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JUSTICIA
Apuesta por la regulación "efectiva" de la dación en pago y por un trámite de conciliación público y obligatorio ante el secretario judicial El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha presentado al Ministerio de Justicia su informe anual para el diseño y realización de cursos y actividades de formación al colectivo para 2014, entre las que destaca la propuesta de implantar programas formativos en ejecución hipotecaria. El SISEJ ha apostado por una "política de transparencia" en la concesión de cursos, por la formación on-line y por "aumentar el contacto del colectivo con la realidad social". Ha sugerido así la inclusión de programas específicos relativos al procedimiento de ejecución hipotecaria con motivo de las últimas reformas legales y la "trascendencia social que lamentablemente tienen en el momento actual". Así pues, considera que es de especial interés la "habilitación pública de espacios de encuentro" entre secretarios judiciales y asesores jurídicos de diferentes colectivos afectados, en especial, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. REFORMA LEGISLATIVA "Frente a las tibias medidas del Real Decreto Ley 27/2012 de protección de deudores hipotecarios, propugnamos desde hace años una reforma legislativa en profundidad del procedimiento de ejecución hipotecaria (Ley Hipotecaria y Ley de Enjuiciamiento Civil) que permita garantizar el derecho constitucional a la vivienda de todos los ciudadanos", ha destacado en un comunicado. Entre otras medidas, ha abogado por incluir aspectos como la regulación efectiva de la dación en pago y un trámite de conciliación público y obligatorio ante el Secretario Judicial. "Entendemos necesario que el proceso de ejecución hipotecaria no vulnere en ningún caso los derechos humanos", ha agregado. Por último, ha valorado positivamente la reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de suspender cautelarmente una diligencia de lanzamiento en Salt (Girona) basándose en la prohibición de tratos inhumanos o degradantes y en el derecho al respeto a la vida privada y familiar, que incluye la inviolabilidad del domicilio.
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