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Estos Cursos de Verano han abierto las puertas a los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bajo el lema Personas con Discapacidad, Ciudadanas de Pleno Derecho, De la Convención a la práctica real, tiene lugar este curso que acaba el próximo día 24 de julio para abordar diferentes cuestiones. En esta oportunidad fue Ana Peláez, Directora de Relaciones Institucionales de la ONCE y vicepresidente de la Fundación ONCE quien explicó como se gestó la llamada Convención de la ONU de las Personas con Discapacidad. “En estos momentos el reto está en lograr la autodeterminación de estas personas en un contexto menos paternalista”, comentó. Este es uno de los diez tratados de Derechos Humanos de la ONU que tiene firmados esta entidad internacional que es Naciones Unidas. En la actualidad más de 60 países han ratificado el mismo para un colectivo que se estima de 1.000 millones de personas con discapacidad que hay en todo el mundo. La puesta en marcha de este tratado ha coincidido con una mejora de la visibilidad de este colectivo. Ana Peláez, invidente, es uno de los expertos sobre los que se desarrollo la llamada Convención de la ONU de las Personas con Discapacidad. Ya en los primeros años noventa se aprobaron las llamadas Normas Unificadas para las Personas con Discapacidad, un documento que intentaba evitar la discriminación de estas personas “Eran momentos de cambio, aún había cierta marginación en temas como educación, trabajo, salud y en el propio acceso a la justicia”, recordaba. Se reconoce cierta capacidad para gestionen las cosas y sobre todo algunos derechos como el relacionado con el voto. El propio documento de la Convención empezó a gesionarse en el 2001 por un Comité de Expertos configurado por 18 profesionales de los que seis tenían discapacidad “Hubo muchas negociaciones, países como EEUU y Vaticano ponían problemas. Era el momento de definir el concepto de discapacidad y su ámbito de aplicación”; recuerda. Pese a estos problemas, el Documento de la Convención de la ONU para las personas con discapacidad se aprueba en diciembre del 2006. Es ratificado en principio por 20 Estados y en el caso de España se hace un año despúes tanto la Convención como el llamado Protocolo Facultativo. “En este contexto hay que destacar el trabajo que hizo CERMI con la Universidad Carlos III para ver el impacto jurídico de la convención en la legislación española”, recuerda Peláez. Y un dato a tener en cuenta España fue el 4 país en ratificar el Protocolo facultativo y 9º la citada Convención. En nuestro país entra en vigor el 3 de mayo del 2008 :”La Convención apela a la diversidad de la discapacidad, no todos los discapacitados somos iguales; hay hombres y mujeres y también cada cual tiene su problema específico. El trabajo de nosotros como expertos en la ONU fue el de velar por esa diversidad”, aclaró Peláez Respecto a la estructura de la propia Convención hay que señalar que está configurado en 50 articulos donde se deja claro que los derechos de las personas con discapacidad son iguales a los de personas normales “Se trata de defender los derechos y deberes de las personas con discapacidad desde la dignidad del respeto a su ideología preocupándose más de su autodeterminación que de la propia rehabilitación sanitaria de estas personas. “Para esta jurista dedicada a temas internacionales lo fundamental es luchar por la autodeterminación de las personas con discapacidad “es fundamental que puedan tomar sus decisiones y que el derecho apoye lo que hacen, incluso en aquellas personas con problemas más serios de estabilidad sería bueno que se les dé apoyos para que lo puedan hacer”, indicó la responsable de relaciones internacionales de la ONCE. El documento de la Convención obliga tanto a autoridades, normativa como a todos los colectivos siempre que el país haya ratificado el citado documento. Peláez concluyo su lección magistral, en la que participaron por su amenidad todos los asistentes recordando la importancia de diferentes artículos de la Convención. “Es muy importante el articulo 12, en el se indica la autonomía de las personas con discapacidad y que pueden y deben llevar su vida; el 10, habla del derecho a la vida y como se articula para este colectivo mientras que el 13 da una serie de recomendaciones para que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia. En el 14 se señala la libertad y seguridad de la persona, cuestiones ahora que con el nuevo Código Penal podrían suponer que un delito de estas personas les acarrease un internamiento de por vida”. Esta ponente resaltó que en estos momentos los procesos de incapacidad vulneran los derechos de las personas con discapacidad, “son procesos que anulan todos los derechos de los individuos, cuestión que deberá cambiarse en el futuro” subrayó
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