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El CERMI invita a las empresas e instituciones a que se comprometan con la Convención de la Discapacidad
MADRID, 30 de AGOSTO de 2013 - LAWYERPRESS
 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha lanzado la iniciativa “Haciendo nuestra la Convención”, un programa dirigido a empresas y corporaciones españolas con objeto de que estas incorporen mediante un compromiso formal en sus políticas y estrategias los valores, principios y mandatos de la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
A pesar de que la Convención es un tratado internacional que asumen los Estados, caso de España, y las entidades supranacionales, como la Unión Europea, el CERMI entiende que la Convención vincula a todas las instancias sociales, incluida las empresas y corporaciones, que tienen obligación de ser inclusivas, no discriminatorias y accesibles.
Con este programa se busca la adhesión de las empresas con más conciencia social y cívica a la Convención de la Discapacidad, compromiso que tendrán que traducir en políticas, estrategias y medidas para que el entorno empresarial garantice los derechos y la igualdad de las personas con discapacidad, en todas las vertientes (trabajadores, clientes, grupo de interés, etc.).
El CERMI espera que las empresas españolas se sumen a este programa y hagan suya la dimensión de inclusión y derechos de la diversidad humana que representa la Convención.

No se informan de las sanciones sobre discriminación
Esta entidad ha pedido a Becerril que investigue "el incumplimiento" por parte del Gobierno de la obligación de remitir a las Cortes Generales un informe anual sobre la aplicación la Ley 49/2007, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades.
Según informa el CERMI, ni el Gobierno actual, ni el anterior, han atendido el mandato de la disposición adicional sexta de la Ley 49/2007 de 26 de diciembre, que ordena remitir a las Cortes un informe anual para dar cuenta de las actuaciones efectuadas cada año, el coste económico de las mismas y la programación de las actuaciones futuras, así como las sanciones impuestas y su rendimiento económico.
"Desde 2008, fecha de aplicación de esta obligación legal, ninguno de los Gobiernos que se han sucedido ha confeccionado ni remitido a las Cortes Generales el Informe mencionado, permaneciendo incumplido el imperativo legal", denuncia la organización, que pide la intervención de la Defensora del Pueblo para instar al Gobierno a hacer efectivo este mandato.
Recientemente el CERMI presento el pasado miércoles , en forma de libro, el informe de situación de los derechos humanos y las personas con discapacidad en España correspondiente al año 2012.
En su condición de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Cermi viene elaborando desde el año 2008 un informe anual en el que se examina el cumplimiento por parte de España del tratado internacional de la discapacidad.
Con este de 2012, editado en la colección Convención ONU que promueve el Cermi, son cinco los informes hechos públicos hasta ahora, que coinciden con el periodo en que la Convención de la Discapacidad resulta de aplicación en España, tras su entrada en vigor en mayo de 2008.
La publicación será remitida al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con sede en Ginebra (Suiza), como máxima autoridad en el seguimiento mundial de la Convención, y en España, al Gobierno de la Nación, a las Cortes Generales, a través de la Comisión de Discapacidad del Congreso, a la Defensora del Pueblo, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial.
 


 
 

 

 


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