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Esperada comparecencia en el Senado del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro para debatir el decreto-ley de Medidas Urgentes contra la Morosidad , que comentó recientemente que, "a finales de año, todas las Administraciones Públicas pagarán a los proveedores en 30 días", durante la defensa en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros. "Traemos los mecanismos financieros para que sea factible hacerlo así, para que la recuperación de la imagen de un país que es capaz de afrontar sus compromisos en forma de pago a los proveedores sea factible y real", señaló el ministro en su intervención, en la que explicó que este Plan contra la Morosidad es continuidad de los anteriores planes de proveedores aprobados en 2012 y 2013 y será el último. Montoro aclaró que no es un nuevo plan de proveedores, sino un Plan de Tesorería para que las Administraciones Territoriales actualicen deuda comercial para pagar en 30 días: "En los anteriores planes de proveedores se trataba de sacar lo que había en los cajones. Ahora, todo está contabilizado en términos de déficit reconocido como deuda comercial, una deuda comercial que no está pagada. Lo hacemos con la tranquilidad de que todo está ya sobre la mesa, no nos vamos a encontrar nada, no va a aflorar déficit, vamos a trasmitir la fiabilidad de que es una operación para financiar lo que ya está reconocido", subrayó. En su intervención, recordó que se abonarán facturas vencidas, líquidas y exigibles anteriores a 31 de mayo de 2013 y contabilizadas, así como que las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que se acojan deberán elaborar un Plan de Ajuste con medidas encaminadas a la devolución del préstamo. Por lo tanto, el Plan contra la Morosidad no supondrá un déficit adicional para las Administraciones Territoriales. Como novedad, se podrán incluir las facturas pendientes de proveedores de universidades, las transferencias de las Comunidades Autónomas a las Entidades Locales, el pago de determinadas sentencias judiciales firmes y las transferencias a asociaciones sin fines de lucro y con fines sociales. Según Montoro, "son pagos que van a ir destinados al tercer sector, a dependientes, a mayores y a los colectivos más necesitados, como desarrollo de las políticas sociales". Igualmente, como novedad, en el caso de los subcontratistas, se les permitirá conocer el estado de la deuda del contratista principal o proveedor de la administración. "Estamos al final de un proceso que significa claridad, transparencia en las cuentas públicas, saneamiento de esas cuentas, veracidad, fiabilidad también por parte de los gestores y una operación financiera de calado que viene a reforzar el argumento del Gobierno de que con ello estamos finalizando la recesión", concluyó. Cerca final de recesión El ministro comentó que en los próximos meses" se pueden esperar "escenarios de crecimiento económico" que comenzarán con un "crecimiento moderado"porque gracias a medidas como el decreto ley de medidas urgentes contra la morosidad se está "dando por terminada la fase de recesión" y acercándose "a un freno en el deterioro del mercado de trabajo". Por tanto, ha señalado que este decreto demuestra que el Ejecutivo está para gobernar en todas las circunstancias teniendo en cuenta que la prioridad es superar la crisis económica que "azota España". Asimismo, Montoro ha destacado que el decreto-ley no va a suponer un afloramiento del déficit ni para las comunidades ni para las entidades locales ya que "ahora no hay que sacar nada de los cajones" y todo está "contabilizado". En el debate del decreto-ley, la diputada del PSOE Rosa Aguilar dijo que es "normal" que el Gobierno se acoja en una situación de "crisis profunda" a este "pequeño balón de oxígeno" pero ha criticado que "se aprovechan, y ese aprovechamiento va a tener consecuencias paras las comunidades y los ayuntamientos". Aguilar ha dicho a Montoro que sabe perfectamente que los "fondos de este real decreto son insuficientes". Desde el PP, Juan José Matarí afirmó que "el resultado de los cambios normativos y las reformas que está llevando a cabo el Gobierno harán que las administraciones sean eficientes, que presten servicios públicos de calidad, bajo los principios de sostenibilidad financiera, estabilidad y equilibrio presupuestario". Álvaro Anchuelo, de UPyD, comentó que su formación no podía oponerse pero tampoco apoyar el real decreto porque consideran que "hay alternativas mejores", por lo que ha anunciado su abstención. También desde IU, Ascensión de las Heras se ha mostrado muy crítica y ha pedido la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones "por el bien del país", ha dicho. Por su parte, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre subrayó que con este real decreto se van a poder satisfacer, a lo largo de 2013, todas las deudas contraídas con las diferentes administraciones y se "va a poner el contador a cero". Entre tanto, el diputado de Compromís, Joan Baldoví ha criticado la "insuficiencia de los fondos" y la tardanza en la aprobación del decreto ley, sin embargo ha anunciado que no iba a votar en contra porque entiende que las empresas tienen que cobrar. Sin embargo, el portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, se ha posicionado en contra del decreto que, según ha dicho, "arranca mal en su título" al "tratar a las comunidades autónomas como morosas" y ha aprovechado su intervención para denunciar que "no se paga a Catalunya" lo que se le debe.
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