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Los ámbitos en los que se ha concentrado el mayor número de denuncias han sido telecomunicaciones, videovigilancia y entidades financieras
Las solicitudes de tutelas de derecho para la cancelación de datos personales afectan, principalmente, a los ficheros de solvencia patrimonial y crédito (312) y a los de las empresas de telecomunicaciones (158)
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado hoy su Memoria 2012, que recoge la evolución registrada en la actividad de las distintas áreas de la institución, los ámbitos más destacados, y los desafíos presentes y futuros en cuanto a privacidad. En 2012, el número de denuncias registradas en la Agencia ha aumentado un 12,37% (8.594) respecto a las presentadas en 2011 (7.648), manteniéndose estable el número de solicitudes de tutela de derechos (-1,66%). A lo largo de este ejercicio, la AEPD ha potenciado tanto las acciones dirigidas a simplificar el ejercicio de los derechos por los ciudadanos como a facilitar el cumplimiento de la normativa por parte de los sujetos obligados a ello, ampliando los materiales y herramientas disponibles en su web y poniendo en funcionamiento la Sede electrónica. El notable crecimiento de la actividad de la Agencia se refleja, entre otros aspectos, en un incremento del 15% en los ficheros inscritos y de casi un 40% en las resoluciones dictadas. En cuanto a los sectores o ámbitos de actividad con mayor número de denuncias y actuaciones de investigación, en primer lugar se encuentra el sector de las telecomunicaciones con 2.652; la videovigilancia con 1.271 actuaciones previas de investigación; entidades financieras con 1.077; servicios de internet excepto spam con 404; y suministro de comercialización de energía y agua con 270. En este punto, hay que destacar el incremento sustancial del número de denuncias por suplantación de identidad, en especial en el área de suministro y comercialización de energía y agua, con un 222%, y en telecomunicaciones, con un 92% con respecto a 2011. Las solicitudes de ciudadanos que acudieron a la AEPD recabando la tutela de sus derechos se consolidan. Ocupan el primer lugar las solicitudes del derecho de cancelación (1.202) seguidas de las relativas al derecho de acceso (680), dictándose resolución estimatoria en un 30,1% y un 44,26% de los casos respectivamente. Estas cifras confirman la tendencia de años anteriores en el sentido de que las principales inquietudes de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos ARCO son conocer qué datos suyos son objeto de tratamiento y, en mayor medida, conseguir su cancelación. Por sectores de actividad, las solicitudes de cancelación afectan, principalmente, a los ficheros de solvencia patrimonial y crédito (312) y a los de las empresas de telecomunicaciones (158). Respecto del derecho de acceso destacan las relacionadas con los historiales clínicos (126). Entre las solicitudes de tutelas destacan las relativas al llamado derecho al olvido en internet, que se consolida como un derecho cada vez más reclamado por los ciudadanos. De las tres solicitudes iniciales recibidas en la Agencia en 2007 se ha pasado a las 181 reclamaciones de 2012, un 13% más que el año anterior. En lo referente a la potestad sancionadora, en 2012 se han dictado un total de 896 resoluciones declarativas de infracción, de las cuales 863 tuvieron como destinatarios a responsables privados y 33 a Administraciones Públicas. De las 863 resoluciones declarativas de infracción que recayeron sobre el sector privado, 557 resoluciones culminaron con sanción económica, y 306 concluyeron en apercibimiento. Merece, por tanto, destacarse que, de las infracciones declaradas sobre responsables privados en aplicación de la LOPD, más del 34% concluyeron en apercibimiento, es decir, sin imposición de sanción. En cuanto a las sanciones, el volumen total ascendió en 2012 un 7,43%, alcanzando la cifra de 21.054.656 euros. En cuanto a la distribución de su cuantía, el sector con mayor importe global fue el de telecomunicaciones, que supone un 73% del total (15.368.938 euros), con un incremento del 24,06% con respecto a 2011. En esta área, tres de los principales operadores acumulan el 70,94% del importe global de multas. También se han declarado sanciones con un importe superior al millón de euros en el caso de entidades financieras (2.853.000 euros -13,55% del total-) y de suministro y comercialización de energía/agua (1.270.000 euros -6,03% del total-). Por el contrario, pese al elevado número de resoluciones declarativas de infracción en actividades de videovigilancia (31,98% del total de resoluciones), la cuantía de las sanciones impuestas representa sólo el 1,60% del total. En los procedimientos de declaraciones de infracción relativas a las Administraciones Públicas, se ha producido una importante disminución en el número de declaraciones de infracción, que descienden un 61,62% respecto 2011. Este dato debe matizarse teniendo en cuenta que en el año 2011 las resoluciones declarativas de infracciones por las Administraciones públicas tuvieron un importante incremento como consecuencia de las que afectaron a la vulneración de la LOPD por los Registros de la Propiedad. No obstante, aun excluyendo tal circunstancia, se observa una importante disminución en este tipo de declaraciones. Consultas de la ciudadanía En 2012 se atendió un volumen cercano a las 112.000 consultas, en las que el canal telefónico, con 97.162, figura como el más utilizado por los ciudadanos. Sin embargo, se aprecia un uso creciente de otros canales de información, como la página web y la Sede electrónica de la Agencia. Los principales temas sobre los que se ofreció asesoramiento fueron los relacionados con el sector de las telecomunicaciones (24,41% de las cuestiones) y con el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (10,5%). En el sector de las telecomunicaciones, las consultas se centraron en dos aspectos: el relacionado con los impagos en las facturas y la posterior inclusión en ficheros de morosidad (en ocasiones con referencia a empresas de recobro de deudas) y el relativo a altas fraudulentas sin información ni consentimiento de los abonados. Sobre los derechos ARCO, el ejercicio del derecho de cancelación sigue constituyendo la primera preocupación de los ciudadanos (50,35% de las consultas sobre ejercicio de derechos). Las consultas relativas al derecho de oposición ocupan el segundo lugar (30,9% del total), vinculado específicamente a su ejercicio en Internet, manteniéndose en tercer lugar las consultas sobre el derecho de acceso (13,1%).
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