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“Cualidad de transparente. Transparente se dice del cuerpo a través del cual pueden verse los objetos con claridad. Traslúcido. Que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse”. Esta es la definición que encontramos en el Diccionario de la palabra transparencia. La Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno está en pleno proceso de tramitación y el próximo mes de septiembre se cumplirá ya un año con ella en la Cámara Baja antes de que se remita al Senado. Sin duda, se trata de una gran apuesta de la Administración y de una Ley esperada por todos. Hoy en día, la transparencia, tanto en el ámbito público como en el privado, es vista como un valor positivo, en auge y una ventaja para aquel que la ejerce y la aplica. Genera confianza en el entorno y refuerza la credibilidad. La transparencia, el buen gobierno, la responsabilidad social corporativa adquieren cada vez un valor más tangible tanto en el sector público como en el privado. Si no hace tanto tiempo, desvelar demasiada información podría ser visto como algo incauto y que pone en peligro a quien la revela, justo ahora es lo contrario. La opacidad, el secretismo y la falta de transparencia conduce a la falta de confianza y de credibilidad, levantando sospechas de que no se está llevando a cabo un fair play. La transparencia y el acceso a la información es el camino para evitar un mal uso de los recursos públicos, prevenir la corrupción, reducir el grado de improvisación o ineficiencia y que la relación entre el ciudadano y la Administración sea de una mejor calidad. Eso sí, la transparencia no surge de forma espontánea sino que es necesario prepararse para ponerla en práctica, con un marco regulador que la fomente y la exija. No basta con funcionarios honestos y con vocación de servicio sino que la Ley que ahora se está tramitando es vehículo clave necesario. Uno de los pilares clave y fundamentales de esta Ley es el acceso de los ciudadanos a la información, de forma que cualquier ciudadano podrá solicitar toda información que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de funciones públicas, siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. El texto provisional de la norma impedía también el acceso cuando estuviese en juego el secreto profesional, la propiedad intelectual o industrial o como cuando peligre la igualdad de partes en el proceso. Y algunas voces han manifestado que estas exclusiones deberían ceñirse a la mínima expresión, tan sólo cuando afecte a la seguridad nacional o a la intimidad de las personas. Previsiblemente la Comisión Constitucional del Congreso emitirá su dictamen en un debate abierto o sesión pública el próximo día 24. A la vuelta del verano, el Congreso retomará el debate y la aprobación de las enmiendas para su envío al Senado. En otoño se prevé el final de la tramitación de la norma. Tras su publicación en el BOE entrará en vigor la parte referente al Buen Gobierno. Sin embargo, hay doce meses de carencia para la entrada en vigor de la parte referente a la transparencia, para que las Administraciones puedan preparar toda la información que tienen que publicar, así como para la puesta en marcha del Portal de Transparencia. Habrá que esperar, pero sin duda, se trata de un gran avance.
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