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Por Teresa Marañón, socia de Marañon Abogados
Si utilizáramos términos de las matemáticas de fluidos para definir que es la internacionalidad, podríamos elaborar la teoría de que ésta es un vórtice económico que se inicia dentro de las fronteras de un país creando corrientes hacia el exterior los cuales generan canales de intercambio de personas, ideas, bienes y servicios cuyos resultados económicos alimentan a su núcleo. España por tradición histórica, política y cultural ha generado todo tipo de corrientes hacia el exterior que obvio ahondar, sin embargo es preciso entender que el canal ideológico proviene del español Francisco de Vitoria, padre del Derecho de gentes que en el siglo XVI fue junto con Hugo Grocio uno de los artífices del Derecho Internacional moderno. Quedan lejanos aquellos días y el paso de los siglos ha servido para la creación de Acuerdos, Convenios y Tratados que han permitido desde la libre circulación de los europeos así como la elaboración de campanas normativas de protección como el Convenio Schengen o las leyes de extranjería de cada país. Nuevos conceptos se empiezan a manejar en los albores del siglo XXI, palabras tales como “inteligencia, talento, conocimiento, aptitud, competitividad, competencia…” califican a estas personas en su movilidad y por ello que la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización también rompe con restricciones para favorecer la entrada de científicos, investigadores y profesores. Se regula para aquéllos que deseen realizar tareas de formación, investigación, desarrollo e innovación en entidades públicas o privadas el visado o autorización de residencia para la formación e investigación. Dicho visado será válido para todo el territorio nacional. Y justo en los términos “territorio nacional” se engloban los retos pendientes de la política migratoria. La existencia de barreras fiscales e idiomáticas son las que actualmente frenan los movimientos en nuestro territorio de científicos, investigadores, profesores extranjeros, impidiendo dirigirse al núcleo económico esencial del que parte la idea de la internacionalidad. Valiente reto tiene el Gobierno y los líderes autonómicos, especialmente los de lenguas cooficiales para buscar soluciones imaginativas y que las cuestiones fiscales e idiomáticas no impidan atraer al talento internacional del que es objeto este artículo. Se escucha en diferentes ámbitos que España desea constituirse en un hub tecnológico de referencia. Para ello, nuestros políticos han de tener en cuenta las siguientes cuestiones: La mejor política migratoria hasta ahora conocida ha sido la que dio lugar a Silicon Valley y al desarrollo generado en Boston en torno al Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Harvard, siendo totalmente necesaria la llamada a científicos, profesores, investigadores y alumnos extranjeros que junto a los nacionales americanos forman parte de una comunidad del talento reconocida a nivel mundial. Cualquier proyecto de tal calibre que queramos iniciar es preciso reforzar nuestras universidades y escuelas de negocios con un círculo de virtuosos formado por científicos, investigadores y profesores extranjeros, nacionales repatriados y excelentes nacionales. La mezcla de conocimiento dará lugar a resultados únicos y espléndidos. A tal efecto, hemos de estar seguros que para la movilidad de dichos actores y su ubicación en las diversas comunidades autónomas que quieran formar parte de este proyecto, va a depender de tres factores: La mejor y más fácil escolarización de sus hijos, la fiscalidad más favorable y menor conflicto idiomático y político. Es conocido por todos que la expatriación familiar es una de las tareas más difíciles, en tanto que afecta a una estructura muy sensible. La calidad de la enseñanza, la presencia de colegios internacionales y nacionales de formación avanzada es una cuestión prioritaria. Tampoco hemos de olvidar las cuestiones de fiscalidad. La diversidad tributaria entre comunidades no es cosa fácil. Sería deseable que si el visado lo es a nivel nacional, la tributación fuera igual o similar al régimen opcional para personas físicas que adquieran su residencia en España como consecuencia de su desplazamiento a territorio español con motivo de un proyecto científico o de investigación o un contrato de formadores como regula para otro segmento de obligados tributarios el RD Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes Cualquier iniciativa independentista supone la llamada sin respuesta a la internacionalidad. Ni está, ni se le espera, al científico o investigador que haya de publicar sus trabajos en lengua cooficial. No hemos de olvidar que los virtuosos extranjeros valoran dos elementos intangibles: la lengua española y la movilidad a un país europeo. No nos hemos de olvidar que el Código Civil Común establece que la residencia continuada en España durante dos años para los nacionales pertenecientes a territorios con vínculos históricos y de diez años para el resto de extranjeros da derecho a la nacionalidad española y por ende a la obtención de un pasaporte europeo. Gestionar la diversidad cultural de cada comunidad autónoma no ha de suponer límites a la entrada de la inversión ni a la del talento en sus diferentes versiones, con lo cual los gobiernos autonómicos han de saber que para éstos ciudadanos del mundo, residir en España y a mayor abundamiento, ser español, supone la pertenencia a la comunidad de ciudadanos libres europeos y cualquier restricción de estos factores a ellos o a sus familias serán rechazadas de plano. O tenemos altura de miras o volvemos al medievalismo anterior a Vitoria.
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