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La Fundación Fernando Pombo y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), con el propósito de promover la RSA entre los futuros abogados de forma innovadora, han creado una Clínica Jurídica precursora en nuestro país donde la mayor parte del proceso se realizará de manera virtual http://www.unir.net/clinicalegal/. Con este acuerdo, ambas entidades se proponen crear un lugar de aprendizaje en el que los alumnos de las distintas titulaciones jurídicas de la UNIR trabajen con casos jurídicos reales de interés social a propuesta de la Fundación Fernando Pombo. Así, los alumnos, desde que comienzan sus estudios (curso 1º de Grado) hasta que los finalizan (Postgrado), aprenderán a ejercer la abogacía mientras estudian y prestan un servicio a la sociedad. Adriana Pascual, directora legal de esta clínica legal, (en la foto) nos explica el funcionamiento de esta institución: “Ese caso que nos llega desde Fundación Fernando Pombo es diseccionado por un grupo de trabajo que está constituido por un profesor de la Universidad que es abogado y un grupo de alumnos. El dictamen que se consensúa es enviado a la propia Fundación para que se acabe de estudiar y se traslade a sus beneficiarios.” Para recrear la forma de trabajo de los despachos, se estructura la clínica en cinco niveles, que van desde el primero (pensado para alumnos de 1º de Grado de Derecho) hasta el quinto (en el que trabajarán los alumnos de Máster). Cada caso es resuelto en los cinco niveles de forma simultánea: los alumnos del primer nivel buscan la jurisprudencia y legislación necesaria para resolver el caso, mientras los alumnos de niveles superiores llegan a hacer una propuesta de dictamen. Las clínicas jurídicas son actividades académicas que surgen en las universidades y ofrecen una alternativa en la enseñanza del derecho, combinando ésta con la asistencia jurídica en casos de interés social. Son bastante frecuentes verlas en el derecho anglosajón y en nuestro país están desarrollando en estos momentos. Desde estas entidades hay aspectos a resaltar desde el punto de vista académico-social de estas entidades: - Permiten estudiar y conocer el derecho basándose en casos prácticos a los jóvenes estudiantes. Para muchos puede ser su primer contacto con el derecho. De esta forma pueden aplicar los conocimientos teóricos adquiridos y otras herramientas esenciales para su formación como profesionales del derecho, como la escucha activa, la retórica, el análisis de problemas, las herramientas de estrategia procesal, etc. Otras utilidades de estas clínicas legales tienen que ver con la detección de carencias reguladoras en ámbitos propios de aplicación del derecho en relación con la protección de los derechos fundamentales. A la vez pueden crear un ámbito propicio para la detección de nuevos campos de investigación y de innovación jurídica. Esta actividad de estas instituciones pueden lograr integrar a los estudiantes de Derecho en una sociedad con problemas y desigualdades, fomentando la responsabilidad social y ética en el ejercicio profesional. También su puesta en marcha ayudan a mejorar la concienciación y defensa de los derechos de los ciudadanos en los sectores más deprimidos, fomentan la cultura de defensa de los derechos humanos y contribuyen al avance de las agendas institucionales de democratización de las regiones donde actúan. En definitiva, las clínicas jurídicas permiten, a través de la innovación académica, responder y dar soluciones a problemáticas sociales y de interés general que estén relacionadas con los derechos humanos y/o afecten a los colectivos más desfavorecidos Hay que recordar que La Fundación Fernando Pombo creo junto a la Universidad Carlos III de Madrid, una clínica jurídica para dar asistencia a la Asociación de Afectados por el Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) y por el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple (SQM) de Madrid en los siguientes puntos. En estos momentos está a punto de entregarse el informe jurídico de solución a las cuestiones que se planteaba que se ha hecho en los últimos seis meses. Se trataba de apoyo en la posible reivindicación del reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad de su enfermedad ante el Ministerio de Sanidad. También de respaldar la posible reivindicación ante la Dirección General de la Seguridad Social del derecho al acompañamiento de enfermos durante la inspección sanitaria así como el apoyo en la consecución de la tarjeta de minusvalía a los pacientes de SFC en la Comunidad de Madrid.
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