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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Plan de regeneración democrática consistente en 40 medidas que se negociarán con los grupos parlamentarios. http://goo.gl/s1w3Vr Con ellas se pretende reforzar el control de la actividad económica y financiera de los partidos, a mejorar la regulación del ejercicio de cargos públicos, especialmente en la Administración General del Estado y a implantar medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción.
A este respecto quedará definido el Estatuto del Cargo Público por ley y no diseminado en diversos reglamentos que puedan ser modificados por los ministerios. Del mismo modo, se ha diseñado una normativa que defina en qué consiste el "ejercicio del cargo público", para que se sepa "qué derechos y qué obligaciones" tienen quienes tienen esos cargos. Uno de los objetivos principales del Gobierno es reforzar la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, de modo que pueda seguir la evolución del patrimonio de los cargos públicos cuando cese en el cargo, más allá de las actuales declaraciones de bienes que se presentan actualmente al principio y al final de sus mandatos y que, según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, contribuían a poco más que la "publicidad inmediata". En la línea con una norma de ámbito internacional para luchar contra el blanqueo de capitales,, se ampliará el número de altos cargos cuya actividad estará sometida a un "control reforzado" y cualquier movimiento "llamativo" en las cuentas corrientes que controlen estas personas con responsabilidad pública será comunicado a la oficina de blanqueo. Se hará que los presupuestos de las instituciones públicas recojan las cuantían totales de las retribuciones a los cargos públicos, que tendrán clarificado por ley su régimen de la seguridad social y las pensiones a las que accederán, al igual que otros empleados públicos. Se prohibirá expresamente el uso de las tarjetas de crédito para los gastos de los cargos públicos Otro de los aspectos que se quiere aclarar es el de los gastos de representación, que solo abarcarán lo que fije la ley, referido generalmente al protocolo o la seguridad. Como novedad, se prohibirá expresamente el uso de las tarjetas de crédito para los cargos públicos, y los gastos solo serán reembolsables con presentación de los justificantes. Un responsable económico de los partidos ante el Parlamento Para regular la actividad económica y financiera de los partidos políticos, se creará la figura del responsable económico de los partidos, que comparecerá anualmente en el Parlamento. Los partidos políticos tendrán que remitir sus cuentas al Tribunal Constitucional y publicar las subvenciones y donaciones que superen la cantidad supuesta en la ley. También se establecerá un procedimiento tasado para la aprobación de las cuentas de los partidos y tendrán que fijar directrices de contratación. Las formaciones políticas tendrán que enumerar las fundaciones que dependan de ellos y describir el vínculo que les una. Por otra parte, se amplía la posibilidad de crear partidos políticos a personas que no tengan la nacionalidad española. A fin de reformar el control de la actividad de los partidos, el Gobierno propone, entre otras medidas, regular la figura del responsable económico financiero de los partidos que, además, deberá comparecer anualmente en el Parlamento, retener las subvenciones a los partidos que no presenten sus cuentas y obligarles a estar al corriente de obligaciones tributarias y de seguridad social para poder recibir subvenciones. El Plan pretende también, ha señalado la vicepresidenta, que "se sepa de verdad qué derechos y obligaciones tienen los cargos públicos", que sus gastos de representación sean exclusivamente para los usos que fije la ley, prohibir el uso de las tarjetas de crédito y ampliar el número de altos cargos sometidos al control reforzado de sus actividades económicas. Dar una respuesta penal a la corrupción es otra de las finalidades de medidas presentadas. Para ello se creará un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de partidos, se revisarán distintos tipos penales (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias), se ampliará la prohibición de contratar con las administraciones públicas y se incluirán medidas para agilizar los procedimientos.
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