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Un 6,5% de los presos españoles tiene discapacidad intelectual o enfermedad mental, dato conocido en una jornada que aborda la nueva reforma penal
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) elaborará unas propuestas para que el nuevo proceso penal no omita a las personas con discapacidad. Como CERMI, según ha incidido su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, “tenemos que tener la voz y formular propuestas para que el Gobierno las acoja y que este nuevo proceso penal en el que se está trabajando no ignore a la discapacidad, de acuerdo a textos internacionales, como la Convención de la ONU, ratificada por España, y la Directiva 2012/29/UE”. Así lo ha destacado este lunes en la inauguración de la jornada ‘Las personas con discapacidad ante el nuevo proceso penal’, organizada por el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el marco de su programa ’Por Solidaridad. Otros fines de interés social’. Para Pérez Bueno, “la justicia, desde su planteamiento del paternalismo, a veces, impide que avancemos con la intensidad para ponernos al día con la Convención, por lo que hay que plantear alternativas en cuanto a lo que exige la perspectiva de los derechos humanos, a fin de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, y remover los obstáculos”. Según datos de la Dirección General de las Instituciones Penitenciarias, un 6,5% de los presos españoles tiene discapacidad intelectual o enfermedad mental, ha señalado Torcuato Recover, miembro del Comité Ejecutivo del CERMI y coordinador de la Red de Juristas de la Confederación FEAPS, durante su intervención sobre las personas con discapacidad ante el nuevo proceso penal. Para él, el drama de la discapacidad en los centros penitenciarios existe, por lo que, en su opinión, es necesario establecer medidas de protección, de reconocimiento de derechos, el planteamiento de aplicaciones, o la intervención de mediadores. Según ha expuesto, no es admisible que se siga condenando a personas en situación de falta de defensa cierta y evidente, y es necesario provocar un cambio, de acuerdo a la Convención de la ONU. En esta línea, sobre la situación de las personas con discapacidad intelectual ante el nuevo proceso penal, Recover se ha referido a la doble discriminación de este grupo y a la importancia de incidir en la formación adecuada acerca de esta discapacidad para una detección precoz y para una especial atención a las personas con discapacidad intelectual. El ámbito de la discapacidad debe estar presente en la formación jurídica, ya que durante todo el procedimiento, las personas con discapacidad chocan con las barreras propias derivadas de su discapacidad, ha resaltado Recover, quien considera que actualmente hay un total y absoluto fracaso del sistema penal en este sentido. Por su parte, la asesora jurídica de la Confederación FEAFES, Irene Muñoz Escandell, ha expuesto que el 3% de las personas con enfermedad mental grave ha cometido un delito, un porcentaje muy inferior al del resto de la población. Así, este dato lo ha aportado para contradecir la creencia generalizada de que las personas con enfermedad mental cometen delitos por su condición, pero la realidad, ha asegurado, es que el sistema sociosanitario condena a estas personas a una sospecha perpetua o a tratamientos inadecuados. Asimismo, ha querido alertar sobre la reforma de las medidas de seguridad, que influyen de manera notable, y antes que un proceso de rehabilitación o de reinserción social, tal y como pugna la Constitución. Para ella, las penas y medidas de seguridad deben estar dirigidas a la reinserción social y a la reeducación. Propuestas del Ministerio de Justicia ante el nuevo proceso penal Previamente, en representación de Ministerio de Justicia, Cristina Martínez Arrieta ha hablado de las medidas que prepara su departamento en relación a todo lo que afecta a las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental. En este sentido, en relación a la modificación del Código Penal, éste establece que las víctimas con discapacidad intelectual sean objeto de una especial protección debido a su especial vulnerabilidad, a fin de evitar discriminación y desigualdad. Y, por otro lado, se modifica lo referente a la esterilización. Otro aspecto que ha destacado es la asistencia jurídica gratuita para las víctimas vulnerables, lo cual, según ha reconocido, es un importante avance, que se acompaña de una atención jurídica especializada, al tiempo que ha puesto en valor, en relación al anteproyecto de Ley del Estatuto Jurídico de la Víctima, la atención individual a las víctimas, en la que se tendrá en cuenta su situación particular de discapacidad, estableciendo medidas específicas para personas con discapacidad intelectual. En cuanto a las propuestas que plantea el Ministerio, ha destacado un Reglamento de oficina de asistencia de las víctimas, una asistencia integral y de carácter preventivo, la elaboración de un informe sobre el impacto en la víctima, un protocolo integral de las oficinas de asistencia a las víctimas, la coordinación entre el Ministerio de Justicia, las dependencias policiales, la Guardia Civil, los servicios de protección civil y las instituciones penitenciarias, etc. Asimismo, ha llamado la atención sobre propuestas estructurales, como la creación de una unidad de mediación de víctimas en el proceso penal, o la oficina de asistencia a las víctimas como la regulación de los psicólogos que prestan servicios en alguna de las estructuras del Ministerio. Experiencias Por otra parte, la psicóloga y directora de la Unidad de Atención a Victimas con Discapacidad Intelectual de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, María Recio, el juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid, Ángel Luis Ortiz, quien ha explicado el proceso de ejecución de las penas en las personas con discapacidad, y el coordinador de Programas Penitenciarios de FEAPS, Luis Varea, han expuesto sus propias experiencias en relación a las personas con discapacidad en el sistema penal. En este sentido, María Recio ha hablado del programa que desarrollan en la Fundación Carmen Pardo Valcarce/Guardia Civil, y ha explicado que cuentan con una guía para la intervención policial con personas con discapacidad intelectual, gracias a la cual se establecen adaptaciones en la investigación policial para prestar declaración o para la identificación, así como adaptaciones en la evaluación de la credibilidad, manteniendo el compromiso de implementar ajustes adecuados en procedimientos, según establece la Convención de la ONU, entre otras cuestiones. En cuanto a las enseñanzas de los programas sociales de apoyo y asistencia a reclusos con discapacidad, Luis Varea, ha puesto de manifiesto la invisibilidad y la vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual en el programa penitenciario, por lo que, según ha mantenido, el programa de Atención Integral a personas con discapacidad intelectual, de FEAPS busca evitar esto, siendo un proyecto integral, que les acompaña a lo largo de todo el proceso, flexible, adaptándose a cada territorio, versátil, con procedimientos y actividades comunes ajustados a la realidad de una persona, y eficiente, ya que atiende adecuadamente las realidad complejas con recursos limitados. El programa, ha explicado, busca la detección de la persona con discapacidad intelectual en este sistema, regularizar su situación y visibilizarlas, generando concienciación social, al mismo tiempo que pretende responsabilizarles de sus propios actos, pero de manera adecuada a su discapacidad. Su método es la rehabilitación y la reinserción como medio para prevenir la reincidencia o evitar la prisión.
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