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El área de Asuntos Públicos de LLORENTE & CUENCA organizó el pasado martes un debate coloquio en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP) que aglutinó en torno a una misma mesa a representantes de los principales sectores con voz y opinión sobre la regulación del lobby. Estuvieron presentes José Enrique Serrano, diputado y ex jefe de Gabinete del presidente Zapatero; Carles Campuzano, diputado de CiU; Marta Arias, directora de Sensibilización Política de UNICEF; Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y Joan Navarro, socio y vicepresidente de Asuntos Públicos de LLORENTE & CUENCA. El coloquio fue moderado por el presidente de la Asociación de Periodistas Parlamentarios y corresponsal de La Vanguardia, Luis Izquierdo, y se celebró como una sesión especial del “IV Congreso Internacional de Administración Pública” que finalizó también ese mismo dia en la capital de España. Este debate reunió a decenas de personas y despertó gran interés. Entre los presentes, se pudo contemplar a directivos de varias empresas, ONG’s, periodistas, académicos y profesionales de los Asuntos Públicos de todos los sectores. Los cinco invitados coincidieron en la necesidad de regular el lobby en nuestro país. Joan Navarro insistió en que es imprescindible dotar a la actividad de un marco regulatorio que le otorgue luz y taquígrafos, como ya manifestó hace meses en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, con motivo de la tramitación de la Ley de Transparencia. En esta misma línea, el diputado Carles Campuzano aseguró que había que tomar el modelo europeo como referencia. Campuzano también citó la huella legislativa, como un elemento fundamental a la hora de hablar de regulación del lobby. Por su parte, Marta Arias y Manuel Villoria insistieron en la pertinencia de la regulación, pero sin olvidar la transparencia. Arias habló, además, de la importancia del advocacy y el lobby en el tercer sector para trasladar eficazmente los puntos de vista del llamado lobby social al regulador. José Enrique Serrano, por su parte, reconoció algunas dificultades durante la tramitación de la Ley de Transparencia para abordar la regulación de la actividad, aunque afirmó que el próximo periodo será necesariamente el periodo en el que habrá que hacer algo con los lobbies. Entre los argumentos para regular el lobby se señalaron varios ayer: participación en la toma de decisiones, transparencia, incremento de la confianza ciudadana o confluencia con la Unión Europea. Sin embargo, quizás lo más patente fue la coincidencia de todos los ponentes, desde sus diversos enfoques, en la necesidad de normalizar una actividad legítima y absolutamente cotidiana que, sin embargo, se realiza, día a día, sin regulación en nuestro país.
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