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El CERMI ha hecho un llamamiento al tercer sector social de la discapacidad para que afloren todas las deudas que las distintas administraciones territoriales tienen con la discapacidad organizada, a fin de que puedan ser saldadas en el marco del plan para erradicar la morosidad puesto en marcha por el Gobierno central. En una entrevista que Luis Cayo, presidente de esta entidad, concedía a Lawyerpress (leer entrevista) indicaba que haría falta una inversión de una inversión de 800 millones de euros s para aumenta en 20 puntos la tasa de actividad, situada en un 36 por cien, de las personas con discapacidad para los próximos diez años. Según otra organización como es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) asegura que las comunidades autónomas y las corporaciones locales adeudan a las entidades del sector 38,5 millones de euros. El impago de subvenciones que ya estaban concedidas esta provocando el cierre de servicios imprescindibles para el colectivo, como rehabilitación y fisioterapia, según informa Cocemfe en una nota. La petición del CERMI se enmarca en el plan para erradicar la morosidad puesto en marcha por el Gobierno central. Tras la reunión mantenida este martes entre representantes del CERMI y de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para precisar la aplicación del nuevo mecanismo contra la morosidad en el tercer sector, el Comité considera que todas las entidades de carácter social y sin ánimo de lucro tienen que documentar las obligaciones de pago de las comunidades autónomas, corporaciones locales y universidades que tengan pendientes de cobro y comprobar que están incluidas en los listados oficiales que finalmente visará el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El CERMI recuerda a las organizaciones sociales que podrán entrar en este mecanismo todas las obligaciones anteriores al 31 de diciembre de 2012 pendientes de pago contraídas por comunidades autónomas, entidades locales y universidades, con independencia de su naturaleza jurídica. Así, se consideran como tales las deudas comerciales soportadas por facturas por la venta de bienes y productos o por la prestación de servicios; los contratos, los convenios, los conciertos y las demás modalidades contractuales de colaboración entre las entidades sociales y las Administraciones Públicas recogidas en la Ley de Contratos del Sector Público, así como las subvenciones y demás ayudas públicas, de cualquier ámbito, incluidas las laborales para fomento de empleo de personas con discapacidad (empleo ordinario, empleo con apoyo, empleo protegido, etc.). Asimismo, el CERMI recuerda que el requisito que han de cumplir las organizaciones sociales de la discapacidad para acogerse a este mecanismo es que han de carecer de ánimo de lucro. También los centros especiales de empleo, aunque tengan personalidad jurídica distinta de la entidad social de la que dependen, podrán beneficiarse de esta operación, siempre que acrediten que la titularidad de su propiedad corresponde a una organización (asociación o fundación) sin ánimo de lucro. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad insta al tercer sector de la discapacidad a aprovechar esta oportunidad de liquidación de las deudas pendientes, sumándose a esta operación y cumpliendo todas las formalidades y plazos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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