eugenio Ribón del Consejo de Consumidores y Usuarios; Javier Hernández de CCOO, Carmen Hernández de UGT y Emilia Rusco del STAG, sindicato independiente de Justicia. En todas las intervenciones se recalcó que la implantación de las tasas ha hecho reducir la litigiosidad en este año a coste de cercenar el derecho a la defensa de muchos ciudadanos. Una de las frases más duras fue la de Bosch quien señaló que “muchas personas con esta medida han quedado fuera del sistema judicial”, dejando claro que los beneficiarios claros son las grandes empresas, aseguradoras y entidades financieras que sí tienen recursos para costear estos pleitos y sus tasas correspondientes. En el caso de los consumidores, su portavoz aclaró que “esta es una lucha de la sociedad civil y debemos seguir hasta el final”. Y recordó como ahora muchos preferentistas o personas con problemas con cláusulas suelo no pueden por falta de medios económicos ejercer su legítimo derecho a la defensa. Al terminar este acto, fue el propio presidente del CGAE quien leyó el Manifiesto Social, resumen de las reivindicaciones de la Plataforma Justicia para todos. Un documento de catorce puntos que aclara muy bien la situación que se vive en estos momentos. En ese documento se habla (punto 2): que con las tasas se impide a muchos ciudadanos su acceso a la justicia con esta barrera que “crea una brecha en el Estado de Derecho”. También se indica que hasta la fecha (punto 4) no se ha perseguido el mal uso de la justicia por aquellos que hagan un uso temerario. Tampoco se ha arreglado el problema de la justicia gratuita. En el punto 5, Carnicer recordó que las Administraciones Públicas siguen abusando del litigio porque están exentas de las tasas. En el 6, se indica el efecto disuario de los tasas reconocido por el propio Ministro en su comparecencia en el Congreso y Senado. Sobre la recaudación de las tasas, sabemos que se recaudaron 103 milones, lejos de los 306 previstos, “pero no sabemos donde esta ese dinero, (punto 7 y 8). Sobre las tasas se deja claro su afán recaudatorio y disuario (punto 9) y que puede liquidar la llamada tutela judicial efectiva. Por ese motivo se pide al Tribunal Constitucional (punto 10) que sea diligente ante los cinco recursos que tiene que revisar sobre la inconstitucionalidad de las tasas. Los últimos cuatro puntos del manifiesto tienen otro cariz. Recomiendan el diálogo y la negociación para llegar adelante las reformas de la justicia (punto 14). Se insiste en que la agilización de la justicia (punto 13) no puede basarse en implantar barreras económicas y sí en desarrollar un nuevo modelo organizativo de justicia que optimice sus recursos. Se vuelve a hablar de diálogo en el (punto 12) donde se reclama que se escuche la voz de los actores de la justicia. Y se recuerda (punto 11) que la mejora de la calidad de nuestras leyes depende de la participación real en ella de todos los operadores jurídicos.
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